Si para algo ha servido la crisis del capitalismo global, ha sido para volver a situar la deuda en un papel de absoluto protagonismo. Su extraordinaria relevancia ha unido el sufrimiento de millones de familias, abocadas a la quiebra y a su expulsión del sistema, con el de los países de la periferia europea también […]
Si para algo ha servido la crisis del capitalismo global, ha sido para volver a situar la deuda en un papel de absoluto protagonismo. Su extraordinaria relevancia ha unido el sufrimiento de millones de familias, abocadas a la quiebra y a su expulsión del sistema, con el de los países de la periferia europea también incapaces de liberarse de sus letales efectos.
Las crisis de la deuda son manifestaciones extremas de la evolución del capitalismo financiero. Hoy ahogan a los países de la periferia europea (Grecia, Portugal, Irlanda, Italia o España) pero se asientan en los mismos principios que las que sufrieron en el pasado numerosos países africanos, asiáticos y latinoamericanos, y que, de hecho siguen hipotecando su futuro hoy en día. Estamos ante expresiones diferentes de un mismo fenómeno.
La deuda es en primer lugar el reverso del crédito. Ese mecanismo que le permite al sistema capitalista ir más allá de sus propios límites en el proceso de reproducción del capital. Juega el papel de una droga, una versión mercantilista y psicotrópica del citius, altius, fortius de Coubertain, pero como toda droga que permite a un organismo ir más allá de aquello para lo que está diseñado, produce un agotamiento cíclico, que le lleva a ser «hospitalizado» en forma de recesión económica. Eso es debido a que la deuda posee una virtud curiosa: mientras la producción va bien, la amplifica, cuando la economía productiva falla, también amplifica su caída. El crédito se convierte en deuda impagable que ahoga al crecimiento económico capitalista. Es un efecto del agotamiento que padece el sistema económico capitalista, un síntoma de un sistema con una enfermedad tan contradictoria como incurable: la de la sobrecapacidad productiva.
Precisamente esa sobreproducción de capital arrastra a un proceso donde la especulación, el «capitalismo de casino», adquiere un peso cada vez más sobredimensionado en la economía global, produciendo entre otras paradojas que hasta la deuda se convierte en un objeto de especulación y, como en el casino, unos ganan sobre la ruina de otros. Pero aquí siempre ganan los mismos: banqueros, especuladores, grandes empresarios y sus gobiernos amaestrados, y la ruina es de la gran mayoría de la sociedad, del pueblo trabajador.
Esto nos hace recordar que todo en la economía, tiene un carácter de clase. No tiene nada que ver los efectos y tratamiento de la deuda para la clase dominante, especialmente el capital financiero, y para las familias de la clase obrera.
En el Estado español, cada día son despojadas de su vivienda por desahucio o dación en pago en torno a 300 familias; en definitiva, por no poder hacer frente a la deuda contraída con el propietario del inmueble que es, en la mayoría de los casos, un banco. Pagan el delito de intentar una vida mejor con el producto de su trabajo y se les arrebata el trabajo y la vivienda, dos derechos básicos que debe garantizar la sociedad. Solamente con 34.000 millones de euros podría haberse cancelado la totalidad de la deuda hipotecaria de las familias en situación de morosidad[1]. Sin embargo, la actuación de los sucesivos gobiernos ha sido diferente. Una entidad financiera, BFA-Bankia, ha necesitado ayudas públicas superiores a 147.000 millones de euros para evitar la quiebra[2]. En realidad se ha rescatado a los acreedores y se han utilizado para ello recursos públicos que hipotecan a las Administraciones Públicas.
El llamado «problema de la deuda», tiene un claro contenido de clase, y nuestra alternativa económica no es posible que sea «neutra», tiene que ser forzosamente una alternativa en defensa de los que padecen la crisis, no de quienes la provocan y se benefician de ella. Como otros factores, desempleo, inflación… no escapan de la lógica de las relaciones de producción y, por tanto, la deuda también carga su parte negativa sobre la espalda de los asalariados y de las capas medias de la población.
Por tanto, la economía política, a pesar de que intentan presentarla como algo «técnico», es la expresión más concentrada de la lucha de clases. Toda política económica responde a los intereses materiales de una clase social y, en consecuencia, abordaremos los problemas vinculados a la deuda con la misma óptica que abordemos el resto de los problemas sociales.
Deuda socialmente insostenible
Desde el punto de vista técnico, en gran parte de los países de la Unión Europea el actual nivel de deuda es insostenible tanto para instituciones financieras, como para las empresas, administraciones públicas y familias. Los préstamos contraídos no han sido eficientes desde el punto de vista económico, es decir, no han producido un resultado positivo que permita el pago de los intereses asociados a los mismos y la devolución del principal. Cuando ocurre eso, solamente hay una salida y esta obligará a una profunda reestructuración de la deuda que, inevitablemente, debiera conllevar reducciones de la misma. No estamos ante un problema de liquidez puntual[3].
Pero la insostenibilidad técnica del pago de la deuda no es nuestro único argumento. Es la insostenibilidad social de su pago la que tenemos que poner encima de la mesa. Claro que se puede pagar la deuda. Basta con aplicar políticas como las de estos últimos años que subordinan los derechos económicos y sociales de los pueblos a la viabilidad financiera de la deuda. Tener únicamente en cuenta la capacidad económica de reembolso de la deuda por parte de los países olvida de manera consciente el impacto que dicho pago tiene en los derechos humanos y económicos, sociales y culturales de la gente.
No sólo eso, sino que además la utilización de esa estrategia de «pagar a costa de los que jamás se beneficiaron de las burbujas financieras» no soluciona el problema sistémico del capitalismo. Creer que las recetas aplicadas por las élites y que han empobrecido a millones de personas, solucionarán el agotamiento del crecimiento y la caída de la tasa de ganancia de unas empresas que compiten por «el último euro» y hasta la extenuación a costa de la clase trabajadora es, cuando menos, ingenuo. Las políticas fiscales, monetarias y el control del sector financiero no solucionarán el problema del enorme volumen de deuda ya contraída por los agentes económicos. Abordarlo requerirá plantear, además de aspectos relacionados con los plazos de su devolución o las condiciones financieras de los préstamos, un enfoque de reducción de la deuda tanto pública como privada.
Cuando nos situamos ante esta alternativa, las clases dominantes y los economistas a su servicio asustan al pueblo con las consecuencias de una quita de la deuda. Alertan de lo que supondría «la quiebra de la seguridad jurídica» y las consecuencias dramáticas que ello aparejaría y que provocarían un efecto contrario al deseado. Se considera que los mecanismos legales y económicos para arbitrar las quiebras cuando ocurren en el ámbito empresarial no son extensibles al sector público o las familias. En definitiva, «las deudas hay que pagarlas» y no hay solución que no pase por encima de dicho axioma. Sin embargo, la experiencia histórica demuestra que no ha sido precisamente esa la práctica utilizada para resolver los problemas de sobre-endeudamiento[4]. Más aún, la adopción tardía de medidas en la dirección de reducir de manera suficiente el importe de las deudas para adecuarlas a la capacidad de pago han tenido consecuencias dramáticas para la estabilidad política Desterremos del imaginario colectivo la idea de que estamos ante obstáculos técnicos insalvables. Todos ellos pueden ser superados si los objetivos perseguidos y la voluntad política varían.
La cuestión no es si habrá o no reestructuración con reducción del monto de la deuda, sino en beneficio de quién se realizarán las operaciones de «restablecimiento de la sostenibilidad de la deuda». No da igual «cualquier reestructuración o quita de la deuda»[5]. De hecho, reestructuraciones y rescates ha habido a docenas en los últimos años pero en beneficio de las élites financieras. Y saben que la situación actual requerirá abordar los montos de deuda y reducirlas y/o traspasarlas a la esfera pública. Eso es un mecanismo puramente capitalista. De hecho, el plan de Dragui forma parte de la socialización de la deuda y de unas posibles pérdidas en caso de futuras quitas[6]. Forma parte de una estrategia y deberemos estar muy atentos a la hora de denunciarla.
Aunque hay quienes defienden procesos de «impago desordenado», hay que tener en cuenta los efectos que esa actuación podría suponer. Es evidente que se desencadenaría un efecto «bola de nieve» de imprevisibles consecuencias desde el punto de vista político. Evidentemente, dado el volumen del endeudamiento del Estado español, se produciría un colapso global. Aunque no nos asusta esa opción, debemos considerar que las consecuencias podrían no dejar claras las responsabilidades de lo ocurrido y los efectos negativos del mismo podrían no ser evidentes para la población. Por este motivo, la opción política adecuada es realizar un proceso de reestructuración y quitas de deuda mediante la realización de un proceso ordenado.
Vencedores y vencidos
Del conflicto en torno a la deuda de la economía griega podemos aprender muchas cosas, y la primera es que se trata de un problema no sólo del deudor, sino también del acreedor. Y quizá la táctica negociadora encabezada por el famoso ministro Yanis Varufakis, no ha sabido sacar suficiente partido a este factor, pues tal como se atribuye a J.M. Keynes, «si le debo mil libras a un banco tengo un problema, si le debo un millón, el problema lo tiene el banco». Pero para que ese factor sea decisivo en una negociación, es imprescindible evitar situaciones de debilidad como la que actualmente tiene el Gobierno heleno. El rescate de 2012 sustituyó a los acreedores privados por los Estados europeos y por eso ahora ya una actuación firme de Syriza no sería determinante para asestar un golpe letal al sistema financiero. Sin embargo, las opciones en situaciones de sobre-endeudamiento como la del estado español permiten abordar una negociación con elevadas posibilidades de tener éxito. Solo es cuestión de voluntad y determinación.
El resultado de un proceso significativo de reducción de deuda debe suponer la modificación sustancial de la configuración del sistema bancario y, fundamentalmente, la propiedad del mismo. No es posible realizar este tipo de actuación en beneficio de la mayoría y abordar la hipertrofia del sector financiero sin la nacionalización de la práctica totalidad del mismo. Precisamente porque las entidades financieras son dependientes del apoyo público y esa dependencia es cada vez más aguda. O se rompe ese círculo vicioso o cualquier política pública dependerá de los intereses privados del sistema financiero. No se puede continuar con la «subcontratación y externalización» de la creación del dinero a favor de agentes privados.
Hay alternativa a sus programas, pero para que sean sostenibles a largo plazo, los procesos de reducción de deuda deben ir acompañados de una profunda redistribución de la riqueza con efectos no neutrales. Tiene que haber vencedores y tiene que haber vencidos. Y tienen que cambiar las tornas, claro, con respecto a lo que ha pasado hasta ahora. En esa línea, el proceso supondría una herramienta política que, además de servir para lograr la sostenibilidad de la deuda, permitiría poner de manifiesto la existencia de una gran parte de deuda ilegítima e identificar las alternativas políticas necesarias para cambiar el sistema económico, político y social, que nos ha llevado a esta crisis de sobreendeudamiento ya que si no lo modificamos, la historia volverá a repetirse en el futuro.
Nunca podremos tener un capitalismo sometido al control democrático, sin embargo sí podemos tener una economía sometida a ese control. Basta un pequeño cambio: que aquello que se paga con dinero público, sea de propiedad pública. Aplicando esta norma una gran parte de la economía, tanto en el mundo de las finanzas como en el empresarial, pasaría al dominio público y permitiría, por una vez, planificar los recursos de la sociedad en beneficio de la mayoría.
Notas
[1] Según datos publicados por la Asociación Hipotecaria de España, en junio de 2014 la morosidad de las familias en créditos para adquisición de vivienda ascendía a 34.690 millones de euros.
[2] Capital, avales a emisiones de deuda, créditos fiscales garantizados, adquisición de activos y préstamos del Banco Central Europeo.
[3] Estaríamos ante un problema de liquidez si las dificultades afectaran de manera puntual y existiera capacidad de crecimiento para afrontar el ingente volumen de deuda (pública y privada). Cuando eso no ocurre, el problema es de solvencia y requiere reducir el monto de la misma y no únicamente tratamientos que reduzcan los gastos financieros asociados a la misma y los plazos de su devolución.
[4] Hay múltiples experiencias de condonación de deudas (Alemania en 1953, países latinoamericanos con la aplicación del Plan Brady, la Iniciativa HIPC, Irak, etc). En el libro de Williams K.C, Le Droit International et les obligations financières internationales qui naissent d’un contrat, se recogen múltiples ejemplos históricos de quitas de deuda que van desde el siglo X a JC con el rey Salomón hasta las operaciones de este tipo planteadas por diversos monarcas de la época del Renacimiento como Eduardo III de Inglaterra o Felipe II de España.
[5] Aunque la doctrina ortodoxa (política y económica) sigue negando de forma oficial que estemos ante una situación de insolvencia, se está gestando un consenso entre economistas de distintas tendencias sobre la necesidad de abordar la cuestión del sobreendeudamiento en la Unión Europea. La idea de que Europa no podrá evitar antes o después reestructurar sus deudas no solamente forma parte de conversaciones privadas, sino que también forma parte de la investigación publicada que están realizando muchos economistas (a los que se les están añadiendo algunos juristas, que están analizando los aspectos legales que las reestructuraciones conllevarían). Plantean el problema de la reestructuración como un problema de «sostenibilidad» de la deuda: No es tanto que ésta no se pueda pagar, sino que pagarla reduce mucho las posibilidades de crecimiento de aquellas economías que están ya fuertemente asediadas por la crisis.
[6] Compramos la deuda al sector financiero e inversores privados y luego, si hay quita, la sufrimos todos.
Marina Albiol es Portavoz y eurodiputada de Izquierda Unida; Carlos Sánchez Mato es Presidente de ATTAC – Madrid; y Alberto Arregui es Miembro de la Presidencia Federal de Izquierda Unida.
Fuente original: http://blogs.publico.es/dominiopublico/12876/pagar-o-no-pagar-la-deuda-esa-es-la-cuestion/