La velocidad con que se están desarrollando los hechos obliga a la reflexión. La ruptura del hilo constitucional y el recule parcial del TSJ, abrieron una nueva coyuntura política que puso al gobierno a la defensiva. La clara postura de la Fiscal General, ayudó a detener parcialmente la deriva totalitaria hacia la que, con las […]
La velocidad con que se están desarrollando los hechos obliga a la reflexión. La ruptura del hilo constitucional y el recule parcial del TSJ, abrieron una nueva coyuntura política que puso al gobierno a la defensiva. La clara postura de la Fiscal General, ayudó a detener parcialmente la deriva totalitaria hacia la que, con las sentencias cuestionadas, pretendía avanzar la cúpula del PSUV. Esto último y el impacto del rechazo internacional a estas sentencias injustificables, hasta por los presidentes amigos del gobierno, oxigenó a la maltrecha cúpula de MUD. Pero alertamos frente a la confusión y desconcierto que generan estos hechos: no estamos presenciando sólo una disputa entre cúpulas, que lo es. De lo que se trata es que la nueva coyuntura, caracterizada por una descomunal entrega de soberanía a capitales locales y extranjeros, también abrió las puertas a una represada acción popular.
Mientras el gobierno de Maduro intenta avanza con una Contrarrevolución Económica sustentada en los llamados 15 Motores, que desde el Motor Minero hasta el Forestal, le abre las puertas a capitales financieros y corporaciones trasnacionales bajo el régimen de la Ley de Regionalización de Zonas Económicas Especiales, los componentes esenciales de la nueva coyuntura, desde nuestro punto de vista, son:
a) crisis en la cúpula del chavismo oficial y comienzo de visibilización de sus fracturas internas.
b) respuesta crecientemente represiva y autoritaria del gobierno por su propia debilidad. c) Perdida del miedo de un amplio sector de la población, no sólo los de oposición tradicional, muchos otros que son parte de una importante franja que rechaza a ambas cúpulas y otros de amplios sectores populares que hasta hace poco podrían considerarse como base social del chavismo oficial, como pudo apreciarse en San Félix. Porque como señalábamos en nuestro Editorial #19 la coyuntura abre paso también a la lucha política y social.
c) Intento de las cúpulas de repolarizar para controlar desde arriba el repudio popular que se expresa en las calles por lo intolerable de la vida cotidiana, no solo en las movilizaciones sino en las colas y en todos los espacios públicos.
d) lo más peligroso en esta fase: la creciente violencia de aparatos de un lado y del otro, funcional a los objetivos de ambas cúpulas.
Rechazamos la represión estatal y la violencia de aparatos
En la disputa política de las cúpulas, por el control estatal en el reparto de la renta petrolera, ha empezado a aparecer una creciente violencia que tiende a aumentar exponencialmente. Por un lado la represión estatal desproporcionada e inconstitucional que rechazamos. Pero a esta represión se han sumado grupos mercenarios, malintencionadamente llamados «colectivos». Y orientados por sectores de la otra cúpula, grupos claramente fascistoides que aprovechan las manifestaciones, convocadas por la MUD para desplegar actos individuales de características foquistas1, ambos son grupos pequeños en número pero bien preparados, financiados y pertrechados.
El peligro en esta primera fase de la actual coyuntura radica justamente en el crecimiento en espiral de esta violencia de aparatos, que de hecho da argumentos «justificativos» para un despliegue mayor de la represión del Estado. Si no se detiene esta violencia que es caldo de cultivo de desbordes imponderables, se podría abrir una situación que superará toda posibilidad de solución democrática a la crisis, abriendo paso a una salida totalitaria y antipopular con la excusa típica de todas las dictaduras: reinstaurar el orden.
Por eso llamamos a que todos los ciudadanos, los sectores populares, al tiempo que defienden sus derechos, rechacemos de manera contundente a los grupos que generan esta violencia de aparatos. Los que supuestamente responden a la dirección política de la MUD deben ser aislados y controlados en esas marchas por los mismos manifestantes, porque no expresan ni la voluntad ni la posibilidad de que se cumplan los objetivos proclamados de sus manifestaciones. Y por otra parte exigimos al Estado, que debería ser el garante del ejercicio de los derechos de todos, que deje de alentar a los que actúan de su lado. Este llamado es en especial a la Fuerza Armada, no se puede tolerar que grupos de civiles armados actúen contra movilizaciones desarmadas desde los cuarteles, como reconoció un jefe de la GNB, explicando que, «esos motorizados salían del cuartel porque iban a limpiar las barricadas».
De la misma manera que todos debemos rechazar la inaceptable injerencia extranjera, debemos velar por el respeto a los derechos comunes, debemos rechazar la represión del Estado; también debemos proceder al aislamiento de los grupos «parapoliciales» o fascistoides, que con su despliegue de violencia y amedrentamiento representan otra forma de impedir el ejercicio de los derechos del pueblo.
Ni la MUD ni el gobierno buscan una salida constitucional ni favorable al pueblo, por eso no acompañamos sus movilizaciones
Estos aparatos violentos son funcionales a la política de ambas cúpulas. En primer lugar porque con su violencia buscan quitarle protagonismo a la amplia mayoría que, en las calles, busca ejercer sus derechos vulnerados por el Estado, y en segundo término porque le dan justificación mediática, pero justificación al fin, a la represión estatal y dejan sólo en manos de las cúpulas actuales la vía de salida a la crisis.
Los hechos del último año demuestran con contundencia que ninguna de esas cúpulas tiene vocación democrática. El PSUV en el gobierno en vez de revisar y rectificar su política de entrega y miseria, impidió todo tipo de manifestación electoral que lo llevaría a tener que dejar el poder. Así violó principios constitucionales tanto en lo político como en lo económico y social y fue desmontando paso a paso la institucionalidad de la República Bolivariana de Venezuela. Postergó sin plazo las elecciones regionales, y suspendió el revocatorio que había cumplido todos los requisitos legales. Estas violaciones las realizó de la mano del CNE y el TSJ, volviendo sal y agua instituciones respetadas y ejerciendo el poder como un gobierno de facto.
La MUD por su parte aceptó la postergación electoral de las regionales, no enfrentó como debería la suspensión del referendo que propició tarde y mal, para luego utilizar instancias internacionales para promover la injerencia extranjera en vez de presionar para una solución democrática verdadera. Y la fresa del postre fue la aceptación en silencio de la antidemocrática y anticonstitucional renovación de los partidos, un «adefesio de 1965», que deja por fuera a una gran parte de las expresiones políticas del país, excepto a la MUD y al PSUV, y hasta excluye a las del GPP. Y se dedicó a nombrar sus candidatos presidenciales, mientras el gobierno aplicaba el plan económico más entreguista de la historia. A cambio de todo esto esperaba obtener paso a paso el control del Estado para manejar ellos el reparto de la renta petrolera, y la administración de los nuevos proyectos de características neoliberales y extractivistas que diseñó el gobierno en el Consejo de la Economía Productiva de la mano de las corporaciones internacionales, y de los Vollmer y los Cisneros.
El intento totalitario montado por el gobierno con las sentencias del TSJ y su recule, abrieron esta coyuntura donde la cúpula de MUD busca reposicionarse para mejor negociar la transición inevitable. Mientras que el gobierno, hoy a la defensiva busca a punta de represión volver a manejar la carta de las elecciones regionales para ganar un tiempo que se le agota rápidamente. Ambos están buscando el punto de negociación. La ruta verdadera que están evaluando es la que les aconseja el consultor de ambas cúpulas, Luis Vicente León en el artículo ¿Habrá una elección?2: Luego de señalar que es irrelevante lo que quiera o desea el pueblo, señala:
(…) el secreto del éxito no proviene sólo de elevar el costo de la represión sin modificar el costo de salida. Esa es la base de la propuesta radical, que busca la calle para cortar la cabeza del gobierno. El mejor resultado de esa combinación es una guerra, que aún ganando, dejará al país en una situación completamente inestable. Se trata de elevar el costo del bloqueo electoral, para usar esa fuerza como poder de negociación frente al gobierno para re-institucionalizar el país, combinado con una reducción de costos de salida, que abra la compuerta para una elección justa y transparente y un cambio pacífico a futuro.(…)
Esta es la verdad de lo que busca la MUD una negociación que no amenace la libertad y los bienes obtenidos por la cúpula del PSUV y que le permita «reinstitucionalizar» el país, por fuera de la Constitución y «a futuro» obtener una elección.
Por estas razones es que no participamos ni de las movilizaciones del PSUV ni de la MUD. Porque detrás del discurso, como pudo constatarse todo el año el pasado, está la voluntad de alcanzar un acuerdo contrario al pueblo donde: Es irrelevante si la mayoría de la población lo desea y lo vota o si ellos (el gobierno) se lo merecen.3
No vamos a esas acciones y llamamos a no participar de ellas porque lo que allí se prepara es una nueva frustración para nuestro pueblo. Mientras tanto convocamos a luchar por nuestros derechos y nuestro nivel de vida de manera autónoma en confrontación con las cúpulas que hoy copan el escenario y que pretenden manipular a la mayoría de la población
Al contrario de esas cúpulas, llamamos a aplicar esa energía en la lucha social y económica para detener el terrible deterioro del nivel de vida del pueblo que vive de su trabajo y la decadencia del país.
La solución a la crisis debe ser democrática y sin limitaciones ni exclusiones
La solución debe ser democrática, es lo que reclama la mayoría de nuestro pueblo. Pero no se trata de descomprimir la calle con una elección más. Incluso el cronograma electoral de las regionales o las propias presidenciales está viciado de nulidad y plagado de desconfianzas.
Cuándo se puso en marcha el mecanismo del revocatorio, con todas sus limitaciones el Consejo Nacional Electoral (CNE), era una institución respetada hasta por la MUD. Su proceder hasta entonces había sido incuestionable y convalidado por varias comisiones internacionales. Hoy, luego de la suspensión del revocatorio acatando una orden de tribunales inferiores y de carácter penal y no electoral; luego la suspensión arbitraria de las regionales, además de otras elecciones profesionales. Luego proscribir partidos como Marea Socialista y otros y exigir una relegitimación de los que participaron en las elecciones de 2015, que significa la inhabilitación de los más pequeños. El CNE ha perdido toda legitimidad y confianza ciudadana. Ni que hablar del TSJ.
¿Y entonces? ¿Hay tiempo y posibilidad de una salida democrática? Sí y sólo si, si se reestablece el hilo constitucional de manera clara, transparente y con mecanismos excepcionales.
En primer lugar, activando el suspendido Referendo Revocatorio , pero este no puede estar bajo la supervisión de un CNE ilegitimo. Por eso es necesaria la conformación de una comisión Ad Hoc que con el apoyo de los técnicos del CNE garantice la realización transparente de ese proceso electoral. Esa comisión debe contar con el más amplio consenso ciudadano, llevada a consulta a todos los sectores políticos y sociales del país, incluso de los partidos proscritos o recientemente ilegalizados, los organismos de derechos humanos del signo que sean, e instancias internacionales no oficiales.
Ningún proceso electoral del que sólo participen el PSUV y la MUD será legítimo ni resolverá la crisis política actual.
En segundo término la habilitación inmediata de manera excepcional de todos los partidos políticos que así lo pidan.
En tercer lugar la suspensión inmediata de todos los contratos nacionales e internacionales que comprometen el futuro del país como el Arco Minero del Orinoco, los de la Faja Petrolífera y otros, y de los nuevos endeudamientos, que están siendo gestionados ilegal e ilegítimamente por el ejecutivo, hasta la normalización política del país. La suspensión de los pagos de la deuda externa para dedicar esos recursos a la emergencia alimentaria y de medicamentos; y la puesta en marcha de una auditoria pública y ciudadana para determinar legitimidad de la Deuda y el Desfalco a la Nación y a establecer quiénes fueron los responsables, recuperar lo desfalcado y castigar a los desfalcadores.
En función de este programa mínimo es que llamamos a todos aquellos que estén de acuerdo en estos puntos a comenzar a organizar acciones e iniciativas comunes para enfrentar la estafa que preparan las cúpulas y luchar por una salida verdaderamente democrática a la crisis.
Notas
1 No estamos hablando de los grupos que enfrentan la brutal represión del Estado con lo que tienen a mano, esos están ejerciendo su derecho a la legítima defensa. Hablamos de los grupos comandos que incendian y destrozan instituciones, Liceos, Centros de Salud, Mercales u otros mercados populares y bienes públicos, etcétera.
2 http://prodavinci.com/blogs/habra-una-eleccion-por-luis-vicente-leon/
3 Idem anterior