En este artículo el autor sostiene que la desprofesionalización del sistema sanitario se opone al trabajo decente, precariza la vinculación con el SUS y transforma el trabajo en “trabajo precario”, realizado por aprendices.
Desde su creación en 1988, no ha habido un día en que el Sistema Único de Salud (SUS) no haya sido atacado de alguna manera. Muchas veces, con innoble ferocidad, como lo hizo un Bolsonaro cuando publicó en Twitter, en el pico del número de muertes por covid-19, en 2020, que un hospital privado de São Paulo habría «estabilizado» la situación, estaría con «vacantes en la UCI» porque «ya ha dado de alta a 400 pacientes» y habría creado un «protocolo que redujo de 14 a 7 días el tiempo de uso de respiradores». El post terminaba con una queja: «El SUS nunca la buscó para saber qué protocolo se utilizó».
El «protocolo» era una mezcla que unía hidroxicloroquina, azitromicina e ivermectina, una combinación que no sólo es inocua para el covid-19, sino perjudicial para algunos usuarios con enfermedades cardíacas. Los responsables de la creación del llamado «protocolo» conocían la inocuidad y los riesgos. La Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) instalada en la Cámara Municipal de São Paulo acusa a 20 personas vinculadas a la empresa, que se declara «víctima del sistema político», de certificados de defunción fraudulentos y 52 delitos.
Subordinar el SUS a una empresa de sano-negocio, equiparándolas infantilmente, e insinuar que tendría algo que aprender de ella sobre lo que hay que hacer para enfrentar la pandemia del covid-19, es una inversión muy arrogante y una demostración de ignorancia sobre lo que es el SUS, comprensible teniendo en cuenta el perfil político del autor del mencionado tuit, pero es, sobre todo, una forma de atacar, descalificándolo, el sistema público de salud del Estado brasileño.
Cabe destacar que atacar, en lugar de defender, a las instituciones públicas que deberían ser protegidas por las autoridades públicas legalmente responsables de ellas, directa o indirectamente (el cargo lo hizo un senador que es hijo del Presidente de la República), es una característica notable de ambos en su vida pública.
Algunos ataques al SUS son, sin embargo, aún más perjudiciales para el sistema y para los brasileños que, en todos los rincones del país, necesitan, cuentan y se benefician de las acciones realizadas o controladas por el sistema.
El principal ataque, ininterrumpido desde el primer día, y muy grave para él SUS, es el realizado a los recursos utilizados para financiarlo. Ya en la «gestación» se trató de producir la «inanición del brote», dejándolo a la inanición. Bajo el liderazgo del entonces senador José Serra (PSDB), los constituyentes no aprobaron la institución de fuentes estables, que debían garantizar la permanencia, adecuación, suficiencia y flujo a los recursos financieros que debían bancarizar las inversiones y la financiación del SUS, en todos los municipios, base operativa del sistema que se estaba creando.
Para protestar contra la creación de un sistema sin recursos para hacerlo viable, los miembros del PCdoB (Partido Comunista do Brasil) llegaron a votar contra la creación del SUS en la sesión de la Asamblea Constituyente del 17 de mayo de 1988. Pero que se haga justicia: una vez creado el sistema, el PCdoB ha sido uno de los partidos que más firmemente ha defendido el SUS de estos ataques a los que me refiero en este artículo.
En los últimos años, los ataques a los recursos del SUS han agravado mucho este cuadro crónico, ampliando aún más lo que ya se considera un «desfinanciamiento» del sistema. Como mencioné en el artículo «Frente Por la Vida y banalización de la violencia«, análisis económicos confiables indican que más de 48 mil millones de reales han sido extraídos del presupuesto del SUS entre 2018 y 2022.
Además de quitarle dinero al SUS, los recursos que deberían usarse para pagar los salarios de los profesionales de la salud están siendo desviados de su propósito y utilizados para financiar gastos de las Fuerzas Armadas, según una denuncia del Consejo Nacional de Salud (CNS), basada en un análisis de la aplicación de los recursos presupuestarios, realizado por los economistas Francisco Funcia y Rodrigo Benevides, de la Comisión de Presupuesto y Financiamiento, que asesora técnicamente al CNS. Según el estudio, el Ministerio de Defensa tomó más de R$ 150 millones del SUS, para reparar aviones y comprar equipos de oficina.
Una de las competencias del CNS, establecida por la Ley 8142/1990, es evaluar el Informe Anual de Gestión (RAG) del Ministerio de Salud. El consejo ha hecho su trabajo de supervisión y control de la rendición de cuentas del Ministerio de Sanidad: desde 2016 estos informes han sido reprobados. Pero los ataques al SUS no cesan.
Si la desfinanciación es un ataque grave, la desprofesionalización en el SUS es casi un crimen. «Desprofesionalización» es un neologismo que vengo utilizando para referirme al proceso político de larga duración que tiene como objetivo la precarización del trabajo en el SUS se expresa en el amateurismo, en la inestabilidad de la relación laboral y en el trabajo por contrato, según acciones y operaciones predeterminadas, y hace inviable, por acción u omisión, la promoción del trabajo decente en el sistema universal de salud brasileño.
Incluso en los estados en los que la asistencia sanitaria básica está bien organizada y la estrategia de salud familiar está consolidada, como Ceará y Paraíba, predominan los contratos de trabajo precarios (51,3%), representados por contratos de trabajo temporales – o ni siquiera eso, como muestra un estudio publicado en marzo de 2022. Esta situación es aún peor en la mayoría de los estados.
En 1999, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) propuso el concepto de «trabajo decente» como «actividad laboral adecuadamente remunerada, ejercida en condiciones de libertad, equidad y seguridad, capaz de garantizar una vida digna».
Lais Abramo, directora de la oficina de la OIT en Brasil, explica que el «trabajo decente» se apoya en cuatro pilares: «los derechos y principios fundamentales del trabajo, la promoción del empleo de calidad, la ampliación de la protección social y el diálogo social» y tiene como objetivo «estimular la creación de más y mejores empleos, reducir la informalidad, combatir el trabajo infantil, el trabajo esclavo y toda forma de discriminación en el empleo, promover el empleo juvenil, ampliar y mejorar la cobertura de la protección social, impulsar la educación y la formación para el trabajo, fortalecer la productividad y la competitividad de las empresas y reforzar los derechos laborales».
Para Abramo, el trabajo decente se considera un derecho humano y un factor fundamental para «estimular una distribución más equitativa de los beneficios del crecimiento económico, favoreciendo la inclusión social» y la «superación de la pobreza, la reducción de las desigualdades sociales, la garantía de la gobernabilidad democrática y el desarrollo sostenible».
Sin embargo, en el SUS ha predominado lo contrario al trabajo decente. El trabajo indecente es la forma que ha tomado la desprofesionalización en el sistema, lo que representa una violación frontal de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, de las Naciones Unidas, cuyo Objetivo de Desarrollo Sostenible número 8 (SDG#8) exige a los países firmantes, como Brasil, que busquen «promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos y todas». El ODS nº 8.8 establece además que corresponde a los países «proteger los derechos laborales y promover entornos de trabajo seguros para todos los trabajadores, incluidos los trabajadores migrantes, en particular las mujeres, y las personas con empleos precarios».
Es habitual que los análisis sobre el trabajo en el SUS hagan referencia a términos y expresiones como «recursos humanos», «ocupaciones», «plantilla», «trabajadores», «personal sanitario», entre otros. Se trata de formas de referirse que son coherentes con diferentes alineaciones y marcos teóricos para tratar el tema. Son enfoques técnicos, supuestamente objetivos, y que buscan la legitimidad de esta forma de abordar. Yo mismo lo hago, en varias situaciones. Pero en este artículo, me gustaría destacar la relevancia de utilizar el término «profesionales» para referirse al tema, porque de eso se trata exactamente, considerando que las palabras no son neutras, ni inocentes, sino que por el contrario, están cargadas de significados.
La afirmación de la condición profesional de quien trabaja en el SUS tiene importancia estratégica porque, 34 años después de la creación del sistema, los trabajadores siguen siendo vistos y tratados como meros «recursos humanos», que componen la «plantilla del SUS», que en diferentes «ocupaciones» se distribuyen por «plantilla de servidores», cuyo conjunto forma la «fuerza de trabajo» del sector. No pocas veces se reducen a la forma eufemística, con origen ideológico en el sector privado, que los ve como «colaboradores».
Se habla aquí y allá de planes de empleo, de carrera y de salarios, de integración o articulación a nivel nacional, de mesas de negociación, de gestión, de productividad, de formación continua y de «entregar» más y mejor. Durante la pandemia del covid-19 no faltaron calificativos halagadores como «héroes», «nobles» y «abnegados» y menciones al «compromiso y abnegación» y al «sacrificio de sus propias vidas y las de sus familias». Son reconocimientos justos.
Sin embargo, no sólo los héroes, y mucho menos los suicidas. Ni filántropos, ni aficionados, ni caritativos, ni nobles, ni improvisados, ni colaboradores, ni diletantes, ni altruistas, ni «bricoladores». Profesionales.
Repudiando el clientelismo partidista y el nepotismo, los trabajadores del SUS quieren ser reconocidos como los profesionales que efectivamente son. Sea cual sea su nivel de formación, sea cual sea su nivel de rendimiento, sea cual sea su función en el sistema, aspiran a la profesionalidad. Rechazan el trabajo indecente, las relaciones laborales precarias, las relaciones laborales desprotegidas e inestables, los entornos y procesos de trabajo insalubres y patógenos.
Esto es lo que se deduce de las propuestas aprobadas en todas las conferencias nacionales de salud celebradas desde 1986, cuando en la histórica VIII Conferencia, los participantes aprobaron la necesidad de «una remuneración digna y una igualación salarial entre las mismas categorías profesionales a nivel federal, estatal y municipal, y el establecimiento urgente e inmediato de un plan de cargos y salarios». En todas las conferencias posteriores se aprobaron las propuestas que pedían la creación de una carrera estatal para los profesionales del SUS.
El 7 de abril de 2022, el Frente Pela Vida lanzó la Conferencia Nacional de Salud Libre, Democrática y Popular, organizada para recoger propuestas para él SUS en todo el país y garantizar el ejercicio efectivo del derecho a la salud en Brasil. El objetivo de la conferencia, que finalizará el 5 de agosto, Día Nacional de la Salud, es elaborar una agenda de diálogo con los candidatos a la presidencia de la República y también servir de referencia para los debates de la 17ª Conferencia Nacional de Salud, convocada para 2023.
La Conferencia de Sanidad y los candidatos a la presidencia deben combatir la desprofesionalización del sistema sanitario público. Hoy en día, se pueden desencadenar muchas iniciativas con este propósito. Pero, sean cuales sean, tienen el deber de respetar la voluntad de los profesionales y apostar claramente por la institución de una carrera estatal para los profesionales del SUS.
Paulo Capel Narvai es profesor titular senior de Salud Pública en la USP (Universidad de São Paulo).
Traducción: Correspondencia de Prensa.
Fuente (de la traducción): https://correspondenciadeprensa.com/?p=26337
Fuente (del original): https://aterraeredonda.com.br/mais-um-ataque-ao-sus/