Golpeada y muerta por vecinos en la ciudad de Guarujá (Estado de San Pablo), la ama de casa Fabiane María de Jesús, 33 años de edad, fue atacada por una multitud que creía que ella estaba involucrada en el secuestro de niños para la realización de rituales de magia negra. La reacción de la población […]
Golpeada y muerta por vecinos en la ciudad de Guarujá (Estado de San Pablo), la ama de casa Fabiane María de Jesús, 33 años de edad, fue atacada por una multitud que creía que ella estaba involucrada en el secuestro de niños para la realización de rituales de magia negra. La reacción de la población estuvo incentivada por la publicación en facebook de un retrato hablado de una mujer, lo cual fue lo que llevó a creer que sería ella la sospechosa del delito. Su caso no es el único, ella fue la 20ª persona asesinada en una situación de «justicia por manos propias» este año, en Brasil.
En febrero último, un adolescente, acusado de robo, fue atado desnudo a un poste en la ciudad de Río de Janeiro, con una traba de bicicleta, por un grupo que se autoproclamó como los «justicieros». El caso tuvo espacio en la prensa nacional y en las redes sociales de internet. Mientras los críticos de la violencia clasifican la situación como «vuelta a la Edad Media», parte de la población del país adoptó la ironía «adopte a un bandido», para criticar a los/las defensores/as de derechos humanos.
En la época del caso del adolescente atado al poste, la presentadora Rachel Sheherazade, del Sistema Brasilero de Televisión (SBT), expresó su apoyo e incentivó esa práctica, causando polémica entre la población. En facebook, grupos y páginas que reúnen a los autoproclamados «justicieros» proliferan. Una de ellas tiene más de 2 mil seguidores y utiliza una calavera como marca. «Lajusticiaes lavenganzadel hombresocial, así como la venganza es lajusticia del hombre salvaje». Esta sentencia del filósofo griego Epicuro está estampada en el perfil. Al definir lo que es ser «justiciero» se publica: «No hay mucha diplomacia a la hora de hacer lo correcto, se acostumbra hacer eso a quemarropa».
En los últimos tres meses, por lo menos otras 37 personas fueron víctimas de linchamientos en el país. Un relevamiento realizado por el Núcleo de Estudios de la Violencia, de la Universidad de San Pablo (USP), señala que casos de robo y secuestro son los que más generan esta reacción en la población. La segunda razón sería el propio homicidio, provocando una respuesta de los propios ciudadanos sobre la sensación de inseguridad que existe en las grandes ciudades. Los Estados de San Pablo, Bahía y Río de Janeiro lideran los casos entre los años 1980 y 2006 en Brasil, registrando 580, 204 y 180 casos, respectivamente.
En su intento por comprender el fenómeno, los analistas señalan que el linchamiento ataca siempre al mismo blanco: víctimas de sectores de bajo poder adquisitivo, ya acometidas por el abuso policial y por la exclusión de las políticas públicas. Sería una insurrección en reacción por las fallas o ausencia del Estado, como el mal servicio prestado y el propio miedo a la violencia, desaguando con vehemencia en más agresividad. Otro elemento de este contexto serían los medios de comunicación como potenciadores del ímpetu por soluciones inmediatas por parte de la población, que dejaría de lado las reglas sociales y jurídicas.
En un artículo publicado en la revista Carta Capital, el diputado Jean Wyllys (Psol), miembro de la Comisión de Derechos Humanos y de Minorías de la Cámara Federal, indica que cuestiones de racismo llevarían al llamado «ajusticiamiento». Según él, también una cultura de tortura y un modelo de desarrollo fundador de periferias urbanas, implantado por la dictadura militar en Brasil, todavía estarían arraigados en la población. Para Wyllys, el Estado estimula la insurrección por estar en deuda también en educación, salud, vivienda de calidad, acceso a la cultura y a la justicia con este contingente.
«Cualquiera de nosotros puede ser víctima de linchamiento, pero, en la práctica, las personas más pobres son las más vulnerables al mismo, porque históricamente fueron separadas de los derechos (…) por discursos que las descalifican como seres humanos. (…) Los noticieros televisivos, y antes los medios de comunicación impresos, descalifican a las poblaciones más pobres, asociándolas con la criminalidad y la violencia urbana», agrega el parlamentario.
En entrevista con Adital, Isabel Lima, investigadora de la ONG Justicia Global, que trabaja en la promoción de derechos humanos, advierte que el Estado tiene el deber de proveer los servicios necesarios, tales como, proteger a la población de los actos de violencia. Un camino para la superación de esto sería el fortalecimiento de una cultura de derechos en Brasil.
Adital – ¿Cuál es la responsabilidad del Estado en un caso de linchamiento?
Isabel Lima – Tanto basados en el ordenamiento jurídico interno como también en los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Brasil, la responsabilidad del Estado en un caso de linchamiento es el de «proteger» (evitar que el linchamiento ocurra, aprobar legislación que penalice esa conducta) y, cuando no es posible evitarlo, el de investigar, juzgar (en un juicio imparcial e independiente) y castigar a los responsables del delito cometido.
AD – ¿»Justicia por manos propias» es parte de la cultura brasilera?
IL – Llama la atención en el caso en cuestión (como de manera general en los casos de linchamiento) la argumentación utilizada por las personas para demostrar su repudio a la acción: «¡Ella era inocente!». Como si, en el caso de que la situación contraria ocurriera (ella realmente sea la responsable de los supuestos secuestros de niños para la realización de rituales de magia negra), el hecho de que ella sea culpable justificara el delito.
En este sentido, cabe recordar que la pena de muerte está prohibida en Brasil, pero el país está entre los países que más mata a sus ciudadanos, principalmente mediante el accionar de la policía, y también por no lograr evitar este tipo de acciones. En la práctica, tenemos una pena de muerte informal, sin el debido juicio y defensa, siendo aplicada en forma paralela al sistema legal.
Las personas acostumbran justificar los ajusticiamientos basadas en la sensación de impunidad e ineficiencia del sistema de justicia y de seguridad pública para asegurar sus derechos. Seguridad pública eficiente no significa más violencia y más castigo. Brasil tiene muchas leyes penales y es uno de los países con mayor población carcelaria en el mundo. Esto no ha resuelto el problema de seguridad pública.
De la misma manera, el ajusticiamiento no es justicia (en ningún momento, Fabiane María de Jesús tuvo la oportunidad de defenderse y de probar su inocencia), ni contribuye a su fortalecimiento, todo lo contrario. El sistema de seguridad pública y de justicia se fortalece con el fortalecimiento de sus instituciones y no con una política de venganza/justicia por manos propias.
AD – ¿Cómo esto puede superarse?
IL – Por el fortalecimiento de una cultura de derechos. El derecho del ciudadano común a no ser víctima del secuestro de niños es tan válido como el derecho de otra ciudadana (en este caso, la persona linchada) de vivir y, en el caso de ser acusada de un delito, de poder defenderse con asistencia jurídica ante un tribunal independiente, que aplica de manera imparcial leyes previamente establecidas. De no ser así, alimentaría una espiral de violencia, que sólo da como resultado más violaciones de derechos y toda la sociedad pierde con esto.
Fuente: http://site.adital.com.br/site/noticia.php?boletim=1&lang=ES&cod=80537
Traducción: Daniel Barrantes – [email protected]