Orlando Silva presentó su dimisión al gobierno de Dilma Rousseff. Existen evidencias concretas de que el enredo de corrupción detectado viene desde hace años. La investigación de las denuncias llegó al Supremo Tribunal Federal. En la mañana de ayer, el todavía ministro de Deportes Orlando Silva fue recibido por el secretario general de la Presidencia, […]
Orlando Silva presentó su dimisión al gobierno de Dilma Rousseff. Existen evidencias concretas de que el enredo de corrupción detectado viene desde hace años. La investigación de las denuncias llegó al Supremo Tribunal Federal.
En la mañana de ayer, el todavía ministro de Deportes Orlando Silva fue recibido por el secretario general de la Presidencia, Gilberto Carvalho, hombre de la más estricta confianza del ex presidente Lula da Silva. Fue entonces formalmente informado de lo que desde hace más de una semana todo el mundo sabía: su tiempo al frente del ministerio se agotó.
La razón de la estocada final: el día anterior el Supremo Tribunal Federal abrió una investigación sobre las denuncias de corrupción que lo involucran y se extienden por su ministerio. Esa decisión de la corte suprema tuvo como punto de partida los indicios reunidos por la fiscalía general, la Policía Federal, el Tribunal de Cuentas de la Unión, o sea, las instituciones competentes.
Para cerrar el caso faltaban dos cosas, esperadas para el final de la tarde de ayer. Primero, una carta formal de renuncia (parte del método de decapitación del gobierno de Dilma en cada caso de denuncias de corrupción bien fundamentadas). Segundo, que se encontrase un sustituto en el mismo Partido Comunista do Brasil (PCdoB) del ministro saliente. A ejemplo del último episodio de decapitación, que involucró al Ministerio de Turismo, la exigencia para mantener la cartera como feudo de determinado partido es que el postulante al cargo tenga una ficha limpia de escándalos y denuncias. Conocer el tema de la cartera es requisito secundario.
Ha sido el sexto ministro que Dilma expele en once meses de gobierno. Todos fueron impuestos por Lula o por aliados. Uno fue decapitado por prepotente e inoportuno, el de Defensa, Nelson Jobim. Los otros cinco, por denuncias de corrupción.
El caso de Orlando Silva es delicado. Su partido, el PCdoB, a pesar de pequeño, ha sido el más fiel aliado del PT y de Lula en los últimos 22 años. Además existen evidencias concretas de que el muy vasto enredo de corrupción detectado viene desde hace años, cuando el ocupante del puesto era Agnelo Queiroz, que en la época militaba en el PCdoB y ahora integra las filas del PT. De paso, es el gobernador de Brasilia.
La cantidad de organizaciones no gubernamentales (ONG) dirigidas por militantes del PCdoB que se beneficiaron de gordas tajadas del presupuesto del ministerio y desaparecieron aumenta a cada día. Mientras pudo defenderse, o creyó que podía, Orlando Silva amenazó con destapar el baúl de negocios turbios que podrán cubrir de lodo y lama a su antecesor, hoy día dichoso gobernador de la capital del país.
Los medios propensos al escándalo y al sensacionalismo travestidos de periodismo investigativo se vanaglorian de ser el motor de la limpieza llevada a cabo por Dilma. Convencidos de su rol de principal partido de oposición, tejen largas loas al propio trabajo. Es como si todas las instituciones públicas, empezando por el gobierno, fuesen ineptas para defenderse de la corrupción, y de no ser por las valientes denuncias de la prensa, todo seguiría igual.
En sus ganas de protagonismo y en su ligereza ética, se olvidan de decir que lo que de verdad se registra en Brasil es una etapa de transparencia sin precedentes. La casi totalidad de lo que la prensa denuncia está basada en acciones llevadas a cabo por iniciativa del Ministerio Público (la fiscalía general, la Policía Federal, el Tribunal de Cuentas de la Unión). El resto termina por mostrarse como denuncias infundadas. O sea: no se trata de un arduo, meticuloso y profundo trabajo investigativo de la prensa, sino del trabajo desarrollado por los mecanismos de controles previstos por la Constitución y las leyes, como corresponde a un Estado democrático. No son las instituciones que reaccionan a remolque de lo que publicó la prensa: es al revés.
La excesiva lentitud de la Justicia, la impunidad, los focos de corrupción en el sistema judiciario, todo eso merece combate y las críticas más contundentes. Pero los aciertos de esas mismas instituciones merecen el reconocimiento debido.
Pretender que la prensa sea el único y verdadero controlador general de la Unión es, más que arrogancia, una deshonesta estupidez. Es despreciar los mecanismos de una democracia todavía imperfecta, pero que costó mucho trabajo y vida a los brasileños.
Fuente original: http://www.pagina12.com.ar/diario/elmundo/4-179889-2011-10-27.html