Sindicatos y organizaciones defensoras de la salud pública y del ambiente, y varios parlamentarios de Estados Unidos reclaman al gobierno de George W. Bush que ponga fin a las negociaciones de liberalización comercial con tres países andinos o se enfrentará a otra amarga batalla legislativa.
Funcionarios estadounidenses discuten con sus pares de Colombia, Ecuador y Perú el Acuerdo de Libre Comercio Andino-Estadounidense (conocido en inglés por las siglas AFTA).
Las negociaciones podrían terminar este mes, quizás antes del 24, cuando en Estados Unidos se festeje el Día de Acción de Gracias.
«Nos reunimos esta semana con Colombia, Ecuador y Perú. Estamos progresando y reduciendo las diferencias», dijo a IPS la portavoz del representante comercial de Estados Unidos, Neena Moorjani.
En su viaje de este mes por América Latina para promover el congelado Acuerdo de Libre Comercio de las Américas, Bush sostuvo que su país intensificaba las conversaciones por el AFTA.
Pero esta semana, varias organizaciones y legisladores estadounidenses hicieron pública su preocupación porque este acuerdo acabe en un paquete igualmente dañino de las normas laborales y de la agricultura y la salud pública que tratados anteriores.
Varios congresistas escribieron al gobierno, protestando porque el AFTA está concebido a imagen y semejanza de los criticados CAFTA (Acuerdo de Libre Comercio con América Central y República Dominicana) y NAFTA (Acuerdo de Libre Comercio de América del Norte).
El NAFTA fue firmado en 1993 por Estados Unidos, Canadá y México, mientras el CAFTA, negociado también con Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, debería entrar en vigor el año próximo.
El CAFTA, aprobado en julio apenas por dos votos de diferencia en la Cámara de Representantes tras un encendido debate y muchas críticas, prevé la eliminación de las barreras al comercio de Estados Unidos con las seis naciones mencionadas.
Ambos tratados son criticados por sindicatos, organizaciones que defienden un intercambio justo y algunos economistas y legisladores para quienes el libre comercio ha hecho más daño que bien, especialmente para los países en desarrollo y los trabajadores estadounidenses.
Según esos críticos, estos tratados promueven la mudanza de actividades productivas a países más pobres, donde las elites empresariales locales aplican la explotación como principal norma laboral. La oposición también obedece al gigantesco déficit comercial y la pérdida de puestos de trabajo que experimentan algunos sectores de este país.
«Nuestro Congreso (legislativo) se equivocó casi cuatro meses atrás, y aquí estamos de nuevo. El AFTA es casi tan malo como el NAFTA y el CAFTA para las familias trabajadoras», dijo el representante Sherrod Brown.
«Esas son políticas fallidas que venden a las familias trabajadoras estadounidenses y se llevan nuestros empleos al exterior», añadió.
Los críticos agregan que el texto del AFTA carece de protecciones obligatorias a los derechos de los trabajadores, la misma debilidad del CAFTA.
«El CAFTA fue una mala idea para las familias trabajadoras, y nuestro país no puede afrontar otro acuerdo comercial que recompense a los países que tienen normas laborales débiles», sostuvo la legisladora Linda Sánchez.
En la misma línea se manifestaron sindicalistas para quienes este tratado no aborda los problemas laborales más importantes de las tres naciones andinas: el asesinato sistemático de dirigentes y trabajadores en Colombia y las frágiles normas que rigen el mundo del trabajo en la región de los Andes.
Las limitaciones a los derechos de negociación colectiva y de huelga en los sectores público y privado son algunos de los ejemplos citados.
«Este acuerdo comercial es inaceptable. Más sindicalistas fueron asesinados en Colombia en la última década que en todo el resto del mundo, y ése es el país que elegimos para un acuerdo comercial», dijo Thea Lee, directora de política de la AFL-CIO, la mayor central obrera de Estados Unidos.
«Esto es una recompensa por la violencia y el clima de terror en que viven los trabajadores. El actual modelo no funciona: la pobreza y la desigualdad de ingresos están en alza, especialmente en los países con los que tenemos acuerdos, mientras aumenta el déficit comercial y declinan los salarios y el empleo en Estados Unidos», añadió.
Otros alertan que cuestiones en juego en el AFTA, como la agricultura y los derechos de propiedad intelectual, agravarán el drenaje de riquezas de las capas medias y los pobres de las naciones andinas y acabarán dando pie a más inmigración ilegal hacia Estados Unidos.
Estudios de organizaciones no gubernamentales muestran que las demandas de Estados Unidos a las tres naciones (que pertenecen junto con Bolivia y Venezuela a la Comunidad Andina) de apertura de sus mercados agrícolas pueden poner en riesgo al sector rural.
El ACTA implica la eliminación de los aranceles de los tres países a la importación, mientras se mantienen los subsidios estadounidenses a su sector agropecuario.
Algunos predicen que esto podría conducir a un aumento de las plantaciones ilegales de coca (materia prima de la cocaína), en la medida en que los agricultores empobrecidos se vean obligados a abandonar sus cultivos legales en busca de una alternativa redituable.
Así, se socavaría a su vez la política antidrogas de Estados Unidos, que se dedica sobre todo a la eliminación forzosa de cultivos ilegales.
Las normas de propiedad intelectual que Washington promueve podrían poner en riesgo la salud pública de las naciones andinas, afirman los críticos. Entre las previsiones del acuerdo figura la extensión de los derechos de propiedad de 20 a 25 años para compensar las demoras en la aprobación de patentes.
Además, se incluye una prohibición de cinco años al uso de los resultados de pruebas efectuadas por la compañía que originó un medicamento, necesario para la aprobación de medicinas genéricas, y el otorgamiento de patentes de «segundo uso» cuando se descubre una nueva aplicación para un fármaco ya existente.
Al igual que el CAFTA, los expertos afirman que la aplicación del AFTA encarecerá los medicamentos, exigiendo más a los ya exhaustos presupuestos nacionales de salud y limitando el acceso a medicinas de bajo costo para la población pobre de los tres países sudamericanos.
Este mes, 24 legisladores estadounidenses que ya se habían opuesto al CAFTA dirigieron una carta al representante comercial de Estados Unidos, Rob Portman, expresando serias objeciones al AFTA.
«Esas preocupaciones nos llevan a cuestionar si el acuerdo de libre comercio andino promoverá efectivamente el desarrollo económico de esa región, generando al mismo tiempo nuevas oportunidades en Estados Unidos, o si traerá más desempleo, inseguridad y delitos», decía la misiva.