«Cuando alimenté a los pobres me llamaron santo; pero cuando pregunté por qué hay gente pobre me llamaron comunista». Don Helder Camara, obispo brasileño Los enemigos del Presidente Hugo Chávez se refieren a él como «terrorista» y «comunista». Es más, el actual conflicto de Venezuela pudiera convertirse en una prueba para la significación de las […]
Don Helder Camara, obispo brasileño
Los enemigos del Presidente Hugo Chávez se refieren a él como «terrorista» y «comunista». Es más, el actual conflicto de Venezuela pudiera convertirse en una prueba para la significación de las palabras; no sólo los insultos, sino conceptos como democracia. En Venezuela la democracia, como usan la palabra los enemigos de Chávez y los medios, significa el regreso a la oligarquía. Derechos humanos significa elecciones al estilo de EEUU: un candidato aceptable gana y elogia el derecho de los millonarios a ser dueños de los medios y publicar mentiras.
En Venezuela y Estados Unidos los medios aseguran rutinariamente que Chávez ha minado la constitución, ha comprometido la libertad y ha destruido la economía venezolana.
Los medios derechistas de Latinoamérica y El Nuevo Herald de Miami repiten esas acusaciones como axiomas; no las demuestran. En Venezuela los periódicos y emisoras de TV que acusan a Chávez de censurarlos continúan atacándolo. El asalto aparece casi diariamente en periódicos como El Universal y El Nacional, en canales de TV y en emisoras de radio. En realidad Chávez no ha clausurado ni censurado medios controlados por empresarios extremadamente poderosos y muy hostiles. Gustavo Cisneros, conocido como el Rupert Murdoch de Latinoamérica, es dueño de Venevisión y del Canal Playboy de Venezuela, y es socio de Coca-Cola y de otras empresas transnacionales. Él y Marcel Granier, propietario de Radio Caracas Televisión (RCTV), poseen el 60% del mercado televisivo de Venezuela.
Estos «acosados héroes», decididos a salvar a la república de la dictadura de Chávez, ríen en sus penthouses. En mayo de 2004, la oposición reunió suficientes firmas para forzar un referéndum, pero no hay unidad en torno a un candidato. El referéndum siguió a un fracasado golpe de estado en abril de 2002.
Durante menos de dos días, cuando parecía que las fuerzas anti-Chávez habían secuestrado al Presidente, el jefe de la Cámara de Comercio Pedro Carmona anunció que era el presidente. Los reporteros de los principales medios ni siquiera le preguntaron. Sin embargo, el no elegido Carmona calificó a Chávez de enemigo de la democracia, la cual juró restaurar, con su gabinete de los ricos y poderosos.
Desde ese fracaso, algunos de los planeadores originales del golpe han tenido el atrevimiento de acusar a Chávez de oponerse a la democracia y lo llaman un totalitario, comunista/terrorista al estilo de Castro. Las mismas gentes que perpetraron la violencia ilegal para derrocar a un gobierno elegido ahora se apropian de la palabra democracia. Y los medios no lo cuestionan.
Una voz perteneciente al coro anti-Chávez suena familiar. El ex Presidente Carlos Andrés Pérez da entrevistas a la TV y a periódicos como una autoridad en los temas de democracia y buen gobierno. Condenado por desfalco y habiendo dado la orden de que tropas del ejército abrieran fuego sobre su propio pueblo, este asesino en masa de alguna manera se autoerige como símbolo de la moralidad. Y los medios los aceptan como si el conflicto de Venezuela se limitara a cuestiones de procedimiento, no a la democracia real: gobierno de la mayoría.
Los venezolanos escogieron abrumadoramente a Chávez en 1998 y nuevamente en el 2000, porque recordaban lo que hacían los ex presidentes -un recuerdo que ni los medios ni los grupos de derechos humanos parecen poseer.
El 27 de febrero de 1989, Pérez aumentó el precio de la gasolina y el costo del transporte público. Siguiendo un modelo del FMI para obtener inversiones extranjeras, sus políticas de austeridad golpearon más duramente a los más pobres. Pero Pérez aparentemente no esperaba que los venezolanos respondieran a los «programas económicos de choque» con protestas espontáneas, las cuales estallaron por todo el país. En algunas áreas, los amotinados incendiaron tiendas y levantaron barricadas.
Cuando la policía se declaró en huelga, el gobierno perdió el control. Pérez promulgó el estado de emergencia. Los soldados dispararon contra la multitud. Para el 4 de marzo, el gobierno declaró que había habido 257 muertos. Algunas fuentes no gubernamentales estimaron la cifra de muertos en más de 2 000. Miles más fueron heridos.
Pérez, quien se autotitula socialista, impuso primero las medidas draconianas a los pobres, y luego ordenó que se les disparara cuando protestaron. El «caracazo», como se llegó a conocer el hecho, no sólo destruyó el aura de estabilidad de Venezuela, sino que puso fin al sistema político que había reemplazado al dictador militar Pérez Jiménez, derrocado en 1958.
A partir de entonces y hasta la victoria de Chávez, sucesivos gobiernos del cristiano Comité de Organización Política Electoral Independiente (COPEI) y Acción Democrática (AD), de tendencia social demócrata, usaron la inmensa riqueza petrolera de la nación para distribuir gotas -o migajas-, lo suficiente para mantener la estabilidad.
Fueron el FMI y el Banco Mundial -con fuerte apoyo del gobierno de Reagan- y su ofensiva neoliberal de los 80, lo que empujó a los venezolanos a la acción. Se rebelaron contra políticas diseñadas para empobrecerlos más y recompensar a los que menos lo necesitaban. Aunque el caracazo de 1989 surgió como una respuesta no planeada a un conjunto de nuevas medidas, el levantamiento también simbolizó años de descontento por la corrupción gubernamental. El caracazo destruyó al sombrío Pérez, el prestigio de los dos principales partidos y abrió la puerta a una política más radical, fuera de la estructura partidaria.
El caracazo también tuvo un impacto profundo en sectores de las Fuerzas Armadas. Algunos jóvenes oficiales que se oponían a las políticas neoliberales se habían unido al levantamiento popular cuando Pérez ordenó a las tropas que abrieran fuego. Oficiales como Hugo Chávez vieron en el caracazo una experiencia educativa. Cuatro años más tarde, en 1992, lideró un golpe militar contra otro corrupto gobierno civil. El golpe fracasó, pero Chávez se ganó la simpatía de sus compañeros oficiales y el gobierno se vio obligado a liberarlo en 1994, después de haber él servido una corta condena en prisión. Es más, durante el golpe de 2002, muchos oficiales permanecieron leales a Chávez y, para sorpresa de los golpistas, lo reinstalaron en el poder en los dos días siguientes.
Sus victorias electorales subsiguientes en 1998 y 2000 le permitieron comenzar el proceso de reformas. Pero los funcionarios públicos enquistados enlentecieron el proceso de reforma dejando de cumplir decretos u obstruyéndolos, lo cual ha dejado a algunos pobres con un sentimiento de frustración acerca del ritmo del «proceso bolivariano».
En el filme documental La revolución no será televisada, la naturaleza de clase de la lucha de Venezuela se hace evidente. Mujeres bien vestidas y de peinados caros que golpeaban ollas y sartenes -primera vez que muchas de ellas tocaban esos utensilios- gritaban obscenidades a Chávez. Líderes contrarios a Chávez advierten a las mujeres ricas que sus sirvientas pudieran ser traidoras en sus propias mansiones, miembros secretos de los Círculos Bolivarianos chavistas.
El filme se hace eco de La batalla de Chile, filmado durante la presidencia de Salvador Allende (1970-73), que mostraba a los chilenos ricos alentando un golpe militar.
Para la elite blanca Chávez representa la fealdad. El hombre con rasgos indios y africanos ha cometido el pecado imperdonable: redistribuir la riqueza. Ha incrementado el porcentaje del presupuesto que se dedica a la salud pública (8%) y a la educación, aunque aún no está al nivel de los países desarrollados. También suspendió los subsidios a las escuelas privadas, adonde los ricos envían a sus hijos.
Chávez recibió el 59% del voto en las elecciones presidenciales del 2000 con una campaña en contra del modelo del FMI que ha devastado al Tercer Mundo. Comparte esta visión anti-neoliberal con el Presidente Néstor Kirchner de Argentina, Lula de Brasil y el líder campesino boliviano Evo Morales. Chávez detuvo la aplanadora de privatización que hubiera entregado los fondos de la seguridad social de Venezuela a los empresarios privados y las universidades estatales a comerciantes de la educación.
En vez de continuar el sistema de «recompensar a los ricos y castigar a los pobres», Chávez concedió créditos a pequeños propietarios urbanos y rurales. En vez de perpetuar el robo y el privilegio que prevalecía en el sector petrolero controlado por el estado, despidió a burócratas de altos salarios y dedicó los ingresos a los pobres.
En sus primeros cuatro años (1998-2002), Chávez disminuyó la tasa de inflación de más de un promedio de 52%, entre 1989 y 1998, a menos de 23%. La industria petrolera venezolana, devastada por una huelga de dos meses y medio que comenzó en 2002, se ha recuperado y ha comenzado a suministrar ganancias a los cofres del estado.
La economía en recuperación ha causado problemas entre los opositores a Chávez. Algunos creen que sólo la violencia lo destruirá. Líderes de la oposición han apelado a Washington, reclamando sin evidencia que Chávez colabora con las guerrillas colombianas de las FARC y el ELN. Recientemente Eduardo García, un ex capitán del ejército venezolano, apareció en uniforme en el Canal 41 de Miami para describir la manera en que Comandos F-4, un grupo de cubanos anti-Castro, lo habían ayudado en su plan violento para derrocar a Chávez.
Las unidades antiterroristas del FBI en el Sur de la Florida no han molestado a este grupo. Chávez ha presentado pruebas de que funcionarios de EE.UU. cooperaron en el intento de golpe de abril del 2002 y en esfuerzos más recientes para desestabilizar su régimen. Él ha mencionado los nombres del Secretario Asistente para Asuntos del Hemisferio Occidental Roger Noriega, y de Otto Reich, quien recientemente renunció como Enviado Especial en las Américas.
Irónicamente, las acusaciones del gobierno de EEUU, Human Rights Watch y de Amnistía Internacional subrayan los pecados de Chávez referentes a la censura de prensa y a minar la Constitución -que Chávez es antidemocrático. En vista de la planificación del golpe por EEUU y sus esfuerzos de desestabilización, tales acusaciones, en el mejor de los casos, van en la dirección equivocada.
Amnistía Internacional y Human Rights Watch, junto con el gobierno de EEUU, han contribuido no sólo a la confusión política respecto a Venezuela. Al hacer un mal uso de las palabras «democracia y «derechos humanos han creado una pesadilla semántica. Ellos parecen aceptar los golpes de estado y las campañas de desestabilización realizados por EEUU como compatible con la democracia, mientras que los esfuerzos de Chávez por hacer una realidad del gobierno por una mayoría brindando derechos sustantivos básicos se convierten en una ofensa. Él no ha clausurado, censurado ni interferido a ningún medio o la propiedad que pertenece a sus enemigos. ¡Explíquense ustedes eso!