En este artículo, Carlos Schwartz nos explica el papel del Estado en la crisis de la deuda, la función de los recortes del gasto social y el incremento incesante de la deuda. Asimismo, destaca el protagonismo de la Unión Europea (UE) como principal motor de estas políticas de ajuste y defensora de los intereses de los grandes capitales del continente. Schwartz cree imprescindible oponer a la política de austeridad y sobreexplotación de la UE el impago de la deuda de forma unilateral a diferencia del caso argentino.
Crisis y explosión de la deuda
Desde la proclamación de Mariano Rajoy como presidente del gobierno, el candidato del Partido Popular (PP) en las elecciones generales de noviembre de 2011, su equipo ministerial se ha dedicado a cercenar las conquistas sociales y las prestaciones del Estado en todos los terrenos. El argumento central de una parte considerable de esta liquidación de derechos sociales y asistenciales es la necesidad de lograr un equilibrio de los presupuestos generales del estado, es decir, la eliminación del déficit de las administraciones públicas. Este objetivo de estabilidad presupuestaria no es un afán exclusivo del gobierno del PP. También era una aspiración del gobierno que le precedió, encabezado por José Luis Rodríguez Zapatero del Partido Socialista (PSOE), quien convocó a su adversario Rajoy en agosto de 2011 para pactar una reforma constitucional hecha entre gallos y media noche para satisfacer a las autoridades de la Unión Europea (UE) y al Banco Central Europeo (BCE).
La reforma consistió en incorporar a la constitución los objetivos de estabilidad presupuestaria. Esa fue la condición impuesta por los capitales europeos para que el BCE interviniera en los mercados comprando deuda pública española evitando así también la intensa presión especulativa sobre la deuda soberana de Italia. Desde entonces y en diversas oportunidades la deuda pública española ha estado en el ojo de la tormenta. Desde julio de 2012 el anuncio del BCE de que tenía aprobado un mecanismo de intervención para sostener la deuda soberana de los países que solicitaran su asistencia a través de la UE, ha frenado la ola especulativa.
La deuda pública del Estado español alcanzará al final de este año en cifras redondas el billón de euros. Al cierre del segundo trimestre (últimos datos disponible del Banco de España) la cifra era de 978.368 millones de euros. Al finalizar el año 2012 la deuda pública total alcanzará el 100% del producto interior bruto (PIB). En el año 2007, antes de que la crisis capitalista se hiciera evidente en toda su magnitud la deuda era de 503.906 millones de euros o un 47,8% del PIB de ese año.1 Es decir que en términos porcentuales más que se duplicó y en términos absolutos es el doble. Mientras, la deuda externa de la banca privada española se ha reducido entre 2008 y 2012 en 200.000 millones de euros2, de 794.086 millones a 591.736 millones.
Esto es lo que los economistas burgueses denominan desapalancamiento, y es la contrapartida del incremento del endeudamiento público durante las crisis. Por si quedara alguna duda señalemos que la deuda externa del banco de España en el segundo trimestre de 2008 era de 12.326 millones de euros mientras que en el segundo trimestre de 2012 totalizaba 408.695 millones de euros.3 La lectura de este proceso es que parte de la deuda privada se transforma en pública y pasa a ser una carga directa de la sociedad. De acuerdo con los presupuestos generales del Estado para 2013 enviados por el gobierno a las Cortes, el pago de intereses de la deuda pública del año 2013 será de 30.000 millones de euros, tanto como el gasto salarial de la Administración.
Repercusión de la deuda a los y las trabajadoras
Este cuadro no es el resultado del incremento del gasto que suponen los y las trabajadoras en paro, y de una menor recaudación fiscal del impuesto sobre la renta y las empresas, porque las rentas del trabajo caen y los beneficios de la pequeña y mediana empresa se reducen o se transforman en pérdidas. Es el resultado directo del traslado de la crisis capitalista al Estado. Dentro de esta operación de rescate de los intereses capitalistas la cuestión central es el saneamiento bancario y del sector financiero cuya crisis es una expresión de la tendencia a la disolución de las relaciones económicas del régimen burgués, de la tendencia al derrumbe del capitalismo. El sistema bancario y financiero es parte de la esencia misma de las relaciones de producción capitalistas porque a través de él se materializa la circulación de las mercancías, la reproducción del capital y su ampliación mediante la extracción de plusvalía, y la concentración de los capitales para destinarlos al crédito necesario en el ciclo de la producción. Sin sistema bancario y financiero el capitalismo no puede existir. El incremento de la deuda pública que resulta del salvamento de los intereses capitalistas privados es repercutido sobre los y las trabajadoras de forma directa por el estado burgués.
La forma bajo la cual se repercute sobre la clase trabajadora el salvamento de los intereses capitalistas es esencialmente reduciendo la renta disponible para los derechos sociales y asistenciales de la sociedad en general, y en el caso de los trabajadores de las administraciones públicas también los ingresos salariales. La privatización de los servicios públicos como sanidad y educación, el incremento de los costes de los servicios como las tasas universitarias o el transporte, la reducción de los derechos sanitarios, la reducción de las pensiones, el retraso de la edad de jubilación, la retirada de la asistencia a los dependientes, los recortes a las prestaciones por desempleo, son todos expresión del traslado de la crisis a los y las trabajadoras. Lo que el estado se ahorra en esta operación se destina a ayudar a los capitalistas. Este proceso es todavía más injusto que lo que pueda parecer a primera vista, puesto que se lleva a cabo después de que los capitalistas han extraído ya una plusvalía del trabajo ajeno. Es decir, cuando ya se han apropiado parte del trabajo socialmente necesario para la producción por el trabajador de bienes y servicios mediante el mecanismo de no pagarlo en el salario.
Parte de la operación de traslado es el régimen fiscal. La recaudación fiscal con la cual el estado burgués hace frente a su gasto se concentra en el Estado español en el impuesto a la renta de las personas físicas (IRPF), que se basa en la tributación de las y los trabajadores. Por la vía de las retenciones a cuenta y la declaración de la renta el Estado exprime los salarios mientras las grandes fortunas no tributan. La eliminación del impuesto sobre el patrimonio, y de todo vestigio de fiscalidad progresiva, la preservación de las exenciones fiscales para las sociedades de inversión de capital variable (SICAV), las numerosas exenciones fiscales dentro del impuesto de sociedades, son parte de este proceso. Mientras, el Gobierno y los grupos de interés capitalistas argumentan que el gasto público se dispara por los compromisos sociales que tiene el Estado con el seguro de desempleo a los desocupados por la crisis, el pago de las pensiones y los gastos asistenciales. La evidencia es que sólo el saneamiento de la banca supondrá entre 2012 y 2013 100.000 millones de euros aportados bajo la forma de deuda por la UE. Sin tener en cuenta lo que ya ha costado hasta ahora.
Gobierno, Unión Europea y capitalistas quieren la derrota de los y las trabajadoras
Dentro del arsenal del Gobierno contra los trabajadores la piedra angular ha sido la reforma laboral. El abaratamiento del despido, la precarización del empleo, el ataque a los convenios colectivos y su subordinación a los convenios por empresa pretenden abaratar los costes laborales unitarios aumentando la explotación -menos trabajadores, más horas de trabajo, ritmo de producción más intenso- incrementando la productividad sobre esta base. Es que el capitalismo español en medio de una crisis brutal se juega su supervivencia en el intento por restablecer su tasa de beneficio.
Es una reforma laboral diseñada para que las grandes empresas incrementen su beneficio en medio de la crisis, procediendo a reducciones drásticas de plantilla en empresas sin pérdidas como el caso de Telefónica y bancos como Santander, BBVA, Caixabank. Esta es una operación de un inmenso calado, porque está destinada a sentar las bases de una mayor explotación de los trabajadores y es al mismo tiempo un apoyo estratégico del Estado al proceso de concentración de capitales que acompaña a las crisis capitalistas. El grave problema es que la única forma de que haya una recuperación económica es mediante un prolongado periodo de destrucción de fuerzas productivas de forma pacífica o violenta. Y cualquiera de estos escenarios requiere de la derrota de los y las trabajadoras para poder imponerlos como salida a la crisis. Esta estrategia no es ajena a la entrega al capital privado de las áreas asistenciales y formativas tradicionales del estado, como la salud y la educación, en su afán de garantizar a los capitalistas nuevas vetas de negocio. Forma parte indisoluble además del proceso por el cual la crisis de los sectores privados se traslada al estado, mientras este abre puertas al negocio privado argumentando que no puede sostener sus responsabilidades tradicionales por falta de unos recursos que gasta precisamente en sostener a un sistema económico en virtual disolución.
La UE es un motor impulsor de este proceso. Su papel es el de estado mayor de los capitales más concentrados de Europa encabezados por los de Alemania. El grupo de países con una mayor composición técnica y orgánica de capital, Alemania, Holanda, Finlandia, Reino Unido, y en menor medida y en posición intermedia Francia y Bélgica, se han repartido el mercado de los países de la denominada periferia del viejo continente en la zona del euro: Grecia, Irlanda, Portugal, España e Italia. Se han dedicado a exportar a estos países sus excedentes de capital para financiar el endeudamiento de la periferia que a su turno suponía la compra de bienes y equipos fabricados por las empresas de estos países en todo el mundo, incluidas las mismas naciones periféricas. El caso de Reino Unido con Irlanda, o el de Alemania con Grecia y España iluminan esta situación. La política de rescate de las naciones en crisis por parte de la UE ha sido un mecanismo de rescate de los bancos de los países centrales cargados de deuda privada y soberana de las naciones en crisis.
La UE se ha dedicado a ejercer una presión sin límite sobre los países en crisis para imponer sus soluciones de austeridad, y toda vez que una crisis política amenazó con desbordar los límites de la tolerancia de los socios mayores la UE ha propugnado métodos antidemocráticos que han pasado por encima de la vida parlamentaria de los países en cuestión. Han logrado una reforma constitucional en España sin siquiera una consulta parlamentaria. Han impedido un referéndum en Grecia sobre el programa del rescate obligando a la dimisión del gobierno de Georgos Papandreu en 2011. Han ejercido una presión sin límites sobre el establishment político griego en las elecciones generales de junio de 2012 con el objetivo de lograr que Nueva Democracia resultara el partido más votado y recibiera por tanto 50 escaños que es el premio de la ley electoral griega para el ganador. El objetivo de fondo era evitar que, aun a pesar de su política, la coalición de izquierda Syriza acabara sacando a Grecia de la UE al abrir un canal más poderoso a la movilización de masas.
En Italia la UE y sus aliados han impuesto una coalición de todas las organizaciones desde la derecha hasta el centro izquierda para proclamar primer ministro al tecnócrata Mario Monti que no fue elegido en las urnas. Como lo demuestra el caso griego con claridad el objetivo de los capitales más concentrados de Europa es transformar a las naciones de la periferia en protectorados carentes de soberanía a los que se les dicta la política económica que viene bien a los países con excedentes de balanza de pagos. La política de austeridad a ultranza impuesta a la periferia sirve a los intereses de reducir hasta el extremo las necesidades de financiación de los países intervenidos y por lo tanto preservar los recursos de los países centrales. Bien mirado, no se trata solo de la opresión de los países de la periferia por los países centrales, sino además de la opresión creciente de los y las trabajadoras de todos los estados de la UE, formen o no parte de la zona de la moneda común, el euro. Desde este punto de vista, actos como la entrevista de los líderes sindicales españoles de UGT, Cándido Méndez, y de Comisiones Obreras, Ignacio Fernández Toxo, con la canciller de Alemania Angela Merkel el pasado mes de julio son profundamente reaccionarios porque despiertan la ilusión de que una intervención de Alemania, el primer impulsor de esta política de la UE, puede llegar a ser beneficiosa para el Estado español. No es posible una defensa consecuente de los intereses de los y las trabajadoras sin la denuncia de la UE y la lucha por su disolución.
En 1915 Lenin en un artículo titulado La Consigna de los Estados Unidos de Europa señala que «Desde el punto de vista de las condiciones económicas del imperialismo, es decir de la exportación de capitales y del reparto del mundo por las potencias coloniales ‘avanzadas’ y ‘civilizadas’, los Estados Unidos de Europa son imposibles o reaccionarios en el capitalismo».4 Asistimos en pleno siglo XXI a la materialización de esta consigna como mecanismo de salvamento del capitalismo europeo en descomposición. Desde entonces, y especialmente desde 1923 tras su adopción por la Internacional Comunista en vida de Lenin, la consigna con que los socialistas revolucionarios se oponen a los Estados Unidos de Europa como unión reaccionaria de intereses de la burguesía es «Por los Estados Unidos Socialistas de Europa». Es decir los revolucionarios se oponen a la UE no desde la estrechez de la nación dominada por la burguesía, sino desde una unión de estados soberanos socialistas.
Desde el punto de vista de la lucha de los y las trabajadoras contra esta ofensiva la consigna de rechazar la deuda usuraria, exigir la moratoria unilateral de la deuda pública, es una pieza central. La moratoria debe ser unilateral y no negociada, y en todo caso lo único que se puede atender es el derecho de los pequeños inversores.
La experiencia de los países que, como Argentina y Ecuador, han apelado a las moratorias negociadas de la deuda pública interior y exterior y a su reestructuración pone de relieve que la idea de una «Auditoría de la Deuda» para determinar cual se debe pagar y cual no es un callejón sin salida. Toda la deuda pública sin distinción es usuraria y forma parte del proceso de exacción que el estado capitalista ejerce contra su población trabajadora para sostener los resortes de un estado que arbitra toda su acción en favor de los propietarios de los medios de producción. Son los trabajadores los que acaban pagando la deuda pública.
La experiencia de Argentina es además ilustrativa. El país suspendió pagos en 2001. Entre 2004 y 2005 negoció de nuevo parte de su deuda y emitió nuevos bonos con un recorte del principal para sustituir la deuda vieja, pero utilizó como referencia una serie de indicadores que implican una alta rentabilidad lo que está asfixiando nuevamente a la economía del país. Con esta operación transformó una deuda de 65.000 millones de dólares en 35.300 millones de dólares.5 Volvió a negociar otra parte de la deuda en suspensión de pagos en 2010, y nuevamente cedió a la presión internacional concediendo nuevos bonos y redujo la deuda de 20.000 millones de dólares a 10.500 millones de dólares. Mientras, la caída de las exportaciones ha reducido la cantidad de divisas que ingresan al país. Las divisas son indispensables para el servicio de la deuda externa. El Gobierno se financia con un impuesto del 35% a las exportaciones agropecuarias. Pero el dinero se va en pagar los intereses de la deuda. Para atender a las necesidades presupuestarias interiores y al pago de la deuda externa e interna, el Gobierno utiliza la emisión de moneda del Banco Central de la República Argentina (BCRA) y las cajas de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses). Estos mecanismos provocan inflación. Para frenar la inflación el BCRA retira del sistema bancario el dinero que inyecta el gobierno para pagar el gasto público. Para ello emite una deuda especial que rinde un interés muy alto destinada a los bancos y que en este momento representa 109.000 millones de pesos argentinos.6 Pero lo que es peor es que el «desendeudamiento» preconizado por los gobiernos de Néstor Kirchner entonces y Cristina Fernández ahora ha sido paradójico: la deuda pública ha aumentado hasta alcanzar los 182.741 millones de dólares incluyendo la deuda con el Club de París7. Es decir Argentina va camino de una crisis fiscal. No cabe la menor duda de que este no es el sendero a seguir por los y las trabajadoras españolas.
Para las y los socialistas revolucionarios, de lo que se trata es de transformar la realidad. En este sentido, debemos ser capaces de ofrecer a una sociedad en lucha objetivos claros que ayuden a agrupar fuerzas y concentrar el ataque en contra del traslado de la crisis a los y las trabajadoras por parte del Estado capitalista. La moratoria inmediata y unilateral de la deuda pública interna y externa se inscribe dentro de este objetivo. Para dar una salida real a la lucha por una sociedad justa este objetivo se debe acompañar de la expropiación de la banca y la nacionalización del crédito en el camino de un gobierno de los y las trabajadoras.
Notas
1 Datos tomados del Banco de España de acuerdo con los cuadros a1104, a1103 y a1102.
2 Datos tomados del Banco de España de acuerdo con el cuadro e0709 Deuda externa de España.
3 Ibid.
4 Disponible en: http://www.marxists.org/
5 Periódicos Clarín, Página12, La Nación, 10/02/2005, 15/02/2005, 13/02/2005.
6 Clarín, 11/11/2012
7 Ibid.
Carlos Schwartz es periodista especializado en asuntos económicos y miembro de la Sociedad de Estudios de Teoría Crítica (www.setcrit.net).
http://enlucha.wordpress.com/