Las posiciones adoptadas por las potencias económicas mundiales para continuar con la explotación de los países más pobres, y el rechazo y la unión de las naciones en desarrollo en contra de esas políticas, motivaron el fracaso de la reciente ronda celebrada en Ginebra y a la que asistieron 60 ministro de Relaciones Exteriores de […]
Las posiciones adoptadas por las potencias económicas mundiales para continuar con la explotación de los países más pobres, y el rechazo y la unión de las naciones en desarrollo en contra de esas políticas, motivaron el fracaso de la reciente ronda celebrada en Ginebra y a la que asistieron 60 ministro de Relaciones Exteriores de los 149 Estados miembros.
Ante la incapacidad para conciliar acuerdos, debido a las posiciones de fuerza esgrimidas por Estados Unidos y otras naciones desarrolladas, los asistentes decidieron aplazar hasta finales de julio sus decisiones sobre la Ronda de Doha y, mientras tanto, poner en marcha un nuevo método de negociación, que encomendaron al director general de la OMC, Pascal Lamy.
«No hemos hecho progresos. Hay que admitirlo. Es una crisis, pero parece manejable, y todavía no hay pánico», indicó Lamy, y explicó que en las próximas semanas entablará intensos contactos diplomáticos en busca de un arreglo
Los países en desarrollo han unido fuerzas para contrarrestar las verdaderas proyecciones de las negociaciones que se dirimen dentro de la Organización Mundial del Comercio (OMC), las cuales comparan con acuerdos como el Area de Libre Comercio para las Américas (ALCA) que Estados Unidos ha intentado imponer a la América Latina.
Esas iniciativas sobre libre comercio fueron propuestas en Doha, Qatar, en 2001 con el argumento de que impulsarían la economía mundial mediante la eliminación de las barreras arancelarias las cuales, en términos reales auguran que las naciones desarrolladas y las transnacionales se engullirán económicamente a los países en vías de desarrollo.
Desde entonces, la OMC ha sufrido fracaso tras fracaso durante cinco largos años sin poder llegar a una solución final por la negativa de los Estados ricos a suprimir los subsidios a sus exportaciones al amplio sector agrícola, y la necesidad de bajar los impuestos a los productos procedentes de los países pobres.
Estados Unidos, la Unión Europea y Japón insisten en que antes de alcanzar esas decisiones los países pobres deben liberar sus sectores industriales y de servicios a la entrada de capital foráneo.
El secretario de Agricultura norteamericano, Mike Johanns, presente en la reunión, fue muy claro en sus amenazas al decir que Washington solo reduciría sus subsidios agrícolas si obtiene garantías de mejores oportunidades para vender a mercados en desarrollo y europeos.
Las palabras de Johanns se interpretaron en el auditorio como, «o se abren y nos dejan penetrar a nuestro antojo en los mercados internacionales o no ofrecemos nada.»
La representante de Comercio Exterior de Estados Unidos,
Susan Schwab, reforzó el mensaje: «a menos que haya un mayor acceso a los mercados sobre la mesa, es difícil de imaginar que haya un mayor diálogo sobre subsidios.
El valor total general de las subvenciones a la agricultura (productores, más apoyos a servicios agrícolas generales como infraestructuras) en los países desarrollados alcanzó 309 983 millones de euros en 2005 en la zona de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE).
Esta organización agrupa a los países más desarrollados, entre ellos la Unión Europea, Estados Unidos, Corea del Sur, Suiza, México, Australia, Canadá y Japón.
Las ayudas que otorgaron los países de la Unión Europea fue de 121 093 millones de euros; Estados Unidos, 88 248 millones; Japón, 47 928 millones; Corea, 21 321 millones, por citar algunos. En total representan más del 30% de los ingresos de sus productores.
Como es lógico, el nivel actual de protección a los productos agrícolas en las naciones poderosas, repercute en una baja de los precios mundiales y en una distorsión de los intercambios donde es imposible que puedan competir los menos desarrollados.
Para enfrentar las presiones y defender en forma conjunta sus derechos, han surgido varias alianzas dentro de la OMC que como el G20 (lo integran 21), incluye a países emergentes que encabezan Brasil e India y critican las políticas agrícolas de los ricos.
El G33 (42 miembros) lo forman naciones en vías de desarrollo que defienden el concepto de «productos especiales», importantes para sus agriculturas y para los que piden mantener un mayor nivel de protección.
El Africa-Caribe-Pacífico (ACP, 56 miembros) reúne entre otros a ex colonias que quieren conservar un acceso preferencial al mercado europeo.
El Grupo Cairns que con 17 integrantes agrupa a grandes exportadores agrícolas, desarrollados o en vías de desarrollo, todos hostiles a las subvenciones o apoyos de la Unión Europea y de Estados Unidos a sus respectivas agriculturas.
Varios países pertenecen indistintamente a dos o tres grupos para poder influir más en sus criterios como lo hacen China, Sudáfrica, Indonesia, Cuba e India, entre otros.
Lo cierto es que el fracaso en la OMC agudiza la crisis de esa institución, lo que supone un revés a los objetivos de desarrollo de la Ronda de Doha y se teme que sin una agenda para la próxima reunión a finales de julio, todo pueda concluir en un rotundo caos.