Los Juegos Panamericanos (Pan) 2007 se realizarán entre los días 13 y 29 de julio en Río de Janeiro. La ciudad pasó por varios cambios y los gobiernos municipal, estatal y federal gastaron cerca de 3.500 millones de reales. Sin embargo, solamente una parte de la población está siendo beneficiada, además de los grandes medios […]
Los Juegos Panamericanos (Pan) 2007 se realizarán entre los días 13 y 29 de julio en Río de Janeiro. La ciudad pasó por varios cambios y los gobiernos municipal, estatal y federal gastaron cerca de 3.500 millones de reales. Sin embargo, solamente una parte de la población está siendo beneficiada, además de los grandes medios que están invirtiendo masivamente en el evento. Mientras tanto, las personas que viven en las favelas (villas miseria) están atemorizadas por la dura política de seguridad impuesta y temen que el número de víctimas pueda aumentar con la realización del Pan.
En protesta contra toda esa política criminalizadora de la pobreza, movimientos y organizaciones sociales de Río de Janeiro van a realizar una serie de manifestaciones para llamar la atención de las delegaciones internacionales y del propio poder público. El día 10 de julio, en ocasión del pase de la Antorcha Panamericana por Nova Iguaçu, familiares de víctimas de agresiones van a reunirse frente a la Alcaldía de la ciudad en un acto de protesta contra la violencia en la Bajada Fluminense.
El día de la apertura de los juegos, el 13 de julio, las organizaciones que participan de la Campaña Contra el Caveirão (vehículo policial blindado que porta una calavera como insignia) realizarán, a las 11h de la mañana, frente a la Alcaldía, un acto contra la criminalización de la pobreza y las reformas que ocurren en la ciudad, retirando derechos a los ciudadanos. En la ocasión, serán distribuidos manifiestos y una carta abierta a la población firmada por las entidades que participan de la Campaña iniciada en marzo de 2006. En la carta, los movimientos acusan al gobierno de criminalizar al habitante de las favelas, eligiendo el exterminio de jóvenes y negros como verdadera política de seguridad de estado. «Por más que el gobierno estatal declare públicamente que la política de seguridad pública en curso vale para pobres y para ricos, eso no ocurre. Ningún vecino habitante de Ipanema o de Leblon se cruzó con el caveirão (blindado policial) por las calles o sus casas fueron invadidas y robadas por policías» denuncian.
Los movimientos llaman la atención sobre la operación que está ocurriendo en el Complejo del Alemán, que, según las organizaciones, ya mató a por lo menos 44 personas y dejó a otras 80 heridas. Además de esos ataques a las comunidades, las organizaciones denuncian también la «limpieza social» que está siendo ejecutada en la ciudad. «La sociedad necesita reflexionar con más seriedad y discernimiento sobre el apoyo a esta política de seguridad pública que se basa en la ‘limpieza social’. La política de seguridad en curso en Río de Janeiro hoy es responsable del miedo de los niños, del fin de la sociabilidad en las comunidades y ciertamente del aumento de la violencia por toda la ciudad, haciendo del espacio público, otrora ocupado por solidaridades e interacciones, un espacio de miedo y aprensión», afirma un trecho de la carta.
El documento también trae declaraciones de habitantes que fueron alcanzados por la operación policial. En uno de ellos, el vecino cuenta que los policías despedazaron el bar, bebieron refrescos y cervezas, comieron alimentos y se llevaron un celular. Cuando él llegó al final del día al bar estaba todo dado vuelta. En otro testimonio la escena es mucho más chocante: «Yo vi cuando los policías entraron a mi casa, estaba en la casa vecina con mis cinco hijos. Allá adentro ellos torturaron a dos niños y mataron a un hombre. Cuando pude retornar, mi casa estaba toda dada vuelta, mi guardarropa destruido, mi heladera con un tiro. Los policías se llevaron también mi teléfono celular. Mis hijos están traumatizados, no quieren quedarse más aquí. Yo voy a colocar mi casucha en venta».
La directora del Centro de Justicia Global, Sandra Carvalho, cree que de aquí en adelante la situación de los vecinos de regiones pobres sólo va a empeorar: «La proximidad de los juegos ha contribuido al endurecimiento de la actuación policial». Según la directora, comunidades fueron trasladadas y fue limitado el derecho de ir y venir de los habitantes de las favelas. Además, los niños están sin escuela y los puestos de salud están cerrados. Otra crítica que las organizaciones hacen contra la realización del evento es respecto del gran gasto del dinero público. «Ese dinero podría haber sido invertido en políticas públicas que beneficiasen a un mayor número de personas. Además, la mayoría de la población no tiene acceso al lugar donde fueron realizadas las obras», resalta Sandra.
Traducción: Daniel Barrantes – [email protected]