El Consejo Indigenista Misionero (Cimi) divulgó hoy (09) la noticia, la muerte de otro líder indígena en el estado de Mato Grosso do Sul. Ortiz Lopes, de 46 años, líder del pueblo Guaraní-Kaiowá, fue muerto ayer, alrededor de las 18h30 con varios tiros, supuestamente por personas al mando de hacendados de la región. De acuerdo […]
El Consejo Indigenista Misionero (Cimi) divulgó hoy (09) la noticia, la muerte de otro líder indígena en el estado de Mato Grosso do Sul. Ortiz Lopes, de 46 años, líder del pueblo Guaraní-Kaiowá, fue muerto ayer, alrededor de las 18h30 con varios tiros, supuestamente por personas al mando de hacendados de la región. De acuerdo con el Cimi, éste es el 20o asesinato en el estado este año. El total de asesinatos ya se igualó con el número registrado durante todo el año 2006.
En enero de este año, juntamente con un grupo de 300 personas, Ortiz participó de la reocupación de la tierra indígena Kurussu Ambá, en el municipio de Coronel Sapucaia, en la frontera con Paraguay. Una semana después, el grupo fue violentamente expulsado del lugar por una operación conjunta entre policías militares y funcionarios de seguridad de la hacienda Madama, una de las invasoras de la tierra indígena. En la ocasión, el líder religioso Xurete Lopes, 70 años fue ejecutado en su carpa de campaña en presencia de sus familiares, y el joven Valdeci Ximenes, 22, también fue baleado.
Llama la atención que ningún agresor fue detenido, en cambio 12 indígenas, inclusive niños, fueron llevados a la delegación de policía de Amambai, y 4 de ellos, los principales líderes del pueblo, permanecen detenidos acusados de robo e invasión de tierra.
Después de la expulsión, el grupo quedó acampado en los costados de la carretera MS 289, municipio de Coronel Sapucaia. Como el cacique Francisco Ernandes se encuentra detenido, Ortiz asumió el liderazgo del grupo y el día 6 de mayo los Kaiowá realizaron otra ocupación de la tierra indígena Kurussu Ambá.
Para que los indios dejasen el área, fue realizado un acuerdo verbal en el cual el hijo del dueño de la hacienda, en presencia de policías federales y de un representante de la Funai, se comprometía a devolver las tierras a los indígenas en el plazo de un año.
Según el Cimi, la gravedad del caso requiere la inmediata instalación de una investigación por parte de la Policía Federal, medidas de protección para la integridad física de los miembros de la comunidad indígena y la inmediata demarcación de la tierra indígena Kurussu Ambá.
Traducción: Daniel Barrantes – [email protected]