A mérica Latina sufre el flagelo del trabajo forzoso que padecen 1,3 millones de personas en condiciones de esclavitud y que tiene sus puntos más dramáticos en Bolivia, Brasil, Paraguay y Perú, según un informe de la Organización Internacional del Trabajo difundido este miércoles.El 75% de personas que viven bajo esta situación son víctimas de […]
A mérica Latina sufre el flagelo del trabajo forzoso que padecen 1,3 millones de personas en condiciones de esclavitud y que tiene sus puntos más dramáticos en Bolivia, Brasil, Paraguay y Perú, según un informe de la Organización Internacional del Trabajo difundido este miércoles.
El 75% de personas que viven bajo esta situación son víctimas de coerción y de explotación, mientras que el resto son sometidas a trabajo forzoso impuesto por el Estado o caen en redes de explotación sexual comercial forzosa.
De la cifra total de afectados en la región, 250.000 personas han sido objeto de la trata de personas en el plano nacional o internacional.
La OIT estima que en América Latina y el Caribe el trabajo forzoso genera ganancias que llegan a los 1.300 millones de dólares.
Este diagnóstico figura en el estudio de la OIT denominado ‘Una alianza global contra el trabajo forzoso’ que fue presentado en Lima por Daniel Martínez, Director Regional de la OIT para América Latina y el Caribe.
Para frenar este problema, el organismo internacional ha lanzado una campaña a nivel mundial para «forjar una alianza mundial contra el trabajo forzoso» que afecta sobre todo a naciones en vías de desarrollo.
El documento identifica zonas de trabajo forzoso en la región subandina y amazónica y considera que los trabajadores agrícolas, sobre todo indígenas de Bolivia, Paraguay y Perú, trabajan en condiciones de servidumbre por deudas, debido al pago de adelantos de sueldos de contratistas privados.
«Los pueblos indígenas de zonas remotas son particularmente vulnerables al reclutamiento forzoso y a la servidumbre», dijo Ricardo Hernández, Director de la Oficina Subregional de la OIT para los países Andinos al subrayar que eso es expresión de la marginación y discriminación en que viven muchos trabajadores indígenas.
El caso «más flagrante y violatorio de los derechos humanos» en el área andina -según la OIT- es el de los nativos guarraníes que viven y trabajan en haciendas ganaderas de Paraguay y de su vecino Bolivia.
«Se trata de miles de trabajadores que reciben salarios bajísimos, muchos reciben una comida diaria («maíz con agua»), a otros no se les permite tener animales para su supervivencia, muchos otros tienen el apellido del patrón y se dirigen a ellos como ‘papi y mami'», refiere el informe.
Si no cumplen con sus labores reciben latigazos, según confirman testimonios audiovisuales recogidos por la OIT entre los afectados.
Otras zonas donde impera el trabajo forzoso se encuentran en el estado de Pará, en la región amazónica de Brasil, donde el «trabajador esclavo» afronta condiciones degradantes y no puede escapar de las granjas debido a supuestas deudas y a la presencia de guardias armados.
Similares situaciones existen en Bolivia en zonas agrícolas amazónicas de Santa Cruz y en particular en el Chaco boliviano, así como en Perú entre los trabajadores reclutados para trabajo forzoso en la cuenca amazónica en labores ilegales de extracción de madera.
En esos lugares trabajan adolescentes menores de edad donde las posibilidades de fugarse de campamentos son reducidas, precisó la OIT.
«En general, los grupos indígenas quedan atrapados en un círculo vicioso de pobreza en zonas remotas del cual les resulta cada vez más difícil escapar», remarcó Hernández.
Frente a esta cruda realidad, Brasil reconoció oficialmente ante la OIT en 1995 la existencia de trabajo forzoso y desde entonces ha dado importancia a la lucha contra este problema.
Bolivia, Paraguay y Perú también han comenzado a adoptar importantes medidas orientadas a desarrollar nuevas políticas de lucha contra el trabajo forzoso, detalló la OIT.
El informe señala además que están en ejecución varios proyectos de la OIT que buscan eliminar la trata de niños en América Central, Panamá, República Dominicana, Argentina, Paraguay, Brasil, México, Chile, Colombia, Paraguay y Perú.