El Ministerio del Trabajo y Empleo (MTE), conjuntamente con el Ministerio Público del Trabajo (MPT) y la Policía Federal (PF) encontró, durante operación de fiscalización realizada durante el mes de Julio, 12 trabajadores en condiciones similares a la esclavitud en la hacienda ligada al grupo Maxiplast, entre ellos había cuatro menores de 18 años. De […]
El Ministerio del Trabajo y Empleo (MTE), conjuntamente con el Ministerio Público del Trabajo (MPT) y la Policía Federal (PF) encontró, durante operación de fiscalización realizada durante el mes de Julio, 12 trabajadores en condiciones similares a la esclavitud en la hacienda ligada al grupo Maxiplast, entre ellos había cuatro menores de 18 años.
De acuerdo con el MPT, la finca situada en el municipio Calmon de Santa Catarina (región Centro-Oeste del Estado) pertenece al grupo Maxiplast Packing Co. «y es propiedad de Claudio Busato Anito. Maxiplast opera en la producción de envases para la industria alimentaria, especialmente las empresas frigoríficas, y sirve de material para grupos como BR Foods (propietario de las marcas Sadia y Perdigao), JBS y Seara.
En la operación llevada a cabo en la granja de Calmon, por grupos de la inspección móvil del gobierno federal en el sur, la situación de los trabajadores era muy precaria y llena de irregularidades.
Los trabajadores rescatados estaban alojados en una casa con «dos pequeñas habitaciones y una cocina, en condiciones degradadas ante la falta de saneamiento, el exceso de trabajadores por habitación, la falta de camas, usándose trozos de goma espuma hediondos como colchón, ropa de cama y mantas con el mismo aspecto, bombonas de gas en ambos cuartos y la cocina», según apuntaba el relato de la MPT.
En el lugar de trabajo destinado a la recogida, no se les proporcionaba las condiciones mínimas para un trabajo digno a los empleados. No había suministro de agua potable o equipos de protección personal, y no había aseos ni un lugar cubierto para comer.
Los empleados fueron reclutados para trabajar para un contratista de mano de obra (la tradicional figura del «gato»), y ninguno de los doce tenían firmado su carta de trabajo y prevención social (CTPS). En la hacienda había otros cinco trabajadores en situación legal.
Gran parte de los trabajadores provenían de ciudades cercanas a la granja, de los estados de Santa Catarina y Paraná. La mayoría había llegado hacía menos de un mes y recibían cerca de $ 1,20 (medio euro) por arroba (unos 11 kilos) cosechada de yerba-mate, que según el fiscal Eder Sivers, no genaraba ingresos de un salario mínimo por mes.
Reincidencia
Si bien las actividades en el campo representan una parte menor de la actuación de los envases Maxiplast LTDA, en la zona en que se llevó a cabo el rescate el grupo propietario contaba con varias fincas.
La inspectora fiscal del MTE Luize Surkamp Neves afirmó que la compañía era reincidente en denuncias de trabajo degradante, y que otro finca del grupo en Caçador (SC), había sido multada en una inspección anterior. La investigación había regresado recientemente a esa explotación y, de acuerdo con el fiscal Sivers, encontró los alojamientos en perfectas condiciones. Para el fiscal este cambio mostraba la importancia de las auditorías para mejorar las condiciones ofrecidas a los trabajadores.