En los últimos días diversos especialistas explicaron que las matanzas ocurridas en los presidios en Manaus y Boa Vista no solo no fueron un «accidente», como definió el presidente Michel Temer, como eran previsibles desde el anuncio de la ruptura, en octubre de 2016, de la relación entre Comando Vermelho (CV) [Comando Rojo] y Primeiro […]
Para la investigadora Jacqueline Sinhoretto, profesora de la Universidad Federal de São Carlos (UFScar) y coordinadora del Grupo de Estudios sobre Violencia y Administración de Conflictos de la institución, las 99 muertes de presos demuestran que el sistema penal de Brasil lucha contra el enemigo errado. Organizadora de Mapa del Encarcelamiento, lanzado en 2015, Jacqueline evalúa que todo el empeño de la seguridad pública del país está volcado hacia crímenes de menor importancia, mientras la verdadera estructura del crimen organizado no es combatida.
«El tipo de control que se hace en Brasil de organizaciones criminales y de los flujos de los mercados ilegales tiene poca efectividad. No hay como combatir organizaciones criminales sin interferir en las articulaciones políticas y económicas que tienen. Y es exactamente eso lo que no se hace en Brasil, donde queremos enfrentar el narcotráfico con el encarcelamiento de pequeños traficantes», afirma la investigadora.
En esta entrevista, ella destaca que los programas de metas y de bonificaciones policiales, en vigor en varios estados del país, colaboran para el caos del sistema carcelario. «El éxito de la actividad policial es medido por el número de detenciones y decomisos realizadas. Vemos claramente que esas detenciones ocurren en una magnitud que está relacionada con esa idea de bonificar policías por el número de detenciones y capturas en flagrante hechas.»
El problema, explica, es que el foco de esas detenciones está en el tráfico de drogas y crímenes contra el patrimonio, mientras otros delitos más graves no son enfrentados. «Homicidio es prioridad, feminicidio es prioridad, crímenes graves que involucran amenazas a la vida, como violación y secuestro, crímenes que envuelven violencia física deben ser las prioridades.»
Para ella, no hay duda: Brasil enfrenta de modo equivocado el crimen. «Hay poca eficacia en el combate al crimen en dimensión macro, que son realmente las redes criminales, como ellas lavan dinero, como se organizan, quien son los líderes principales y como ellas corrompen el sistema. Se invierte poco en eso que es el sustento de la economía criminal.»
Luciano Velleda.- Que significó el rompimiento entre o PCC y o CV?
Jacqueline Sinhoretto.- Cuando hubo el rompimiento, quedó bien claro que iba cambiar la lógica de convivencia de las acciones criminales. Es una disputa de hegemonía, de poder y de mercado dentro de las penitenciarías, pero no solo. Es posible, como ha acontecido en algunas capitales y otras ciudades medianas, toda una reorganización de esos flujos y de una economía política del crimen. Después de que hubo la explicitación de que acabó el acuerdo entre PCC y CV, estuvo la alerta de que había la posibilidad de conflictos violentos dentro de las cárceles, donde la presencia es importante, pero que también desborda. El crecimiento de homicidios en Natal, en 2016, ya responde a esta tensión de grupos ligados de alguna forma al CV o al PCC. Cada localidad tiene una combinación propia, con bandas locales que se articulan en esos mercados ilegales y que pueden o no generar violencia.
L.V.- Frente a estos avisos, que podría o debería haber sido hecho?
J.S.- Es muy difícil hablar ahora, es una cuestión compleja que emerge de lógicas complejas. Todos los países que enfrentaron problemas con organizaciones criminales tuvieron mucha dificultad. El tipo de controle que se hace en Brasil de organizaciones criminales y de los flujos de los mercados ilegales tiene poca efectividad. Primero porque existen agentes políticos y estatales que están totalmente envueltos con la gestión de los mercados ilegales. Nosotros vemos la punta del iceberg explotar en las posiciones más frágiles, en las posiciones jerárquicas más vulnerables de esa cárcel económica. Estas matanzas son las periferias de una economía criminal y una disputa de poder. No se puede combatir organizaciones criminales sin interferir en todas las articulaciones políticas y económicas que ellas tienen. Y es exactamente eso que no se hace en Brasil, donde queremos enfrentar el narcotráfico con el encarcelamiento de pequeños traficantes, lo que acaba no resolviendo nuestro problema y aumentando aun más el alcance de esas organizaciones que tienen en la cárcel una base de reclutamiento de mano de obra.
L.V.- ¿De qué forma el déficit de vacantes en los presidios colabora para esta situación de elevada criminalidad?
J.S.- Ese problema del déficit es extraño. No es que hay déficit porque faltan vacantes. El estado de São Paulo tiene déficit al mismo tempo en que invirtió como nunca en la construcción de presidios, llegando a tener 163 unidades carcelarias. Minas Gerais también construyó muchas cárceles en un corto espacio de tiempo y el número de presos creció seis veces en diez años. Estos estados hicieron inversiones masivas en construcciones de presidios, contratación de mano de obra especializada, creación de carrera específica de agentes penitenciarios. São Paulo y Minas Gerais son los dos estados que más avanzaron en esta cuestión y aun así tienen déficit.
L.V.- ¿Por qué se detiene mucho?
J.S.- Porque se detiene sin una política criminal responsable, se prende gente que no cometió un crimen violento, pero eso no depende solo de la cabeza del juez, depende de la legislación también. Hay programas de metas de detenciones en São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais y Pernambuco. El éxito de la actividad policial es medido por el número de detenciones y de aprensiones que son realizadas o de casos solucionados. Cuando se realiza una captura en flagrancia, toda la burocracia que existe en una investigación, en la captura en flagrancia es simplificada. Entonces existen muchas denuncias de crímenes flagrantes forjadas. Las propias audiencias de custodia fueron creadas por el reconocimiento de que hay mucho preso provisional y que muchos detenidos en flagrancia no deberían aguardar el juicio presos o, si llegaran a ser condenados, no iban a recibir pena de prisión. Entonces vemos claramente que estas detenciones son realizadas en una magnitud que está relacionada con esa idea de bonificar policías por el número de detenciones y capturas en flagrante realizadas. Y estos son los estados que más aumentaron la población carcelaria.
Datos del Mapa del Encarcelamiento muestran que 18,7% de los presos son condenados con penas de hasta cuatro años de reclusión y, por eso, podían estar cumpliendo penas alternativas, pero no están.
Es una población que realmente no debía estar presa y es justamente la población objetivo de las audiencias de custodia, que son para no mantener encarcelada a una persona que cuando sea juzgada no recibirá una pena privativa. Se habla mucho de sobrepoblación… Falta espacio? No se si es necesario construir más presidios. Lo que es necesario, en primer lugar, es evitar que las personas que no precisen cumplir pena en régimen cerrado estén dentro. Las audiencias de custodia son exactamente para moverse en ese marco, solo que ellas no están implantadas en todos los lugares y tampoco tenemos estudios para evaluar como están yendo las audiencias. Hay un estudio, del cual soy parte, promovido por el Consejo Nacional de Justicia (CNJ) para evaluar como están funcionando las audiencias de custodia. La investigación está siendo hecha en Porto Alegre, Florianópolis, São Paulo, João Pessoa, Distrito Federal y Goiânia.
L.V.- En las medidas anunciadas semana pasada para enfrentar la crisis, el ministro de Justicia, Alexandre de Moraes, enfatizó el trabajo de la Defensoría Pública para aliviar los detenidos provisionales. ¿Es ese el camino?
J.S.- El trabajo de la Defensoría Pública podría no ser tan hiperdimensionado si no tuviésemos una policía basada en la prisión en flagrante, con metas de prisión, y también con posibles cambios legislativos. Por que no una propuesta legislativa de que los crímenes cometidos sin violencia reciban penas alternativas? Esa sería una medida mucho más efectiva. Caso contrario, se sobrecarga la Defensoría, las prisiones y el Ministerio Público también. No es solo la Defensoría que precisa hacer su trabajo. Para que ella actúe, el Ministerio Público tiene que estudiar la acusación, hacer las pruebas y el juez juzgar. Ahora, es público y notorio que las condiciones de trabajo de la Defensoría Pública no son compatibles con la estructura y recursos del Ministerio Público y del Poder Judicial, ni en salarios ni en términos de cantidad de personal.
L.V.- ¿La Defensoría Pública es un punto frágil del sistema?
J.S.- Es preciso un trabajo de articulación entre todas las instituciones, y no de fragmentación. Es un trabajo que va desde la Policía Civil y Militar, que debe tener prioridades y criterio. No tiene sentido prender traficantes que muchas veces son usuarios, con una pequeñísima cantidad de droga para consumo propio, que van para una audiencia de custodia que tiene como resultado la liberación. Hay todo un trabajo del Poder Judicial que podría ser evitado y agilizado si hubiera una articulación y establecimiento de prioridades que sean factibles. Homicidio es prioridad, feminicidio es prioridad, crímenes graves que envuelven amenazas, violación, secuestro, crímenes que involucran violencia física deben ser las prioridades.
L.V.- ¿Pero esta eventual «descarcelización» no puede ser mal vista por la sociedad?
J.S.- Nosotros no queremos pasar la mano por la cabeza del delincuente. No queremos facilitar la vida del delincuente. Estamos reconociendo que existen áreas fundamentales para garantizar la seguridad del ciudadano que están descubiertas. Y recursos valiosos para el funcionamiento de la seguridad pública y del Poder Judicial están siendo desperdiciados en casos que no tienen tanta importancia, como pequeñas cantidades de drogas, pequeños hurtos en almacenes, un sujeto que roba una camiseta, algo para comer, casos que podrían ser solucionados de otra forma. Es un delito, claro, pero se está ocupando el sistema de Justicia con una solución que podría ser de naturaleza civil y penas alternativas.
Cuando nosotros decimos que es necesario racionalizar la aplicación de la pena de prisión no es porque estamos a favor de que el delincuente tenga libertad, es por que creemos que debe haber prioridad en la acción. Aquello que puede ser tratado de una forma que no involucre la pena de prisión debe ser hecho así porque es más barato tanto económicamente como respecto a los efectos sociales nefastos que la prisión causa en quien es encarcelado, incluyendo el contacto con las organizaciones criminales dentro de las prisiones. Usted agarra un joven que se involucró en una cuestión simple de robo, una pequeña cantidad de drogas y lo coloca en la cárcel, allí el va a tener contacto con organizaciones que tal vez no tenía antes. Como las condiciones carcelarias son degradantes, la persona para sobrevivir tiene que relacionarse con quien da las órdenes en el ambiente de la prisión. No hay alternativa. En fin, todo eso trae muchos más perjuicios que que beneficios.
L.V.- La cuestión de fondo, entonces, ¿pasa por una nueva visión de quien arresta?
J.S.- Hay un enfrentamiento equivocado del crimen. Hay poca eficacia en el combate al crimen en dimensión macro, que son realmente las redes criminales, como ellas lavan el dinero, como se organizan, quienes son los líderes principales y como corrompen al sistema. Se invierte poco en eso que es el sustento de la economía criminal. Por otro lado, se gasta muchos recursos y se usa mano dura con personas que están en la periferia de ese sistema, usando mecanismos que hacen que ellas tengan más contacto con el crimen organizado y no menos.
Aquella persona que está en la calle practicando un pequeño delito puede ser que no tenga contacto con el crimen organizado, pero si es apresada, ciertamente tendrá. Al agarrar un joven que no está involucrado con el crimen organizado y meterlo en una cárcel que está en tensión, usted no está resolviendo ningún problema, al contrario, está amplificando un problema de seguridad que va a redundar en eso que estamos mirando e incluso cosas peores pueden desarrollarse, porque estos conflictos son disputas de poder, de territorio y de mercado que pueden salir de la penitenciaria e ir a la misma calle. Es lo que estamos viendo empíricamente en Bahía, Alagoas, Rio Grande do Norte y Ceará.
L.V.- El Mapa del Encarcelamiento habla bastante sobre la tendencia punitiva del Poder Judicial. ¿Cómo es eso?
J.S.- Ella es punitiva, pero es sesgada. Ella es muy punitiva con el bajo potencial lesivo, pero es indulgente con los crímenes violentos, que son poco investigados. Se calcula que solo 8% de los crímenes violentos son esclarecidos y procesados. El Poder Judicial es muy punitivo con crímenes que no son violentos, ligados al patrimonio o a las drogas, y muy poco punitivo con la corrupción, por ejemplo. Es una selectividad en la orientación de aquello que merece la atención del sistema penal. En el caso de los crímenes violentos, no es hacia allí que la policía y el sistema penal están mirando.
L.V.- Pero la sensación de inseguridad de la población no está relacionada más con los crímenes contra la vida?
J.S.- Si, pero también con la cuestión patrimonial personal. Que su casa sea invadida es algo de hecho asustador, ver su intimidad violada. Esos, que son los crímenes de los que las personas tienen más miedo, no producen la mayor parte de la población carcelaria. Hoy, 30% de los presos son por tráfico de drogas y casi la mitad por crimen patrimonial. Buena parte de esos crímenes patrimoniales no son cometidos de forma violenta, pero la otra parte si y entonces es preocupante y debe ser combatido. Sin embargo, nuestras políticas de seguridad pública están tan ocupadas con la cuestión de las drogas y de los crímenes patrimoniales indistintamente, que faltan recursos, falta tiempo y falta espacio en los presidios para tratar lo que realmente es importante y debería ser prioridad.