El objetivo del presente artículo es exponer los principios rectores de la nueva política minera venezolana, impulsada por el Gobierno Bolivariano a través del Ministerio de Industrias Básicas y Minería (MIBAM). Dichas medidas buscan promover el rescate de nuestra soberanía y nacionalizar efectivamente los recursos minerales, especialmente a través de la Reforma de la Ley […]
El objetivo del presente artículo es exponer los principios rectores de la nueva política minera venezolana, impulsada por el Gobierno Bolivariano a través del Ministerio de Industrias Básicas y Minería (MIBAM). Dichas medidas buscan promover el rescate de nuestra soberanía y nacionalizar efectivamente los recursos minerales, especialmente a través de la Reforma de la Ley de Minas, la creación de la Empresa de Producción Social Minera Nacional y el relanzamiento de la Misión Piar, ajustando la normativa minera a una que viabilice al Estado el ejercicio del efectivo control sobre la actividad e impulse la participación protagónica de miles de pequeños mineros, que durante décadas permanecieron como rehenes de intereses privados nacionales o transnacionales.
La nueva política minera está enmarcada en el conjunto de transformaciones estructurales que lleva a cabo el Gobierno Bolivariano, en su lucha por la construcción de una Venezuela libre y soberana, justa e igualitaria. Nuestra Revolución, que desde 1999 representa el rescate de la soberanía política de Venezuela para los venezolanos, en el momento actual profundiza la batalla por la soberanía productiva, como complemento necesario para eliminar la dependencia. Estamos en plena marcha rumbo al desarrollo endógeno y la industrialización soberana. Como afirmó el Presidente Chávez, recordando a Simón Rodríguez, «La independencia política tiene que estar unida a la independencia económica, esta última mucho más difícil del lograr, mucho más compleja, mucho más dura, con un camino mucho más largo».
Desde hace siete años el Gobierno Bolivariano trabaja para conquistar la emancipación, ladrillo por ladrillo, piso por piso. El mapa para la construcción de la nueva Venezuela está forjado en la Constitución de 1999 y en el Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2001-2007, que vamos poniendo en práctica a cada paso. Pero para transformar dichas ideas en realidad, es primordial que el Estado venezolano recupere el control soberano sobre los sectores estratégicos de nuestra economía, sobre el petróleo, la tierra, la industria básica, los recursos mineros. Es primordial aumentar la capacidad del Estado de planificar, diseñar y ejecutar políticas y estratégicas de desarrollo económico e industrial. Y todos recordamos la fuerte batalla que fue necesario enfrentar entre los años 1999 y 2003 para que los recursos petroleros antes secuestrados por una elite pasasen definitivamente a responder al interés nacional.
Estamos convencidos que no hay otro camino: la lucha por la soberanía económica y la definitiva independencia pasan ineludiblemente por la transformación de nuestras estructuras distorsionadas y por cambios profundos en las relaciones de poder. Por este motivo, trabajamos por el aumento del control del Estado revolucionario, es decir, del pueblo venezolano, sobre nuestros recursos minerales.
En los primeros meses de 2005, hace poco más de un año, el Ejecutivo Nacional tomó la decisión de crear el MIBAM y entregarle la responsabilidad sobre el tema de la minería. Las orientaciones del Presidente Chávez están basadas en los artículos 12, 156 y 302 de nuestra Constitución, que se refieren al derecho inalienable de la República sobre la propiedad de los recursos mineros, las competencias del Poder Público Nacional sobre el régimen y administración de los mismos, y la potestad del Estado de reservarse las exportaciones, servicios y bienes de interés público y de carácter estratégico, a fin de profundizar la transformación de la economía rentista e importadora en economía productiva y auto-sustentable, internamente desarrollada. Así, el MIBAM tiene la tarea de planificar, controlar y regular la minería, a los fines de que esta actividad se desarrolle con criterios de racionalidad y sustentabilidad, en concordancia con las políticas de conservación, defensa y mejoramiento ambiental, dictadas por el Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales (MARN).
LA COMPLEJA COYUNTURA ACTUAL DE LA MINERÍA EN VENEZUELA
En este momento existen en nuestro país 760 derechos mineros vigentes, de los cuales 413 representan concesiones, 327 son contratos mineros y 20 son contratos otorgados por el antiguo Ministerio de Energía y Minas (MEM), totalizando una superficie de 1.363.005 hectáreas, equivalentes a 45% del territorio de Bélgica y más que el 32% de Holanda. Del total de estas tierras, cerca de 86,2% están totalmente inactivas. Es decir, a lo largo de los años los ocupantes de estas grandes áreas no han hecho absolutamente nada: no removieron una piedra ni cavaron un hueco, no realizaron los trabajos que el Estado les asignó, cometiendo incuestionable trasgresión a la Ley venezolana.
Sabemos cual es la práctica de muchas de estas empresas controladas por transnacionales o grupos privados venezolanos: son exactamente las mismas que están aquí, allá en África u otros continentes, ostentando el control de las tierras para especular en las bolsas de valores sin aprovechar productivamente estas superficies. Mientras tanto, y en consecuencia de esto, se acumula una larga lista de irregularidades que impactan muy negativamente al Estado y a la vida de los pequeños mineros. En muchas áreas la producción registrada difiere de la producción real; los precios de venta de los minerales son inferiores a los precios de mercado; grandes extensiones fueron otorgadas a pocos concesionarios; desconocimiento del destino de la producción de los minerales; exploración irracional de los yacimientos; empresas constituidas o domiciliadas en paraísos fiscales. Es decir, depredación ambiental; contrabando; descontrol sobre la producción, sobre el territorio y la defensa nacional; graves problemas de analfabetismo, criminalidad, prostitución, tráfico, trabajo infantil. Estos resultados son muy contradictorios con la gran potencialidad de la minería en nuestro país: por un lado, la inmensa fortuna del subsuelo de Venezuela; por otro, miles de venezolanos que quedaron abandonados en la miseria.
Desde el prisma económico igualmente se verifica la paradójica pobreza frente a la colosal riqueza de recursos minerales. Aunque la contribución de la actividad minera al Fisco ha aumentado en los últimos años, los impuestos mineros liquidados como porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB) son muy bajos: en 2004, llegaron a 1,1%. Además de esto, hoy día la minería tiene impacto insignificante en la generación de empleos directos e indirectos, alcanzando solamente el 0,6% de la Población Económicamente Activa (PEA). Finalmente, se verifica la limitada participación del sector minero en el PIB venezolano entre los años 1997 y 2005. La minería podría aportar mucho más a la sociedad y la economía venezolana, pero, por las razones anteriormente descriptas, su contribución es históricamente baja: un promedio de 0,7%. En el mismo período seleccionado, por ejemplo, la participación de la manufactura tuvo un promedio de 16,9%; los servicios, un 10,1%; el comercio, un 8,4%; y la construcción civil, un 6,3%. En comparación con otros países dependientes y ricos en recursos minerales, el indicador venezolano es igualmente bajo: por ejemplo, la participación de la minería en el PIB de Brasil llega a 4,5% y en Bolivia, a 3,8%.
Debido a la mala conducción de la política minera desde hace muchos años, actualmente, sumando todo lo que aporta y restando todos los daños que genera, la actividad minera, es nociva al país. Por esto, en la Exposición de Motivos del Proyecto de Reforma de la Ley de Minas, que hemos elaborado en conjunto con las comunidades de pequeños mineros, afirmamos que «la existencia de explotaciones al margen de la Ley nos enfrenta al hecho de que gran parte de la actividad minera que se desarrolla actualmente es una actividad ilegal». Por esto, centramos todos nuestros esfuerzos para transformar esta realidad, especialmente a través de seis lineamientos que detallamos a seguir.
PRINCIPIOS RECTORES DE LA NUEVA POLÍTICA MINERA VENEZOLANA
1) Rescate de la soberanía nacional sobre los recursos minerales, metálicos y no metálicos. En 24 de octubre de 1829, Simón Bolívar expidió memorable Decreto, en la ciudad de Quito, determinando que «la propiedad sobre las minas de cualquier clase pasa al dominio de la Real Corona de España al dominio de la República». Aunque conste en la Ley [WINDOWS-1252?]de Minas actual -concebida bajo los principios de la Constitución de [WINDOWS-1252?]1961- el celebre mandato del Libertador no ha sido respetado. Casi 177 años después, el MIBAM defiende la efectiva nacionalización de nuestras riquezas y la creación de un régimen transitorio, que sustituya las actuales concesiones mineras por empresas mixtas. La palabra de orden es «No más concesiones»;
2) Erradicación del latifundio minero. Estudios demuestran que el 71,1% de los derechos mineros vigentes (cerca de 988.921 hectáreas) son latifundios mineros y que un 20,3% se encuentra en manos de cuatro grandes grupos privados de Venezuela, Rusia, Canadá y Holanda. El control de estas importantes áreas por el Estado venezolano es de fundamental interés estratégico: abarca los equilibrios social, político, económico, territorial, internacional. Nuestra orientación es intensificar la revisión de todos los contratos, de todas las concesiones, activas o inactivas, otorgadas a transnacionales o a grupos privados nacionales, para que el Estado asuma soberanamente su absoluto control, respetando las empresas que trabajan y cumplen apropiadamente sus funciones;
3) Consolidación de la pequeña minería y la minería alternativa, a través de Empresas de Producción Social (EPS), las células fundamentales del nuevo modelo productivo rumbo al Socialismo del siglo XXI. De esta forma, se busca garantizar la estabilidad y el asentamiento territorial de miles de pequeños mineros, proporcionando su organización y participación ciudadana, y suministrando la infraestructura necesaria para satisfacer dignamente sus necesidades y su relación harmoniosa con el medioambiente. Además de generar masivamente empleos productivos y estables, de contribuir con su capacitación profesional, de apoyar integralmente la construcción de viviendas, Escuelas Bolivarianas, módulos de Barrio Adentro, Casas de Alimentación, tiendas de la red Mercal, se requiere la creación de una nueva relación entre los mineros y el Estado revolucionario;
4) Creación del nuevo Marco Legal y Regulatorio. Reforzar la institucionalidad del Estado en materia minera a través de la Reforma de la Ley de Minas, que tiene como propósito favorecer, apoyar y beneficiar los intereses de los pequeños mineros, hasta hoy asfixiados por grandes grupos privados y empresas transnacionales. Enmarcada en las iniciativas del Gobierno Bolivariano de pagar la deuda social acumulada durante muchas décadas, la Reforma de la Ley de Minas ha sido elaborada con la participación de los pequeños mineros;
5) Establecimiento de la nueva institucionalidad, representada por la creación de la Empresa de Producción Social Minera Nacional, C.A. y el relanzamiento de la Fundación Misión Piar. Estas estructuras tienen la función de facilitar el efectivo cumplimiento de la nueva Ley de Minas. La EPS Minera Nacional es el ente gubernamental responsable por desarrollar la industria minera, a través de la exploración, explotación, aprovechamiento racional y sustentable, procesamiento e industrialización de los minerales -especialmente el oro y el diamante- y su comercialización. La Misión Piar debe llegar al seno de las comunidades que sobreviven en máxima exclusión social, brindar la formación técnico-productiva y socio-política a la pequeña minería, afín de transformar el modelo económico rentista y excluyente en productivo, endógeno y con relaciones igualitarias de producción.
6) Fortalecimiento de las relaciones internacionales dirigidas a la cooperación y complementación para el desarrollo integral de la actividad minera como base para propiciar el encadenamiento industrial. Este es un significativo mecanismo de fomento de alianzas estratégicas con países hermanos, impulsando la formación de recursos humanos, la transferencia de tecnología y el creciente nivel de componentes nacionales en nuestra producción. Estas acciones conducen a la construcción de un mundo multipolar y a la integración latinoamericana. Venezuela presenta una nueva visión de las relaciones internacionales: diversifica los orígenes y destinos de sus exportaciones, importaciones e inversiones y, al mismo tiempo, diversifica su producción de bienes de mayor valor agregado. Ejemplos evidentes de esto, son los proyectos que el MIBAM desarrolla actualmente con Cuba y con el estado brasileño de Paraná, enmarcados en la edificación de la Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) y de Minerías del Sur (MINERSUR).
Venezuela posee en su subsuelo una riqueza mineral inmensa, que debe ser controlada por los venezolanos y puesta al servicio del desarrollo endógeno, de la construcción del nuevo país que queremos. Pertenecen a nuestro pueblo las reservas de bauxita, manganeso, caolín, oro, diamante, carbón, níquel, zinc, cobre, plata, arenas silíceas, cromo. Son de los venezolanos los estratégicos yacimientos de minerales de hierro, titanio, platino, plomo, estaño, cobalto, grafito, mercurio, magnesita, niobio. Algunos de estos, incluso, integran el grupo de los llamados «minerales del futuro», relacionados con las posibles descubiertas de nuevas tecnologías de punta. Los países centrales, desarrollados, en su mayoría son pobres en recursos naturales. Por esto, siempre tuvieron gran interés sobre nuestras riquezas.
La posición del Gobierno Bolivariano es muy clara: todo este potencial será utilizado por nosotros, por Venezuela y su pueblo, como instrumento de emancipación, como herramienta para alcanzar la soberanía productiva y la independencia económica; no más continuarán siendo un mecanismo para mantenernos en el atraso y el coloniaje.
Víctor Álvarez es ministro de industrias básicas de Venezuela