Aún es prematuro asegurar si habrá juicio político contra el presidente brasileño, Luiz Inacio Lula Da Silva. Lo que sí se percibe claramente es que al mandatario no le bastará con disculparse públicamente, como lo hizo el viernes pasado. luladasilva240.jpgCon su gesto, Lula intentaba salvar su reputación de la debacle moral y ética causada en […]
Aún es prematuro asegurar si habrá juicio político contra el presidente brasileño, Luiz Inacio Lula Da Silva. Lo que sí se percibe claramente es que al mandatario no le bastará con disculparse públicamente, como lo hizo el viernes pasado.
luladasilva240.jpgCon su gesto, Lula intentaba salvar su reputación de la debacle moral y ética causada en el seno del Gobierno y de su partido por el caso de sobornos, y por la existencia de una caja negra millonaria para financiar campañas presidenciales del PT.
En su discurso, el viernes, si bien sostuvo que había sido traicionado, al no revelar los nombres de los supuestos traidores, Lula dejó una sensación de defensa corporativa que recalentó aún más el clima dentro del Partido de los Trabajadores (PT). Varios importantes dirigentes del ala izquierda del PT anunciaron su salida de la sigla partidaria. Otros, en cambio, prefieren hablar de refundación del Partido de los Trabajadores, con exclusión de quienes participaron en el escándalo de corrupción.
A pesar de obrar con cierta prudencia respecto a la figura del presidente Lula, las críticas al Gobierno que se escuchan dentro del PT se remontan a la política de alianzas con los partidos de derecha a partir del 2001, y a la incorporación de la lógica de optar por una política de marketing y de financiar al partido con dinero proveniente de los grandes capitales.
Justamente, quien puso en aprietos en forma personal a Lula fue el publicista Duda Mendonça, quien hasta hace poco fuera estrella de grandes campañas electorales en varios países de Latinoamérica. Mendonça se presentó ante la Comisión Parlamentaria de Investigaciones de la Cámara y declaró que cobró parte de sus servicios por la campaña presidencial de Lula a través de otro publicista, Marcos Valerio. Este último es acusado de suministrar los fondos ilegales que durante estos años alimentó la llamada «caja negra» del PT. Los pagos se hacían a través de paraísos fiscales a una cuenta de Mendonça en el exterior.
Estas declaraciones atizaron el escándalo, y por primera vez se oyó hablar públicamente de impeachment (juicio político) al presidente. Ante esta nueva situación, pese a haber resistido a esa alternativa, Lula se vio prácticamente obligado a dar un mensaje al país, en el que pidió disculpas por ´errores´ de su Gobierno y de su partido y sostuvo haber sido víctima de una traición.
Quienes se sienten traicionados y abandonados por el Gobierno brasileño son los movimientos sociales, principales responsables y soporte político de la llegada de Lula a la Presidencia en el 2001. Sin embargo, hoy, Día Nacional de la Coordinación de los Movimientos Sociales, Brasilia será escenario de un acto en apoyo a Lula. En la movilización participan tres de los mayores movimientos sociales del país: la Central Única de los Trabajadores (CUT), el Movimiento Sin Tierra (MST) y la Unión de Estudiantes (UNE). A pesar de criticar el rumbo tomado por el Gobierno, estos sectores rechazan toda posibilidad de juicio político al presidente, por considerarla una maniobra de la derecha, que amenazaría seriamente la gobernabilidad del país.
De todas maneras, son muchos los sectores que descartan la posibilidad de un ´impeachment´, dado que no hay consenso social para que se dé. Casi todos coinciden en que, sin el apoyo de la mayoría de la población, no hay espacio para una medida semejante, como sí fue el caso del ex presidente Collor de Melo, en la década del 80.
Pero los sobresaltos seguirán por un buen rato para Lula: la última encuesta de opinión realizada por la empresa Datafolha demuestra que, por primera vez desde que asumió, el presidente brasileño perdería si intentara obtener su reelección. Por otro lado, no cesan de aparecer declaraciones, datos y nuevas denuncias que aumentan el riesgo de que no pueda terminar su mandato.