Pude observar en Aporrea el artículo «El Derecho de autor no es una forma de propiedad« escrito por una de las «eminencias» del stablishment imperialista, quien últimamente parece estar intentando infiltrarse en el gobierno bolivariano para reventar desde dentro nuestra lucha por profundas transformaciones que nos permitan recuperar la soberanía cultural, entregada por los gobiernos […]
Pude observar en Aporrea el artículo «El Derecho de autor no es una forma de propiedad« escrito por una de las «eminencias» del stablishment imperialista, quien últimamente parece estar intentando infiltrarse en el gobierno bolivariano para reventar desde dentro nuestra lucha por profundas transformaciones que nos permitan recuperar la soberanía cultural, entregada por los gobiernos lacayos de la cuarta república. Junto a él anda Francisco Astudillo, quien fue director del SAPI durante el gobierno de Caldera, cuyo consultor jurídico, Antonio Rosich, le metió una demanda chimba a nuestro Presidente Chávez por «lesa humanidad» en España, como si aún fuésemos una colonia de ese país.
(Antequera y Astudillo sin embargo le dieron, recientemente, un taller a todos los asesores jurídicos de los entes adscritos del Ministerio de Ciencia y Tecnología, dictándoles cátedra sobre propiedad intelectual. ¿Cómo podrá explicar el ministro Navarro esto?)
En el artículo de Antequera se reflejan los principios ideológicos imperialistas más claros y conocidos, como este:
* El derecho de autor («…debe dilucidarse a la luz de las ciencias jurídicas» con lo cual mantiene la doctrina de que las leyes son asunto de los abogados, implantada por las grandes empresas transnacionales, que han formado (¿o deformado?) grupúsculos «expertos» en derechos de autor, que actúan a través de bufetes que se niegan a perder el monopolio, entre los que se cuenta el bufete del «experto» cuyo artículo estamos comentando; gente que sin duda quiere demostrar que las leyes que ellos hicieron para favorecer a sus patronos son científicamente correctas y deben ser aceptadas.
Pero nuestra Constitución consagra el derecho de los ciudadanos y las ciudadanas, los dolientes, a redactar sus leyes, presentarlas en la Asamblea Nacional y lograr que sean aprobadas. Es el poder popular, pero claro, de eso no saben ni quieren saber las empresas que explotan la cultura de los pueblos.
El artículo de Ricardo Antequera Parilli está plagado de trampas cazabobos que, por medio de una aburrida jerga leguleya, pretenden adormecer a la gente y mantener el status quo que justamente queremos transformar. De esa manera cita principios jurídicos, prácticas, leyes y tratados que él mismo redactó, como si fueran la verdad universal.
También habla del artículo 27 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pero omitiendo el primer párrafo, que trata del derecho de Toda Persona, es decir, de todo el mundo a disfrutar de las artes y las ciencias.
Incluye en su texto la patraña de que el convenio de Berna fue producto del sueño del gran Víctor Hugo.
Mi abuela decía que los mentirosos suelen atestiguar con muertos porque no pueden desmentir a quien está usurpando su nombre para usarlo con fines oscuros.
Aunque la obra literaria de Víctor Hugo es inmortal, ciertamente el Maestro no puede regresar de su descanso eterno para desmentir a este agente ideológico del imperialismo, que en su patraña seudo docta se atreve a hablar en nombre de unos presuntos sueños del escritor, con el fin de rodear el tal convenio, que es el fundamento de la doctrina dominante de las empresas explotadoras, de una falsa aureola romántica, cuando la realidad es que quienes se benefician de la legislación vigente de derechos de autor son las empresas, las que tienen el capital, que terminan confiscando de hecho los derechos inalienables de los autores y las autoras.
Veamos quién es Ricardo Antequera Parilli en verdad.
Según una biografía publicada por CEDCA (centro empresarial de conciliación y arbitraje, tomada de la ágina web de Parilli, esta «eminencia» es:
«Redactor de los proyectos aprobados como leyes en Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Venezuela » y sus reglamentos, «co redactor de la decisión 351 (ley comunitaria de Derechos de Autor) de la Comunidad Andina de Naciones (…)» y otros trabajos que siguen la misma línea imperial.
Esas leyes son prácticamente un trabajo de cortar y pegar, cambiando nombres de países, sobre el mismo texto de la ley que redactó a las empresas para Venezuela, aún vigente en cuyo texto (artículo 59) entrega los derechos de explotación de los autores a las empresas por toda su duración y aparece varias veces la frase de que los derechos morales se respetarán «siempre que no perjudiquen la explotación de la obra», principios que aparecen en los convenios internaciones de derechos de autor que defiende Ricardo Antequera Parilli.
* En su bufete está Manuel Antonio Rodríguez, director de la BSA (Bussiness Software Alliance) en Venezuela, a la cual estás afiliadas empresas como Microsoft Corporation; y varios «agentes de la propiedad industrial», «expertos» en negocios corporativos y cosas así, a la orden de corporaciones que bien les pagan.
El carácter neoliberal de las leyes redactadas por este angelito es tal, que debieran llamarse con mayor propiedad «leyes sobre la explotación de las obras», o mejor dicho, de los derechos de las empresas transnacionales.
* Es uno de los «expertos» de la OMPI, que es un organismo de Naciones Unidas completamente al servicio de las empresas transnacionales y en contra de toda transformación del injusto sistema de «propiedad intelectual» y «derechos de autor» vigente en el mundo.
* En síntesis, es un representante directo y reconocido internacionalmente, del imperio mismo.
Tal vez las empresas que nos roban los esfuerzos culturales no encuentran ya quien las defienda porque son indefendibles, porque no tienen argumentos valederos y porque, en síntesis, no tienen razón. Y por eso envían personalmente a este sujeto a penetrar profundamente en nuestra área, para pretender confundirnos y quizás hasta dividir nuestras opiniones.