En este artículo el autor reflexiona desde una perspectiva ecomunitarista sobre la reciente masacre de Rio.
La reciente mega-operación policial que causó la muerte de al menos 121 personas en Río de Janeiro (incluyendo a cuatro policías) agudizó nuevamente el debate sobre la seguridad pública en Brasil. Como el tema es un asunto prioritario también en otros países de Nuestramérica (que sufren situaciones de violencia social comparables a las de Rio de Janeiro) las breves anotaciones que siguen pretenden tener validez en ese contexto más amplio.
La violencia puede ser definida como cualquier situación que impida que algún ser (en especial un ser humano) alcance su máximo desarrollo saludable posible. En esa situación son violentadas las tres normas básicas de la Ética: la primera, porque tal situación no resulta de una libre elección del individuo; la segunda, porque esa situación no resulta de consensos construidos con l@s demás; y la tercera, porque en ella se ve afectada la salud humana (y muchas veces también la salud de la naturaleza no humana de la localidad). Por eso, además de fenómenos muy divulgados en los medios de comunicación, como, entre otros, los homicidios, los asaltos y los abusos contra mujeres o minorías, también es violencia la falta de comida, de salud, de educación, de vivienda y de actividad productiva que permita resolver las necesidades básicas del individuo, su familia y su comunidad. De ahí que el combate efectivo contra la violencia necesita políticas públicas que atiendan todas esas áreas (y esperamos que lo hagan en perspectiva ecomunitarista).
Ahora bien, en Río de Janeiro y en otras partes de Brasil y de Nuestramérica la violencia contra las personas deriva, además de las carencias en la atención a las necesidades recién mencionadas, de la acción de la pequeña criminalidad (que hurta, roba y a veces mata) y del Crimen Organizado (vinculado al tráfico de drogas, de armas y de personas). La situación se agravó por el empeoramiento (en función de políticas neoliberales) de los factores socioeconómicos mencionados, y por el hecho de que el Crimen Organizado se erigió como un Estado paralelo, que detenta en muchas comunidades el poder real (consolidado por la compra de políticos, jueces y policías; estos últimos a veces matan tanto como los criminales). En ese contexto el Crimen Organizado también se consolidó en espacios capitalistas “legales”; así, en Brasil ya se sabe que penetró sectores del sistema financiero y de empresas de diversas áreas, como, por ejemplo, del sector inmobiliario, de la venta de combustibles y del transporte público; y se sabe que en Rio de Janeiro cobra “impuestos” a la distribución de gas y de internet (lo que aumenta el precio de esos servicios para quienes habitan en los barrios controlados por el Crimen Organizado). Y no es infrecuente que en Nuestramérica el Crimen Organizado se alíe a fuerzas capitalistas “legales” para asesinar a líderes y lideresas ecomunitaristas, y/o de pueblos originarios, quilombolas, campesinos, y/o de colectivos que desean el Buen Vivir poscapitalista (o simplemente se definen como “progresistas” o “de izquierda”), y/o para contrariar toda organización comunitaria autónoma, al tiempo en que interfiere en las campañas electorales para beneficiar (e incluso elegir) a personas cómplices del Crimen Organizado.
Por eso la acción contra el Crimen Organizado debe ser permanente, realizada a partir de un afinado trabajo de inteligencia, y abarcar todos los sectores arriba mencionados (apuntado especialmente a la desarticulación de su poder comunitario y financiero).
Esa tarea no es nada fácil y requiere el uso de muchos mecanismos combinados.
Por un lado, es necesario implementar políticas de formación, ocupacionales y de ingresos, especialmente para l@s jóvenes, apuntando al desempleo cero y a que alcancen remuneraciones capaces de pagar, por lo menos, una canasta básica familiar completa; esas políticas deben incluir ayudas sociales inmediatas y planes de educación-capacitación profesional de l@s más pobres y de l@s pres@s, así como la organización de los mismos en cooperativas de producción que deben recibir del Estado todo el apoyo necesario (financiero, técnico, compra de la producción, etc.). Esas políticas deben extrapolar la dimensión estrictamente económica, para abarcar también diversas actividades educativas, culturales (en el sentido más amplio de la palabra) y deportivas, que abran a l@s jóvenes espacios de vida sana y de buen futuro individual y familiar, alejándol@s de los llamados del Crimen Organizado.
Simultáneamente y para combatir con alguna chance de éxito la pequeña criminalidad y sobre todo el Crimen Organizado, es esencial la promoción y apoyo a la auto-organización de cada comunidad para su defensa. Esa auto-organización de cada comunidad indígena, manzana, barrio o localidad rural, debe contar con el apoyo permanente, incluso armado, de las Policías. Las Policías, a su vez, deben ser coordinadas entre sí y con otros órganos del Estado y de la Sociedad Civil, deben ser depuradas de la corrupción y deben contar con policías bien formad@s (también desde el punto de vista ético, para que respeten a las comunidades y los DDHH), bien equipad@s y bien remunerad@s, y cuyas familias deben estar protegidas por la Seguridad Social. En ese combate también ha de haber el apoyo constante de otros especialistas (de Universidades, del Poder Judicial, etc.).
Esa auto-organización debe evolucionar hacia la constitución de Milicias Ciudadanas formadas por voluntari@s entrenad@s y armad@s, en acción conjunta con las Policías y las Fuerzas Armadas, e integradas a la permanente defensa de la seguridad pública comunitaria y de la soberanía nacional (en el contexto de una Nuestramérica integrada solidariamente y libre de cualquier dominio imperial). Toda esa estructura es indispensable para que las comunidades y sus liderazgos no sean masacrados por el Crimen Organizado y para que éste pierda cada vez más espacios, precisamente porque esos espacios volvieron o pasaron a ser controlados por las respectivas comunidades organizadas, armadas y coordinadas con las Policías y las fuerzas militares. La depuración de las Policías debe ir acompañada de la depuración de corruptos en los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial (a veces cómplices e incluso participantes del Crimen Organizado), mediante una gran renovación de los ocupantes de los cargos públicos electivos y del ejercicio cada vez más acentuado de la democracia directa por parte de las comunidades (a través de asambleas, plebiscitos y referendos, y que deben tener el poder de control y corrección sobre todas las acciones de la administración pública, y el poder de revocación de los electos que no cumplan con las tareas para las cuales las comunidades los eligieron).
Bibliografía mínima
López Velasco, Sirio. Contribuição à Teoria da Democracia: uma perspectiva ecomunitarista, Ed. Fi, P. Alegre, 2017; disponible gratuitamente en https://www.editorafi.org/196sirio
López Velasco, Sirio. Decálogo, Manifiesto y Compendio Ecomunitarista, Ed. Fi, P. Alegre, 2025; disponible gratuitamente en https://www.editorafi.org/ebook/c054-decalogo-manifiesto-compendio-ecomunitarista
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