En este artículo el autor sostiene que una amnistía a los militares implicados en actividades golpistas equivale a una bomba de tiempo sobre la democracia en situaciones de debilidad civil.
Es notoria e inocultable la participación central de oficiales superiores de la milicia activa y de la reserva, así como de las cúpulas de las Fuerzas Armadas, en el proceso golpista intentado en los últimos años en Brasil.
A la luz de lo que hoy se conoce de la documentación probada, se sabe que el proyecto secreto de los militares con Jair Bolsonaro en la Presidencia fue concebido, preparado e iniciado mucho antes de las elecciones presidenciales de 2018.
La candidatura presidencial de Bolsonaro también fue lanzada el 29 de noviembre de 2014 en el patio de la Academia Militar de Agulhas Negras (AMAN), en aquel momento al mando del actual Comandante del Ejército, el ahora neolegalista general Tomás Paiva.
A partir de ahí, como parte de la planificación estratégica de la conspiración militar organizada clandestinamente durante varios años, los acontecimientos se encadenaron en una articulación lógica con el objetivo de “volver al poder por la vía electoral”, no tras un golpe militar clásico, como el de 1964.
Una sucesión de hechos ilustra este vínculo lógico: [i] la conspiración de los generales traidores Villasboas y Sérgio Etchegoyen con el usurpador Michel Temer para derrocar a la presidenta Dilma Rousseff; [ii] la intervención federal en Río para proteger a Bolsonaro y sus lazos con la milicia en las elecciones de 2018; [iii] el tuit del Alto Mando del Ejército obligando a la Corte Suprema para mantener la prisión ilegal de Lula; y [iv] la designación del general Fernando Azevedo e Silva para quedar en el cogote del presidente del Supremo Tribunal Federal Dias Toffoli durante el período electoral.
Con el triunfo de la plancha militar Bolsonaro-Hamilton Mourao, los generales del Ejército ocuparon posiciones centrales de poder en el gobierno militar llegando a amenazar la institucionalidad y de forma permanente amenazaron con rupturas y ataques contra la Constitución y el estado de derecho.
Tras la derrota del binomio Bolsonaro/Braga Netto en las elecciones de 2022, los militares atacaron el resultado electoral e intentaron el giro de la situación, hasta el punto de distribuir para la discusión un borrador del golpe que no prosperó porque las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y el gobierno de Joe Biden no les permitieron consumar la trama golpista. De estar Donald Trump en el poder, el resultado sería trágicamente otro.
Las zonas acuarteladas en todo el país albergaban campamentos de miembros de la familia «militar» con otros criminales, desde donde los terroristas salían para perpetrar atentados con bombas como el ocurrido en Brasilia los días 12 y 24 de diciembre y la trama golpista del 8 de enero. Todos con el consentimiento absoluto y el apoyo de los comandantes militares y también con el conocimiento previo del Gabinete de Seguridad Institucional, entonces comandado por el general Augusto Heleno.
Tras el fin del gobierno fascista-militar, no dejaron de descubrise graves procedimientos, tramoyas e ilícitos que involucraban a los militares, especialmente del alto funcionariado, especialmente del Ejército brasileño. Se ha convertido en una regla infalible: donde hubo crimen, corrupción, fraude y desviaciones, rara vez no se encuentran huellas digitales de generales, coroneles, almirantes, brigadieres, lugartenientes, etc.
Se convirtió en una rutina que miembros de la oficialidad proporcionasen testimonios ante la Comisión Parlamentaria Investigadora, tanto como investigados o testigos; así como respondiendo a investigaciones y procesos judiciales.
A pesar de todo esto, las cúpulas militares están teniendo éxito en la empresa de pasar borrón y cuenta nueva y liberar a los criminales uniformados de rendir cuentas con la policía, la justicia y la democracia. Las embusteros profesionales emplean sofisticadas técnicas de chantaje, mentiras, amenazas, disimulación y desinformación para lograr este objetivo.
El descarte de Bolsonaro y el traspaso de todas las responsabilidades al capitán que ya ha perdido utilidad para el plan (de los militares) ha sido una estrategia exitosa. Incluso entregan algunos chivos expiatorios de menor importancia castrense para preservar lo esencial.
El acuerdo que involucra al gobierno, oposición, instituciones y la Comisión Parlamentaria Mixta de Investigación (CPMI) de los actos golpistas para sacar a los militares de ella y dejarlos impunes es otro gran error del poder político civil.
Corresponde a una nueva amnistía concedida a los militares que, impunes, se sentirán cómodos para volver a delinquir y atentar contra la democracia.
Ninguna otra coyuntura de la historia brasileña ha sido tan favorable para promover los cambios urgentes en los cuarteles para que preparen adecuadamente a las Fuerzas Armadas para la defensa nacional y disuasoria de los potenciales agresores extranjeros.
Desperdiciar esta ventana de oportunidad que ofrece la historia podría costar la supervivencia de la democracia, ya que los militares no han renunciado a su propio proyecto de poder, que es incompatible con la democracia y el Estado de Derecho.
La nueva amnistía concedida a los militares equivale, en este sentido, a una bomba de tiempo que en futuros contextos de debilidad del gobierno civil o de inestabilidad política puede explotar la democracia.
Jeferson Miola es miembro del Instituto de Debates, Estudios y Alternativas de Porto Alegre (Idea), fue coordinador ejecutivo del V Foro Social Mundial y colaborador del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE).
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