Si hace unos días comentaba que ocho entidades financieras de este país habían conseguido que el Banco de España les otorgara el plácet para evitar su supervisión en materia de control de riesgos, era de esperar que su ofensiva no se detuviera ahí. Ocupados en tratar de escapar a cualquier tipo de control público sobre […]
Si hace unos días comentaba que ocho entidades financieras de este país habían conseguido que el Banco de España les otorgara el plácet para evitar su supervisión en materia de control de riesgos, era de esperar que su ofensiva no se detuviera ahí.
Ocupados en tratar de escapar a cualquier tipo de control público sobre su actividad, en esta semana pasada han planteado la necesidad de que el Banco de España elimine la normativa que les obliga a proveer una parte de sus beneficios en forma de reservas denominadas «genéricas» o «anticíclicas». Estas reservas se dotan con el objetivo de que, en caso de crisis financiera, los bancos y cajas se encuentren en una mejor situación para enfrentarla a partir de sus propios recursos y complementan a las reservas que deben constituir cuando se declaran casos de morosidad.
La racionalidad económica de crear esas reservas es, a mi juicio, evidente: si el sector bancario ha experimentado una época de bonanza sin precedentes gracias, en gran medida, al auge del sector inmobiliario, los riesgos de que la elevación de los tipos o el empeoramiento de las condiciones económicas generales colocaran a bancos y cajas en una posición delicada exigían de una regulación que los obligara a dotar un mayor volumen de reservas de forma preventiva.
Este comportamiento no les debería resultar ajeno a banqueros y grandes empresarios en general cuando es precisamente el que demandan de los ministros de Economía de turno (y al que, por cierto, tan gustosamente se acoge Solbes): austeridad presupuestaria y generación de superávit fiscal en tiempos de crecimiento económico para prevenir la época de recesión que, normalmente, siempre acaba por aparecer con mayor o menor intensidad. ¡Que no se le vaya a ocurrir al gobierno tratar de utilizar esos momentos de expansión para reducir la brecha social que nos separa de Europa!
Así que, de entrada, se entiende mal que lo que piden para los demás no lo quieran aplicar en casa.
Pero es que se entiende peor que vengan a solicitar la eliminación de esas reservas en un contexto de crisis financiera generalizada. Y, aunque es cierto que la intensidad de ésta es menor en Europa que en Estados Unidos, los bancos no deberían olvidar que gran parte de esa situación obedece a las inyecciones de liquidez que el Banco Central Europeo ha realizado en los últimos meses. Es decir, intervención pública aunque desde una institución tan poco «pública» y democrática como el susodicho Banco Central Europeo.
Pero es que, además, tampoco se entiende en un momento en el que la crisis del sector inmobiliario en España, el mismo cuya expansión especulativa ha proporcionado tantos beneficios al sistema bancario, es una realidad manifiesta y difícil de ocultar. Basta con constatar, por ejemplo, el aumento de la morosidad continuada durante los últimos meses.
Y ya lo que no se entiende nada es que traten de justificar su petición aludiendo a argumentos falaces. Así, mientras que por un lado afirman que esas reservas disminuyen sus beneficios frente a los bancos europeos y eso podría facilitar la compra de sus entidades por parte de éstos; por otro lado, no dudan en vanagloriarse -como lo hacía el presidente del BBVA, Francisco González, que imagino que algo de esto debe saber-, de que «el sistema bancario español no es sólo el más eficiente de Europa, sino también, el más dinámico y rentable. Y todo ello en un marco de solidez patrimonial y clara mejora en la gestión del riesgo». A ver, ¿en qué quedamos?
O sea, que ni el interés general justifica su petición, ni el momento es el oportuno para realizarla, ni los argumentos con los que tratan de respaldarla parecen ciertos. ¿No harían mejor en callarse?
Alberto Montero Soler ([email protected]) es profesor de Economía Aplicada de la Universidad de Málaga y miembro de la Fundación CEPS. Puedes visitar su blog «La otra economía».