1.- Nada más peligroso para una sociedad que aquello que ocurre cuando los demonios que existen en los organismos policiales, inspirados en sórdidas concepciones sobre el orden público y la seguridad de Estado, se liberan. Cuando los gobiernos pierden el control sobre ellos y éstos comienzan a hacer su propia política. Entonces llega el momento […]
1.- Nada más peligroso para una sociedad que aquello que ocurre cuando los demonios que existen en los organismos policiales, inspirados en sórdidas concepciones sobre el orden público y la seguridad de Estado, se liberan. Cuando los gobiernos pierden el control sobre ellos y éstos comienzan a hacer su propia política. Entonces llega el momento en que la institucionalidad se inhibe y el vacío lo llenan los que conducen esos aparatos. Es posible que en la composición de un gobierno, entre sus miembros, no exista voluntad de reprimir. De ejercer a discreción el poder de policía y violar derechos fundamentales. No lo pongo en duda. Pero si no hay garantías de control, el morbo de la arbitrariedad termina por imponerse, desde abajo, con resultados nefastos. Durante la IV República vivimos esa desoladora experiencia. No pretendo absolver a los dirigentes de entonces de su responsabilidad en los desbordamientos de esa franja de la autoridad sin escrúpulos, de comandos policiales y militares, dirigida por oscuros personajes con entrenamiento para matar, torturar y desaparecer. ¡No! Su responsabilidad consistió en la permisividad que auspiciaron. A admitir que lo que esos organismos hacían se justificaba -sin verificación alguna- por razones de seguridad de Estado.
2.- Lo que escribo está relacionado con hechos que vienen ocurriendo con inquietante regularidad en el país; reveladores de fallas en el control de los cuerpos de seguridad. Se repiten las agresiones a los ciudadanos. Constantemente me llegan informes sobre el ajusticiamiento de personas, de procedimientos de captura con violación de la ley. De operativos policiales y militares en los que se veja a las personas, se las extorsiona, e, incluso, de casos de secuestros efectuados por las propias autoridades.
3.- Lo que ocurre avanza peligrosamente y me siento obligado a plantearlo. Es algo que se extiende. Que revela una situación en la que la delincuencia común y la policial se dan la mano, producto de un grave proceso de retroalimentación cuyo efecto más acusado es el descrédito de la institucionalidad. He conversado sobre el tema con personas que comparten la misma inquietud, pero confieso que me alarma que se subestime el fenómeno. Que se le soslaye para atender otros problemas que, si bien son importantes, no tienen el efecto letal de éste. Tengo acceso a información sobre el desprecio por la vida humana que se abre paso en el entramado policial. De hechos que estoy consciente que repudia un gobierno integrado y apoyado por gente que durante toda la vida ha luchado contra este tipo de perversiones. Que convirtió en bandera la causa de los derechos humanos y el respeto a valores democráticos. Pero que están ocurriendo y se expanden peligrosamente.
4.- Mi preocupación por lo que pasa aumentó con lo sucedido en Quinta Crespo el martes 30 de septiembre. En el lenguaje del escritor argentino Rodolfo Walsh -asesinado cuando los militares gobernaban Argentina-, lo que pasó ese día en el centro de Caracas tiene características de una «Operación Masacre» (título de un libro suyo): la brutal eliminación de un grupo de peronistas. Estoy consciente de las diferencias entre uno y otro episodio. Pero la manera como comandos del Cicpc asesinaron a cinco militantes chavistas, integrantes de un Colectivo, y en vez de detenerlos y requerir la presencia de la Fiscalía procedieron a acribillarlos ante sus familiares con decenas de disparos, es algo inaceptable en democracia. Algo que tipifica un procedimiento expedito de ajusticiamiento con la excusa de que se trata de delincuentes. ¿Qué autoridad judicial determinó tal condición? Pregunto entonces, ¿cuándo Odremán, Chávez y el resto, muertos en Quinta Crespo, dejaron de ser luchadores populares y se convirtieron en hampones? ¿No se imponía investigar sus casos en el marco del respeto a sus vidas y al debido proceso? Pero hay algo más: este tipo de procedimiento al margen de la ley se repite. Sé de los casos de 10 ciudadanos asesinados, últimamente, de la misma forma. Lo cual revive en la memoria las masacres consumadas durante los gobiernos puntofijistas.
5.- Estos graves hechos acaecidos en el país, todos por el mismo corte, obligan al gobierno a adoptar medidas de excepción, para impedir la metástasis. Para impedir la impunidad. Para impedir el deterioro de la imagen gubernamental y que crezca la sensación de caos que provocan estos sucesos. Sé que el presidente Maduro está indignado, como hombre que siempre ha luchado contra estas despreciables manifestaciones represivas. Por consiguiente, es hora de actuar. De desmontar lo que haya que desmontar, y de aplicar severas medidas para impedir que la maldición de la Cuarta República en tan delicada materia, se reproduzca en la Quinta…