Fue lanzado en San Pablo el Informe Derechos Humanos en Brasil 2004. La edición, publicada por la Red Social de Justicia y Derechos Humanos, señala que los excluidos sociales todavía son las principales víctimas y que los movimientos organizados – tanto urbanos como rurales – continúan sufriendo varios tipos de represión. El informe aborda temas […]
Fue lanzado en San Pablo el Informe Derechos Humanos en Brasil 2004. La edición, publicada por la Red Social de Justicia y Derechos Humanos, señala que los excluidos sociales todavía son las principales víctimas y que los movimientos organizados – tanto urbanos como rurales – continúan sufriendo varios tipos de represión.
El informe aborda temas como el trabajo esclavo, violencia contra los pueblos indígenas, violencia en el campo, transgénicos, Área de Libre Comercio de las Américas (Alca), la exclusión social en el país, derecho a la salud, a la vivienda y al trabajo, niños y adolescentes en el tráfico de drogas, entre otros.
En una evaluación general, conforme lo señala la directora de la Red Social de Justicia y Derechos Humanos, Maria Luisa Mendonça, la actuación del gobierno federal deja mucho a desear en muchas de las esferas presentadas en el informe por las 30 entidades que colaboraron con la publicación.
En lo que respecta al trabajo esclavo, el informe trae datos aún inéditos. Desde 1995 hasta fines de octubre de este año, 13.119 trabajadores esclavos fueron puestos en libertad. Gran parte de este trabajo, complementa, se debe al Grupo Especial de Fiscalización Móvil que, en casi diez años de existencia, fiscalizó 1.260 propiedades. De este total, en 300 era utilizada mano de obra esclava.
El problema, sin embargo, es que con la falta de fondos destinados a las unidades móviles, el trabajo deja de ser realizado en muchas áreas. «Muchas veces, los propios fiscales tienen que sacar dinero de su propio bolsillo para algunas actividades. Es necesario dar más apoyo financiero a los grupos móviles», afirma.
Con respecto a la cuestión indígena – que este año estuvo marcada por intensos conflictos, sobre todo en Raposa Serra do Sol (Roraima) y en la reserva Roosevelt (Rondônia), la situación tampoco mejoró. Los procesos que tratan de la homologación de las Tierras Indígenas continúan llevando un ritmo lento y la política adoptada por el Gobierno Federal no ha agradado a cientos de líderes indígenas en todo Brasil.
Mientras no son asentados, los miles de trabajadores rurales siguen con problemas en el área de la salud, educación y alimentación. A pesar de los esfuerzos de los movimientos sociales, sin el apoyo federal es imposible dar la estructura necesaria a las miles de familias que están acampadas. De enero a agosto, el Gobierno asentó tan sólo 5 mil familias, cuando la propuesta de atender a los trabajadores rurales era – hasta el final del mandato – de 500 mil familias, más de 100 mil por año.
El informe está compuesto por artículos y textos de diversos representantes de los movimientos sociales como Antonio Canuto, de la Comisión Pastoral de la Tierra, Eduardo Zen, miembro de la Coordinación Nacional del Movimiento de los Damnificados por Represas, Evanize Sydow, periodista de la Red Social de Justicia y Derechos Humanos, Frei Sérgio Antônio Görgen, Diputado Estatal por el PT/RS, João Pedro Stedile, miembro de la Dirección Nacional do MST, Luiz Bassegio, secretario nacional del Servicio Pastoral de los Emigrantes, entre otros.
El próximo día 8, el Informe Derechos Humanos en Brasil 2004 será lanzado en el Estado de Río de Janeiro.
Represión En contrapartida, los movimientos sociales han reaccionado. Y eso se traduce en el número de movilizaciones y ocupaciones que vienen sucediendo para exigir acciones más eficaces por parte del gobierno. Frente a esto, la represión ha sido constante tanto en el campo como en las áreas urbanas.
«Esas movilizaciones y ocupaciones son las respuestas que los movimientos dan sobre la actuación del gobierno que aún está por debajo de lo esperado. Con esto, la represión contra esos movimientos es aún un factor muy serio y constante», dijo Maria Luisa.
En una evaluación general, conforme lo señala la directora de la Red Social de Justicia y Derechos Humanos, Maria Luisa Mendonça, la actuación del gobierno federal deja mucho a desear en muchas de las esferas presentadas en el informe por las 30 entidades que colaboraron con la publicación.
En lo que respecta al trabajo esclavo, el informe trae datos aún inéditos. Desde 1995 hasta fines de octubre de este año, 13.119 trabajadores esclavos fueron puestos en libertad. Gran parte de este trabajo, complementa, se debe al Grupo Especial de Fiscalización Móvil que, en casi diez años de existencia, fiscalizó 1.260 propiedades. De este total, en 300 era utilizada mano de obra esclava.
El problema, sin embargo, es que con la falta de fondos destinados a las unidades móviles, el trabajo deja de ser realizado en muchas áreas. «Muchas veces, los propios fiscales tienen que sacar dinero de su propio bolsillo para algunas actividades. Es necesario dar más apoyo financiero a los grupos móviles», afirma.
Con respecto a la cuestión indígena – que este año estuvo marcada por intensos conflictos, sobre todo en Raposa Serra do Sol (Roraima) y en la reserva Roosevelt (Rondônia), la situación tampoco mejoró. Los procesos que tratan de la homologación de las Tierras Indígenas continúan llevando un ritmo lento y la política adoptada por el Gobierno Federal no ha agradado a cientos de líderes indígenas en todo Brasil.
Mientras no son asentados, los miles de trabajadores rurales siguen con problemas en el área de la salud, educación y alimentación. A pesar de los esfuerzos de los movimientos sociales, sin el apoyo federal es imposible dar la estructura necesaria a las miles de familias que están acampadas. De enero a agosto, el Gobierno asentó tan sólo 5 mil familias, cuando la propuesta de atender a los trabajadores rurales era – hasta el final del mandato – de 500 mil familias, más de 100 mil por año.
El informe está compuesto por artículos y textos de diversos representantes de los movimientos sociales como Antonio Canuto, de la Comisión Pastoral de la Tierra, Eduardo Zen, miembro de la Coordinación Nacional del Movimiento de los Damnificados por Represas, Evanize Sydow, periodista de la Red Social de Justicia y Derechos Humanos, Frei Sérgio Antônio Görgen, Diputado Estatal por el PT/RS, João Pedro Stedile, miembro de la Dirección Nacional do MST, Luiz Bassegio, secretario nacional del Servicio Pastoral de los Emigrantes, entre otros.
El próximo día 8, el Informe Derechos Humanos en Brasil 2004 será lanzado en el Estado de Río de Janeiro.
Represión En contrapartida, los movimientos sociales han reaccionado. Y eso se traduce en el número de movilizaciones y ocupaciones que vienen sucediendo para exigir acciones más eficaces por parte del gobierno. Frente a esto, la represión ha sido constante tanto en el campo como en las áreas urbanas.
«Esas movilizaciones y ocupaciones son las respuestas que los movimientos dan sobre la actuación del gobierno que aún está por debajo de lo esperado. Con esto, la represión contra esos movimientos es aún un factor muy serio y constante», dijo Maria Luisa.
2 de diciembre 2004