Decenas de organizaciones nacionales y estatales de derechos humanos, movimientos sociales y parlamentarios denunciaron la criminalización de militantes del MST en Gameleira (PE). El día 30 de enero, el juez Antonio Carlos dos Santos, recogiendo el informe del promotor Hipólito Cavalcanti Guedes, decretó la prisión de cinco militantes del MST acusándolos de participar en un […]
Decenas de organizaciones nacionales y estatales de derechos humanos, movimientos sociales y parlamentarios denunciaron la criminalización de militantes del MST en Gameleira (PE). El día 30 de enero, el juez Antonio Carlos dos Santos, recogiendo el informe del promotor Hipólito Cavalcanti Guedes, decretó la prisión de cinco militantes del MST acusándolos de participar en un acto político. La revocación immediata de las prisiones decretadas y la realización de los trámites para la obtención de los títulos de posesión de la tierra son las reivindicaciones centrales. En noviembre del 2005, el Incra (Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria) obtuvo en la Justicia Federal la autorización para la distribución de los títulos de propiedad, de 1,8 mil hectáreas. No obstante, la medida fue suspendida al inicio, hoy contestada por la procuradoría del Incra en El Tribunal Superior de Justicia. La situación causó la indignación de las familias Sin Tierra, que el 5 de diciembre del 2005 realizaron una manifestación.
El 2 de febrero , los acampados del MST en el municipio de Nonoai (RS) dirigieron al Promotor de Justicia denuncias de violencia practicada por pistoleros de un hacienda frente al acampamento. Un avioneta agrícola del terrateniente Alberto Ângelo Tagliari, propietario de la Hacienda Real, fue utilizada para pulverizar veneno sobre las familias, mientras unos pistoleros disparaban diversos tiros contra las barracas. El MST entregó fotografías y proyectiles de armas de fuego como prueba de la denuncia.