Venimos de una larga dinámica histórica en la que la idea de crecimiento económico ha sido entendida como la palanca estricta e ineludible para lograr atender la mejora de las condiciones de vida. Nos hemos acostumbrado a relacionar el bienestar ciudadano con la riqueza global del país en el que se reside, riqueza que se […]
Venimos de una larga dinámica histórica en la que la idea de crecimiento económico ha sido entendida como la palanca estricta e ineludible para lograr atender la mejora de las condiciones de vida. Nos hemos acostumbrado a relacionar el bienestar ciudadano con la riqueza global del país en el que se reside, riqueza que se mide a partir de la combinación de una serie de variables económicas que conforman el producto interior bruto (PIB). Así, de entre los datos considerados indispensables para acercarnos a un determinado país y junto a las clásicas variables de población y extensión, figura su PIB y su posición en el ranking internacional. Hace ya años que se comentan los equívocos de tal índice y su excesivo esquematismo para expresar valor social, con lo que tenemos el peligro de medir mal lo que pretendemos describir y de confundir esa medición con lo socialmente deseable. En este sentido, me sorprendió el lunes (EL PAÍS, 30 de marzo) la noticia de que la Unión Europea (UE) está culminando la revisión de la contabilidad nacional, que tendrá como consecuencia la alteración de los parámetros de medición del PIB. La sorpresa proviene de que los cambios propuestos no apuntan a una medición más integral de la riqueza y del bienestar de cada país, sino que se pretende incluir actividades como la prostitución, el contrabando y el tráfico de drogas en el cálculo del PIB. La incorporación de esos apuntes de economía ilegal en el sistema europeo de cuentas implicará una subida del PIB de dos o tres puntos, lo cual no viene mal en época de restricciones, y sobre todo significará un aumento en la contribución de los países a las arcas de la UE. Quien no se espabila es porque no quiere.
Sabemos que definir un problema es medirlo; pero, dependendiendo de qué elementos escojamos para hacerlo, cambiaremos notablemente la manera de presentar ese problema y de valorar su significación. Medir algo es proponer una manera específica de contar lo que nos interesa conocer o explicar. Si escogemos variables estrictamente económicas (de economía legal o ilegal) para medir el bienestar, acabaremos dando sólo importancia a dimensiones económicas que presentaremos como trasunto de una realidad que es mucho más compleja. A principios de 2008, Sarkozy solicitó a los prestigiosos economistas Amartya Sen y Joseph Stiglitz que lideraran una comisión que estudiara formas alternativas al PIB para medir el bienestar de un país. Se espera que este mes la comisión presente conclusiones. No es la primera vez. El propio Sen fue el impulsor del índice de desarrollo humano (IDH), utilizado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) para medir la situación social de los países del mundo. Se han dado otros intentos vinculados a ideas como «la felicidad» (Bentham), pero el más conocido es el que propuso el monarca de Bután con su índice de felicidad nacional bruta. Seguramente su propuesta derivaba de que Bután ocupa posiciones muy bajas en el IDH y, en cambio, en el llamado índice de satisfacción con la vida sus habitantes están en zona de liderazgo mundial.
No parece fácil hallar un medidor de bienestar que sea al mismo tiempo suficientemente complejo y suficientemente sencillo como para que resulte competitivo con el actual estándar del PIB. Pero si la UE entiende que se puede medir la riqueza generada por el contrabando, la prostitución y las drogas ilegales, no veo por qué ha de resultar más complicado el evitar que, como sucede ahora, un lago sólo cuente como metros cúbicos y no incorpore valor ambiental, o que sea mucho mejor para el PIB que estemos cuanto más enfermos mejor, frente a índices de salud que apunten a niveles de bienestar individual y colectivo. Muchos economistas señalan que las bases de medición de otros ítems necesarios para enriquecer la medición de crecimiento son poco consistentes; pero es evidente que si escoges las bases de medición, escoges lo que te parece significativo y sesgas la realidad que vas a medir. Contar es incluir unas cosas y excluir otras. Y en esa segmentación de la realidad influyen valores y definiciones no exactamente objetivas del fenómeno que se ha de analizar. Decidir qué incluyes o no en los sistemas de medición de la riqueza o del crecimiento de un país es hacer política por otros medios. Si podemos medir la economía ilegal, ¿no podríamos hacer un esfuerzo y contabilizar el trabajo doméstico, el socialmente útil de voluntarios, de personas que producen bienestar sin contar en parte alguna? ¿En qué cuenta de resultados incorporamos el coste de que no existieran esas personas o entidades que se ocupan de los demás manteniéndose invisibles con relación a quien mide bienestar y riqueza? En nuestra realidad hegemonizada por una visión estrechamente economicista, lo que no se cuenta, no existe. Esperemos que Sen y Stiglitz consigan, con su legitimidad de buenos economistas, lo que otros no han logrado.
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