Dos nuevos acuerdos comerciales que involucran a Estados Unidos y la Unión Europea suponen un debilitamiento del papel del Estado en la economía. Se trata del Acuerdo Estratégico Transpacífico de Asociación Económica (TPP) y del Acuerdo Transatlántico sobre Comercio e Inversión (TTIP). Es necesario que los países del Sur les presten atención, por las graves […]
Dos nuevos acuerdos comerciales que involucran a Estados Unidos y la Unión Europea suponen un debilitamiento del papel del Estado en la economía. Se trata del Acuerdo Estratégico Transpacífico de Asociación Económica (TPP) y del Acuerdo Transatlántico sobre Comercio e Inversión (TTIP). Es necesario que los países del Sur les presten atención, por las graves repercusiones que pueden tener en sus planes y perspectivas de desarrollo. Si bien en las últimas décadas ha habido una ola de privatizaciones en los países ricos y en desarrollo, en muchos de estos últimos el Estado todavía conserva la propiedad o controla empresas de servicios públicos y de infraestructura, bancos y algunas industrias estratégicas que juegan un papel importante.
Las empresas privadas también reciben asistencia y apoyo del Estado de muchas maneras, incluso a través de préstamos a pequeñas y medianas empresas y agricultores, subvenciones y exenciones fiscales para la investigación y el desarrollo o la adquisición de tecnología, preferencias en la contratación pública y el suministro de infraestructura.
Aunque los países conceden incentivos a las empresas extranjeras, como la exención de impuestos, el Estado también tiene un tratamiento especial para las empresas locales, bajo la forma de contratos públicos y concesiones, subvenciones y créditos más baratos que los habituales. Pero su función en el desarrollo de los países del Sur está sufriendo el ataque de los países desarrollados. Lo promueven las grandes empresas con sede en Estados Unidos, Europa y Japón, que procuran entrar en los mercados de los países en desarrollo, fuente de sus futuros beneficios.
Para las empresas transnacionales, el apoyo del Estado a las empresas nacionales en los países en desarrollo es un obstáculo a su búsqueda de una mayor cuota de mercado. Procuran así cambiar la visión del mundo de esos países y su marco de políticas públicas, como forma de limitar el papel de las empresas estatales y frenar el apoyo del gobierno a las empresas privadas locales. Los dos últimos grandes intentos para lograrlo han sido a través del TPP y el TTIP,el acuerdo entre Estados Unidos y la Unión Europea cuya primera ronda de negociación tuvo lugar este mes en Washington.
Una parte importante del TPP es un subcapítulo sobre las empresas de propiedad estatal, que se negoció en Kota Kinabalu, Malasia. Estados Unidos y Australia lideran la acción para imponer reglas que disciplinen la intervención estatal en la economía, a través de un enfoque a dos puntas. En primer lugar, buscan que los gobiernos se comporten de una manera «no discriminatoria», en especial cuando compran o venden bienes y servicios. Esto incluye que no puedan dar preferencias o incentivos a las empresas locales. En segundo lugar, procuran que las empresas vinculadas al gobierno no reciban ventajas con relación a otras empresas en las actividades comerciales. Por supuesto, los países desarrollados que proponen esto están pensando en sus empresas: cómo pueden conseguir un mayor acceso a los mercados de los países en desarrollo.
En el TTIP, la Unión Europea está preparando un subcapítulo sobre las empresas de propiedad estatal, con reglas muy similares a lo que Estados Unidos y Australia proponen en el TPP.
Aunque el Acuerdo Transatlántico solo involucra directamente a Europa y Estados Unidos, las normas que establece están destinadas a tener consecuencias para otros países. Los dos gigantes económicos prevén que estas normas se conviertan en modelos para futuros acuerdos bilaterales que incluyan también a los países en desarrollo. Además, esperan que sean internacionalizadas en la Organización Mundial del Comercio.
El documento de posición de la Unión Europea sobre las empresas estatales expresa que su objetivo es «crear una norma ambiciosa y amplia para disciplinar e influenciar la participación del Estado en las empresas privadas y públicas», que «esto puede allanar el camino para que otros acuerdos bilaterales sigan un criterio similar y, por último, contribuyan a un futuro compromiso multilateral».
En otras palabras, si los planes de Estados Unidos y la Unión Europea tienen éxito, las restricciones a la función del Estado y la reducción del espacio de actuación de las empresas que controla se convertirán en el camino futuro para todos los países.
Los países del Sur que lograron su desarrollo económico lo hicieron porque pudieron combinar las funciones de los sectores público y privado en una asociación que redundó en un beneficio general para el país. Japón, Corea del Sur, Malasia, Singapur y China han sido pioneros en este modelo de colaboración entre el sector público y el privado.
Los pocos países del Sur que pudieron alcanzar el desarrollo contaron todos con el impulso de un «Estado de desarrollo», o con el liderazgo del gobierno para establecer el marco de la estrategia económica, así como con la colaboración entre el Estado, las empresas estatales y las sociedades comerciales.
Si los países del Sur deben finalmente cumplir nuevas normas internacionales que limiten el papel del Estado y reformulen la estructura de su economía, sus perspectivas de desarrollo se verán seriamente afectadas.
Martin Khor, Fundador de TWN y director ejecutivo de South Centre.
http://agendaglobal.redtercermundo.org.uy/2013/07/24/nuevas-amenazas-al-papel-del-estado/