El Título Preliminar de la Constitución Española menciona cuatro instituciones. Todas ellas están organizadas de forma piramidal, a la usanza del Viejo Siglo Veinte: partidos políticos, sindicatos de trabajadores, asociaciones empresariales y fuerzas armadas. Pero exceptuando al ejército, hay una exigencia constitucional para partidos, sindicatos y patronales: su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos. […]
El Título Preliminar de la Constitución Española menciona cuatro instituciones. Todas ellas están organizadas de forma piramidal, a la usanza del Viejo Siglo Veinte: partidos políticos, sindicatos de trabajadores, asociaciones empresariales y fuerzas armadas. Pero exceptuando al ejército, hay una exigencia constitucional para partidos, sindicatos y patronales: su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos.
A lo largo de los 33 años transcurridos desde que entró en vigor la Constitución de 1978, el nivel de degradación de las instituciones que deberían articular la participación democrática de los ciudadanos no ha dejado de aumentar. Que el presidente de la patronal haya protagonizado una de las quiebras más vergonzosas de la historia empresarial de este país ilustra perfectamente hasta dónde hemos llegado. Sobre el grado de representatividad y capacidad de movilización de partidos políticos y sindicatos es casi mejor no hablar: basta con echar un vistazo a las cifras de abstención o de paro.
La democracia representativa fue construida alrededor de estructuras jurídicas y organizativas de la sociedad industrial articulada en torno al estado-nación. La globalización de los mercados financieros ha mermado el poder de los estados de forma alarmante, hasta el punto de limitar su función al mantenimiento del orden público: al sistema económico lo único que le interesa del poder político es que gestione con eficacia el ejército, la policía y el sistema judicial y carcelario.
Estamos presenciando el derrumbe paulatino de una sociedad basada en unas estructuras que ya no representan a la ciudadanía. Quien decide la política de los partidos, de los sindicatos y de las patronales no son las bases que deberían garantizar la representatividad democrática, sino unas cúpulas elitistas cada vez más alejadas de la ciudadanía real. Y frente a ellas, se alza una sociedad en ebullición que está construyendo a diario nuevos nodos de debate ciudadano, autoorganizándose en una inmensa red social cada vez mejor comunicada.
No hablo solo de internet, porque la sociedad red emergente es mucho más amplia que la red de redes. Hablo de los millones de conexiones que se tejen a diario entre las personas que con su trabajo mantienen activa la base de las pirámides. Hablo de conexiones de datos, de voces, de bocas y orejas, de la red social más poderosa que jamás ha existido: la que se teje y se articula alrededor de la solidaridad humana.
Lo único que les interesaba de nosotros era nuestro voto, garantizarse que nos representaban para poder tomar decisiones en nuestro nombre. Y con nuestro voto, con nuestra legitimación, han entregado el poder real a instituciones no democráticas, a poderes financieros que defienden sus propios intereses al margen de las necesidades de la ciudadanía.
Durante años han intentado recluirnos, alejarnos de las calles y de la participación democrática. Desde nuestros domicilios, en internet, sólo somos una confusa amalgama de ciudadanos aislados que ejercen el derecho al pataleo virtual. A las estructuras hegemónicas del poder político, económico y mediático ya les viene bien así: no importa que gritemos desde la red, mientras sigamos consumiendo en casa.
Hay dos derechos que necesitan visibilizarse para ejercerse en plenitud: el derecho de manifestación y el derecho al voto. Unos derechos que en las sociedades mediterráneas se convierten en un verdadero placer si se ejercen en primavera. Si hay un momento adecuado para salir a la calle, y ser nosotros mismos, es precisamente en este mes de mayo.
Tenemos mucho que decidir juntos, y tiempo tendremos de debatirlo. Quizás nuestra Constitución requiere una reforma integral, que asegure y mejore la participación democrática: como decía al principio, las instituciones que deberían garantizarla se han degradado en exceso. Pero ese proceso empezará después de que ejerzamos nuestro derecho de manifestación y nuestro derecho al voto.
Del 15 al 22 de mayo, nos vemos en las calles. Por una libertad real. Por una igualdad real. Por una justicia real. Por una democracia real.
Carlos Sánchez Almeida es abogado del Bufet Almeida, además de ser uno de los juristas más activos en la defensa de los derechos civiles en Internet. Escribe habitualmente en el blog Jaque Perpetuo. Ahora también es colaborador de Nación Red.