Este año el Día Internacional de la Lucha contra la Pobreza – que tiene lugar el 17 de octubre – cae en pleno proceso de preparación para la tramitación parlamentaria del Anteproyecto de Ley de Garantía de Ingresos y para la Inclusión, que se iniciará el próximo mes de diciembre.
Se trata del más reciente intento de reforma de la legislación vasca cuyo objetivo profesado es acabar con la pobreza en Euskadi. De hecho, el Gobierno Vasco lleva ya más de 30 años sorteando dicho problema. En un primer momento – a finales de los años 80 – actuaba como si fuera algo solucionable en un par de años. Por eso, hablaba de un “plan” de lucha contra la pobreza. Tardó unos cuantos años en aceptar y reconocer “la necesidad de superar el carácter estrictamente extraordinario del Plan Integral de Lucha contra la Pobreza, configurando un modelo de tratamiento de la exclusión claramente inscrito en los mecanismos de actuación ordinarios de nuestra Comunidad Autónoma.” (Ley 12/1998, de 22 de mayo, contra la exclusión social). Aun tardó una década más en reconocer expresamente el “derecho subjetivo” a una renta mínima (Art. 12 de la vigente Ley 18/2008, de 23 de diciembre, para la Garantía de Ingresos y para la Inclusión Social). No obstante, esta ley deja al mismo tiempo claro, que sólo puedan ejercer dicho derecho “aquellas personas que cumplan los requisitos específicamente regulados para el acceso a la prestación”.
Dichos requisitos y las medidas de control derivadas de los mismos han excluido y siguen excluyendo a muchas personas de su derecho a una vida digna.