El gobierno de Bush II cuenta con que la OEA enfatice su histórico servilismo a Washington contra todo intento de soberanía y justicia social en América Latina. Venezuela es la primera en la lista negra, como se comprobó durante el proceso reciente para elegir secretario general del organismo. Una vez que el cipayo Miguel Angel […]
El gobierno de Bush II cuenta con que la OEA enfatice su histórico servilismo a Washington contra todo intento de soberanía y justicia social en América Latina. Venezuela es la primera en la lista negra, como se comprobó durante el proceso reciente para elegir secretario general del organismo. Una vez que el cipayo Miguel Angel Rodríguez no pudo ser sostenido en el cargo al estallarle un escándalo de corrupción, la potencia del norte luchó a brazo partido para lograr su reemplazo por otro incondicional a sus deseos. Así llegó el chileno José Miguel Insulza a la secretaría general, luego de proclamar en Santiago de Chile, escoltado por Condoleeza Rice, que «el gobierno elegido que no gobierne democráticamente debiera ser llamado a rendir cuentas ante la OEA». Traducido con las palabras del furibundo subsecretario para el hemisferio occidental, Roger Noriega, citadas en el New York Times: «Inzulsa aceptó sin vacilación nuestra exhortación a que hiciera una declaración pública aludiendo a la amenaza de Chávez«(las cursivas son mías). En línea con ese designio, Washington proyecta crear un comité en la OEA para supuestamente «monitorear» la democracia en América Latina. Cínicamente descrito por funcionarios del Departamento de Estado como un instrumento para «escuchar a los pueblos», el comité sería propuesto a los países miembros en una reunión de la OEA convocada para junio en el estado de Florida. El escenario escogido -madriguera de la mafia (anti)cubana- no parece casual. Ni tampoco lo es que varios embajadores latinoamericanos ante la OEA hayan expresado una gran preocupación con la propuesta. Al ser consultado por el New York Times sobre el argumento de Roger Noriega de que el comité no estará dirigido contra Venezuela, el representante argentino Rodolfo Hugo Gil manifestó que esta explicación es «muy difícil de vender a una persona adulta». Y es que según el rotativo la propuesta estadunidense emergió de la citada declaración de Insulza en Santiago, que este habría hecho «a insistencia de los funcionarios estadunidenses».
Es evidente que Washington se propone arremeter de nuevo contra el gobierno de Hugo Chávez. La estrategia consta en su primera fase de un intento de aislarlo y desacreditarlo en América Latina e internacionalmente. Para ello utiliza los pulpos mediáticos estadunidenses, europeos y latinoamericanos. Difícilmente haya una nota periodística de ellos sobre Venezuela que no mencione -sin presentar prueba alguna- las «restricciones a la libertad de prensa» y la «no independencia» del poder judicial, presuntamente supeditado al «autoritario» Chávez. Esta campaña busca crear el clima sicológico que ulteriormente permita pasar a la segunda fase: justificar el enjuiciamiento y las «sanciones» de la OEA contra Venezuela, arguyendo que no es gobernada democráticamente. Las sanciones se adoptarían después de «escuchar a la sociedad civil venezolana». O sea, a las organizaciones contrarrevolucionarias financiadas por Estados Unidos. Pero como añadió el embajador argentino: «nadie puede estar seguro que no será sentado y juzgado por este comité(…).» La observación no pudo ser más atinada. No se necesita ser ningún genio político para percibir lo que pretende Estados Unidos, que es crear un tribunal inquisidor para actuar no sólo contra Venezuela sino contra todo gobierno que no se someta a sus caprichos. Al mismo tiempo, intentar con el antifaz de la OEA el aborto o la represión de los movimientos populares que, como ya se va haciendo regla, echan por la borda a los gobernantes que aplican las políticas neoliberales propugnadas por Washington. Las calles de Bolivia, por ejemplo, arden de nuevo.
La campaña mediática antivenezolana se recrudeció desde que el gobierno de Chávez, apoyándose en el tratado de extradición vigente y en el derecho internacional, solicitó a Estados Unidos la entrega del architerrorista de origen cubano Luis Posada Carriles. Washington ha filtrado que no podría entregar al criminal a un país donde se tortura y que no asegura un juicio con todas las garantías. Se trata de un subterfugio para que Posada no tenga que enfrentar la acción de la justicia venezolana y evitar el riesgo de que diga todo lo que sabe de la familia Bush en un juicio apegado a derecho.
Volviendo al proyecto de Washington para desestabilizar a Venezuela imponiendo su voluntad en la OEA, veremos que está condenado al fracaso. Corren nuevos tiempos en América Latina.