La convulsionada situación que vivió la ciudad de Managua debido a la oposición de sus pobladores al aumento de las tarifas del transporte, tiene sus raíces en la profunda pobreza en la que ha estado inmersa esa nación desde hace años. Las protestas estallaron en la capital nicaragüense por la escalada de los precios del […]
La convulsionada situación que vivió la ciudad de Managua debido a la oposición de sus pobladores al aumento de las tarifas del transporte, tiene sus raíces en la profunda pobreza en la que ha estado inmersa esa nación desde hace años.
Las protestas estallaron en la capital nicaragüense por la escalada de los precios del combustible que motivo a los dueños de transportes a realizar paros para obligar a un incremento del pasaje (de 13 a 18 centavos) medida a la que se opusieron los estudiantes universitarios y los trabajadores.
Los enfrentamientos casi hacen colapsar al gobierno de Enrique Bolaños quien ordenó a la fuerza pública reprimir a los manifestantes.
Tras varios días de desórdenes, el gobierno, la Alcaldía de Managua, representantes de los estudiantes y de los transportistas, alcanzaron una momentánea solución para los próximos tres meses cuando se anunció un subsidio al transporte por 1,8 millones de dólares.
Antes de que concluya el plazo, que muchos aseguran es un leve parche a la álgida situación, se acordó realizar gestiones con el gobierno de Venezuela para lograr la importación de combustible a precios preferenciales.
Nicaragua, que no tiene yacimientos petrolíferos, depende del 80 % de ese combustible para la generación de energía eléctrica y el otro 20 % se obtiene de las plantas geotérmicas.
La incertidumbre continuará revoloteando sobre los pobladores pues la distribuidora española FENOSA, presionó al gobierno para que se aumentara el costo de la electricidad en un 11,83 % y el Instituto Nicaragüense de Energía determinó que el alza se estableciera en 5,9 %.
En el segundo país más pobre de América Latina después de Haití, tres centavos en el aumento del transporte y seis centavos por cada peso en la electricidad representa casi un abismo insalvable para la mayoría de la población cuyo salario mínimo es de 75 dólares y solo la canasta básica cuesta 153 dólares, según el Instituto Nicaragüense de Estadísticas y Censos (INEC).
Datos ofrecidos por la Organización de Naciones Unidas indican que la pobreza se ha incrementado de un 69 % en la década de los años 90 a 82,4 por ciento en la actualidad. Cada vez son más las personas que huyen de las nefastas condiciones existentes en los campos nicaragüenses y deambulan por las calles de las ciudades en busca de algún sustento o de un virtual empleo.
La desocupación afecta a más del 65 % de la población económicamente activa que busca algún aliciente en el sector terciario de la economía. El Banco Mundial asegura que más del 50 % de los habitantes sobreviven con menos de un dólar diario y otro 25 % lo hace con 1,50 dólares al día.
Más de 300 000 niños y jóvenes nicaragüenses son explotados como mano de obra y excluidos del sistema educacional, reveló un estudio realizado por el Ministerio del Trabajo (MITRA). Según la encuesta una gran parte de los infantes son sometidos a trabajos prohibidos hasta para personas adultas, pagándoles salarios de miseria.
En contraste, las cadenas de tiendas y los comercios muestran las más disímiles mercancías que solo están al alcance de una pequeña parte de la población. Son, como manifiesta el escritor y analista Oscar René Vargas, el trasfondo de una convulsa crisis económica estructural de Nicaragua.
Este país que cuenta con un Producto Interno Bruto de solo 4 300 millones de dólares y una exportación anual de 1 030 millones de dólares, deberá comprar en el 2005 combustible en el mercado internacional por 500 millones por lo que la situación económica se agrava constantemente.
Para empeorar ese escenario, el gobierno de Estados Unidos, su principal patrocinador y aliado en políticas neoliberales, amenazó a Nicaragua con eliminar la ayuda de 30 millones anuales que ofrece a Nicaragua si se aprueba la Ley de Instituto de la Propiedad Urbana y Rural que impediría a los norteamericanos continuar los reclamos de propiedades que adquirieron por precios irrisorios en los tiempos de la dictadura somocista.
También el Fondo Monetario Internacional y la Unión Europea hicieron declaraciones en el mismo sentido si no se aprueban programas de ajuste y estabilidad, o sea, estrechar más el cinturón a los ya constreñidos programas sociales.
En la década de los 90 del pasado siglo, los gobiernos que asumieron el control del país después de 10 años de Sandinismo, privatizaron la mayoría de las empresas productivas y de servicios embullados por las olas neoliberales que lanzadas desde el norte recorrieron Latinoamérica. Como resultado, la población nicaragüense quedó aún más desamparada.
Ahora con la creciente espiral en el precio del petróleo el escenario se torna más caótico. Si el gobierno de Bolaños no cambia la política económica que acentúa la crisis social, el caos puede alcanzar a la sociedad nicaragüense.
Se necesitan buscar alternativas reales para poder enfrentar esos problemas y no solo pequeños parches como ha sido el subsidio temporal entregado a los transportistas. Nicaragua puede verse reflejada en los mismos ejemplos recientes de Argentina, Bolivia o Ecuador.