La Unión Económica y Monetaria (UEM) es el entramado institucional resultante del proyecto de integración económica y política llevado a cabo en Europa. Acelerado en los años 80 de la mano del neoliberalismo, institucionalizado en los años 90 alrededor del Tratado de Maastricht, adoptó la moneda común a partir de 2002. Recordar los antecedentes históricos […]
La Unión Económica y Monetaria (UEM) es el entramado institucional resultante del proyecto de integración económica y política llevado a cabo en Europa. Acelerado en los años 80 de la mano del neoliberalismo, institucionalizado en los años 90 alrededor del Tratado de Maastricht, adoptó la moneda común a partir de 2002.
Recordar los antecedentes históricos es importante para entender el carácter preeminentemente económico y geopolítico del proyecto desde su origen: la Comunidad Europea del Carbón y el Acero (CECA), creada en 1952, y el Tratado de Roma de 1957, que determinaría como primordial el principio de economía de mercado y serviría de hoja de ruta en la construcción de la Comunidad Económica Europea (CEE), una unión aduanera iniciada con la eliminación de aranceles que permitiera la libre circulación de mercancías entre los Estados miembros. Esta primera fase es fruto de la coordinación internacional que requería la reconstrucción de una Europa devastada por la guerra con el plan (del general) Marshall proveniente de los EEUU, juntamente con el proceso de consolidación de los grandes grupos empresariales europeos, aún fuertemente ligados a los países de origen, pero en vistas de extenderse a un mercado europeo más amplio.
En 1986, en plena contrarrevolución neoliberal posterior al colapso del modelo keynesiano de posguerra consecuencia de la crisis de los 70, se inician las medidas establecidas en el Acta Única, el andamiaje necesario para levantar las instituciones comunitarias de la Unión Europea (UE), constituida en el Tratado de Maastricht (1992), y desplegar el mercado único. Esta segunda fase, caracterizada por la liberalización económica y la consolidación del proyecto euroliberal, se profundizaría con la posterior integración monetaria (UEM). Preparada durante los años 90 -a parte del Tratado de Maastricht, con el Instituto Monetario Europeo, predecesor del Banco Central Europeo (BCE), y la fijación de los tipos de cambio el 1999- la moneda común entraría en vigor en 2002. Durante los años 2000 se incorporarían nuevos Estados a la zona euro, hasta llegar, después de la reciente entrada de Letonia en 2014, a los 18 Estados miembros. La UEM representa la alternativa propuesta por el capital europeo y sus representantes políticos para hacer frente a la competencia internacional y a los problemas que planteaba la globalización con la ayuda de una moneda internacional como el euro. Es el trampolín a la nueva internacionalización de unas economías no competitivas vía salarios y con sistemas de protección social aún resistiendo su desmantelamiento.
Uno de los pilares de la política económica europea es el Pacto de Crecimiento y Estabilidad. Establecido en Maastricht, define las condiciones económicas necesarias para integrarse en el proyecto de unión económica y monetaria: un déficit presupuestario menor del 3% del PIB, una deuda pública por debajo del 60% del PIB y una inflación inferior al 2%. El Pacto de Crecimiento y Estabilidad ha generalizado el rigor fiscal entre los Estados miembros de la UE, imponiendo la austeridad como única política económica adoptable. Haberse de ajustar a un déficit público del 3% obliga, en un contexto de repetidas reformas fiscales regresivas, y, sobretodo, frente a una coyuntura marcada por la caída de la recaudación, a una reducción del gasto público.
Otro pilar importante, institución rectora de la unión monetaria, es el Banco Central Europeo (BCE): encargado estatutariamente del control de la inflación como mandato único, a diferencia de otros bancos centrales que, como la Reserva Federal estadounidense, también velan por el crecimiento económico y el nivel de ocupación. El BCE ha llevado a cabo una política monetarista única para toda la zona euro centrada en el control de la inflación a través de la fijación de los tipos de interés.
Estas restricciones en materia económica suponen, y persiguen intencionadamente, una mayor liberalización económica y flexibilización del mercado de trabajo. Esto representa una progresiva privatización y desmantelamiento del cada vez más raquítico sector público, tanto del patrimonio colectivo como de los servicios (derechos) sociales, y una constante reducción salarial y precarización laboral -la Estrategia Europea de Trabajo y su eufemística flexiseguridad establecen directrices importantes en materia laboral, relativas a la flexibilización del mercado de trabajo, es decir, al abaratamiento del despido y a la reducción de las prestaciones sociolaborales.
La moneda común se ha convertido en la palanca definitiva para institucionalizar la austeridad salarial y extenderla a ámbitos del salario socializado como la protección social, los servicios públicos o las pensiones como única política económica posible. Los Estados no disponen de política monetaria propia, determinada exclusivamente por el BCE. La competencia entre países en materia fiscal ha acabado siendo la única herramienta utilizada para dirigir la política industrial. Los ganadores, una vez más, han sido los grandes grupos empresariales que han visto flexibilizarse los mercados laborales nacionales y reducirse los salarios, además de gozar de privilegios fiscales.
Un último elemento importante del entramado económico europeo es la Estrategia de Lisboa. Aprobada el año 2000, se marcó como objetivo conseguir antes de 2010 » la economía basada en el conocimiento más competitiva y dinámica del mundo, capaz de crecer económicamente de manera sostenible con más y mejores empleos y con mayor cohesión social «2. La gestión de la transición de economías tradicionalmente industriales hacia la eufemística «economía del conocimiento» se ha concentrado en la privatización y liberalización de las grandes empresas públicas y sectores llamados estratégicos, como la energía, los suministros, el transporte, las infraestructuras y las telecomunicaciones. La flexibilidad del mercado de trabajo que pretendidamente debería favorecer la movilidad laboral en este proceso de transición se ha quedado en una burda (des)regulación, profundizada con la excusa de la crisis actual, consiguiendo abaratar el coste de trabajo y aumentar la precariedad laboral.
La guinda del pastel jurídico-institucional de la UE ha sido el Tratado de Lisboa -firmado el 2007, entró en vigor el 2009. Este tratado dota a la UE de mayores competencias jurídicas para firmar acuerdos internacionales a nivel comunitario y hace avanzar el proceso de integración política pues vincula a todos los Estados miembros documentos como la Carta de Derechos Fundamentales de la UE. Pero también supone una pérdida de soberanía de los Estados y su aprobación ha sido antidemocrática pues ha supuesto la aprobación de facto de lo recogido en la Constitución Europea, la cual fue rechazada por referéndum en Francia y Holanda -como el propio Tratado en Irlanda, hecho que obligó a atrasar hasta 2009 su entrada en vigor.
Las implicaciones políticas son muy relevantes. La promoción de la liberalización y la preeminencia del sector privado en el desarrollo económico, juntamente con el control de la inflación y la defensa del sector financiero han estado el buque insignia de la UE y el proyecto de moneda común. Un proyecto europeo que por sus características ha favorecido el dominio de Alemania a expensas de los países llamados periféricos. La integración económica y monetaria favorece al capital de los países centrales, que necesitaban un ámbito sectorial y geográfico de acumulación, de obtención de mano de obra barata, de destino de las mercancías producidas y de reciclaje de excedentes comerciales y financieros. Es decir, dónde poder producir a costes reducidos y cerca de las empresas matriz, al mismo tiempo que se abrían nuevos mercados para el capital financiero, que inundaría de crédito aquellas economías más dependientes, como las del sur europeo, para después venderles las mercancías que demandaban. Los capitales de las economías más débiles también se han beneficiado, dado que han ganado poder de negociación en los mercados internacionales, aprovechaban la solvencia que les ofrecía una moneda fuerte como el euro y sobreexplotaban su clase trabajadora con la excusa de la competitividad internacional, competencia especialmente dura por encontrarse frente a una Alemania que lleva a cabo la misma estrategia.
La construcción europea, particularmente la unión monetaria, tenía de entrada enormes complicaciones. Organizar un espacio económico dónde coexisten países con niveles salariales, productividades e inflaciones divergentes, juntamente con modelos productivos tan diferentes, no es fácil sin grandes dosis de voluntad y coordinación política. Lo que habría de haber sido una senda de convergencia ascendente de los sistemas sociales de bienestar, idea bajo la cual el proyecto europeo ganaba adeptos, ha acabado convirtiéndose en la negación de aquella Europa social regida por políticas económicas keynesianas, con modelos fiscales más redistributivos y con una distribución del excedente centrada en el reparto de los aumentos de productividad entre el trabajo y el capital.
La superación de las divisiones nacionales que en el pasado habían originado desastrosas guerras mundiales, la lucha contra problemas comunes como la destrucción del medio ambiente, la gestión de las fronteras o la promoción de la paz, promesas sobre las cuales se sustentaba el proyecto europeo, son, como expone Àngel Ferrero3, pruebas flagrantes de su fracaso. Sólo hace falta observar, por nombrar los episodios más preocupantes, la subida de la extrema derecha xenófoba y la reedición de los agravios chovinistas, la incapacidad de implementar un pacto ecológico común, el trato inhumano y vergonzante dado a las personas migrantes llegadas a las fronteras del sur de Europa y la escalada bélico-imperialista protagonizada por la UE en diversos conflictos.
La UE, sobretodo en esta fase neoliberal y de integración monetaria, es la negación de la Europa social capitalistamente reformada hija de la victoria sobre el nazifascismo.
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Desde su origen, este largo proceso de integración económica ha estado protagonizado por tensiones geopolíticas a veces contradictorias. De entrada, existía el temor a una Alemania excesivamente fuerte, preocupación evidente después de la experiencia histórica de la primera mitad del siglo XX. Pero al mismo tiempo las élites europeas necesitaban su impulso industrial y financiero si querían competir en condiciones de igualdad con los EEUU y Japón. Esto toma especial relevancia después de la caída del muro de Berlín, la unificación alemana y la desaparición del bloque soviético con la posterior capitalización y privatización de las economías de planificación estatal.
Este momento histórico puso en bandeja al resto de potencias europeas políticamente centrales, sobretodo a Francia, una doble oportunidad. Por un lado, embridar dentro del marco institucional europeo el potencial económico alemán. Por otro lado y más importante, llevar a cabo lo que Alemania había conseguido con la anexión de la RDA y el acceso a un cuantioso ejército de reserva -prácticamente inagotable si incluimos Europa del este-, imponer la disciplina salarial y limitar la capacidad negociadora de los sindicatos. En el caso francés, los sindicatos y la izquierda política estaban aguantando con cierta solidez la aplicación de la agenda neoliberal. No olvidemos que, a pesar del contexto desfavorable se consiguió la jornada de 35 horas -el año 2000-, muestra de la superioridad sindical respecto a los países de su entorno4. En Gran Bretaña, Tatchert había desmantelado el Estado de Bienestar y destruido, prácticamente, los sindicatos. En Alemania, a parte de lo ya comentado, se impuso el «teorema de Schmidt» -en honor al ministro de economía, por cierto, socialdemócrata- según el cual los descensos salariales eran favorables a la creación de ocupación pues, a largo plazo, teóricamente, unos mayores beneficios empresariales supondrían inversión futura.
El proyecto de la UEM también ha servido a Francia para apuntalar su potente sector financiero. Al mismo tiempo, los grupos industriales y financieros alemanes necesitaban de la integración económica y monetaria para consolidar un mercado periférico europeo para dar salida a su producción exportadora, primeramente, en el sur del continente, y, posteriormente, al este de Europa. La UE ha sido la vía para encauzar el poder político y económico del capital alemán al mismo tiempo que se convertía en la mejor forma de hegemonizar su propio sector financiero e industrial, hasta el punto de llegar a controlar la política económica en el sí de la UEM e influir en el desarrollo del modelo productivo de la periferia europea dependiente.
Creemos también importante mencionar, a pesar de no poder entrar en detalle, el papel jugado por Alemania en asegurarse la zona de los Balcanes y la antigua Yugoslavia como satélite económico con una participación más o menos directa en el conflicto bélico de los años 90. Actualmente estamos presenciando enormes tensiones políticas en un país -Ucrania- tan importante geopolítica y energéticamente para los intereses del capital europeo, y alemán concretamente, que han de determinar si se decanta hacia la órbita rusa o unioneuropea.
Junto a los aspectos recién mencionados, la construcción de un bloque geopolítico que históricamente sirvió de contención a la expansión comunista, neutralizando tanto la órbita de influencia soviética como los partidos comunistas italiano, francés y griego, ha demostrado el «éxito»5 del proyecto europeo en cuanto a los intereses estadounidenses y del capital europeo.
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Desde 2007-2008 estamos inmersos en la que posiblemente sea la mayor crisis global del capitalismo. La crisis económica ha abierto una nueva fase en la historia de la UE, especialmente delicada para la zona euro, comenzando por demostrar lo que tantos críticos del proyecto europeo denunciaron: la imposibilidad de construir una unión económica y monetaria sin un presupuesto público relevante para el conjunto de la economía integrada y con una coordinación política más amplia y selectiva, sobretodo en lo referente a los ámbitos fiscal y monetario. Las incoherencias y asimetrías del sistema euro han sido flagrantes. El aparato institucional expuesto a grandes rasgos anteriormente -el Tratado de Maastricht, el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, la Estrategia de Lisboa y el BCE- ha tenido unas implicaciones sociales nefastas y está, como mínimo, dificultando la aplicación de políticas keynesianas anticíclicas, cuando no, acentuando la eurocrisis. La crisis ha puesto en evidencia que la arquitectura institucional y económica europea lejos de permitir una gestión en términos racionales y un amortiguamiento de sus consecuencias tanto para las economías como para el conjunto de la población, ha acentuado los daños socioeconómicos. La UEM, como hemos explicado, estaba fundada en un diseño genéticamente neoliberal, preocupada prioritariamente por la competitividad y la expansión del capital. En este aspecto sí ha sido una estructura propicia y ventajosa para el capital porqué, por el diseño capitalista que la impulsaba, ha permitido traspasar el ajuste a las clases trabajadoras.
Frente a la gestión europea de la crisis de los últimos años es difícil no ver que el objetivo del proceso de integración nunca fue tender a una mayor coordinación y convergencia, sino por el contrario conseguir imponer la liberalización económica. La solidaridad interterritorial, la redistribución de la riqueza y el fomento al desarrollo y crecimiento, ejes de la falsa propaganda económica de la UE, han desaparecido del mapa. Esta lógica actualmente se acentúa con la aplicación de las recetas de austeridad marcadas por la Troika para, supuestamente, reducir los déficits y la deuda pública y esperar, milagrosamente, la reactivación y el crecimiento económico. Es indiscutible que la actual depresión de la economía mundial y la gestión de la crisis por parte de los gobiernos y las élites económicas está teniendo consecuencias especialmente graves para las clases trabajadoras europeas, sobretodo en los países periféricos del sur y este de Europa, juntamente con Irlanda. Este hecho es reconocido incluso por organismos internacionales y tribunas de opinión convencionales. Lo que no genera tal consenso son las causas de la crisis, algo que la economía crítica de inspiración marxista atribuye, con carácter endógeno, a la dinámica de valorización del capital y el inevitable, incluso necesario, fenómeno sistémico de la sobreproducción y sobreacumulación y la caída de la rentabilidad, donde la financiarización y el neoliberalismo han sido, en tanto que representantes del capitalismo postcrisis de los años 70, los epifenómenos de esta primera gran crisis del siglo XXI6.
Como decíamos, nos encontramos en medio de una nueva fase en la historia del proceso de integración europeo el futuro del cual depende de la gestión política y económica de la crisis y del régimen de acumulación y pacto social que salgan resultantes. Los escenarios que se presentan se pueden resumir, como propone el economista Costas Lapavitsas7, en tres alternativas: la austeridad, la reforma institucional de la UEM y la salida del euro.
La primera alternativa, introducida anteriormente, es la que se está llevando a cabo: la aplicación de políticas de austeridad fiscal y ajuste estructural. Estas medidas se presentan como una serie de recortes presupuestarios selectivos que suponen la reducción del gasto público, sobretodo de las prestaciones sociales y los salarios de los funcionarios/as, al mismo tiempo que se aplican subidas de impuestos indirectos y se impone la privatización de servicios públicos y la venta del patrimonio como únicas vías posibles para aumentar los ingresos. La austeridad es una alternativa miope, posible únicamente y por naturaleza a corto plazo pues no es generadora de crecimiento. Esta alternativa aprisiona las economías en el círculo vicioso del austericidio a través del cual para reducir el déficit hace falta reducir los gastos deteriorando así la demanda y provocando una parálisis mayor que aumenta nuevamente el déficit y paralelamente la deuda pública para financiarlo. Se trata de una vía sin salida, donde el capital se beneficia de la reducción del costo laboral y de la entrada en mercados hasta ahora vetados al sector privado por motivos de interés público y de eficacia. Este escenario que supone un callejón sin salida para la población trabajadora es la única vía del capital para superar la crisis de rentabilidad: aumento de la explotación de los trabajadores/as y destrucción de los capitales menos competitivos.
A los elementos apuntados sobre la reducción del gasto público y los salarios, haría falta añadir al cuadro de la austeridad los llamados «rescates», es decir, los préstamos concedidos a los países con riesgo de impago de su deuda pública a través de instituciones como el Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) creadas para tal objeto. El MEDE fue creado por el Consejo Europeo como respuesta a la crisis de la deuda de 2010 con tal de canalizar financiación con carácter de urgencia a los Estados con dificultades para acceder a los mercados financieros. A cambio de estas «ayudas» la Comisión Europea, el FMI y el BCE -las tres entidades que forman la Troika- exigen el cumplimiento de una serie de medidas económicas que consideran la terapia de choque necesaria para reducir los déficits y poder devolver la deuda. A parte de los recortes presupuestarios, la prescripción de la Troika indica una serie de reformas estructurales que incluyen aspectos como la flexibilización del mercado de trabajo, las privatizaciones y las restricciones de prestaciones sociales como las pensiones. Esta opción, preferida por las élites económicas y los gobiernos, tiene una doble implicación. Por un lado, lo que se ha presentado como rescates a países con necesidades financieras no ha sido más que el rescate de facto de los bancos internacionales con una alta exposición inversora en la periferia europea, sobretodo bancos alemanes y franceses. En el caso español, los bancos quebrados, con Bankia como paradigma, han recibido directamente estas ayudas a cargo del contribuyente el cual acabará asumiendo las pérdidas de unos préstamos que no se devolverán8. Por otro lado, detrás del argumento del rigor presupuestario se aprovecha para derribar los ya débiles Estados del Bienestar y la capacidad defensiva de los sindicatos. Por este motivo, las reformas estructurales también son llevadas a cabo por Estados que no han pedido financiación al MEDE, generalizando la austeridad en prácticamente toda la UE -de la misma manera que se está haciendo en otras partes del mundo, la austeridad es actualmente una política a nivel planetario.
El gran problema de esta alternativa es que empeora objetivamente la situación socioeconómica pues se trata de políticas procíclicas que en lugar de reactivar la economía la hunden en la depresión Este escenario es aprovechado por el capital como si de carroñeros se tratara y, pretendidamente, el aumento de la productividad por la reducción de los salarios y las mejoras competitivas que esto supondría, juntamente con la aparición de nuevos sectores de inversión fruto de la liberalización y privatización del sector público, deberían garantizar una mejora de la rentabilidad del capital el cual volvería así a invertir de forma masiva iniciando un nuevo proceso de acumulación. Esto último, que describe cómo se sale de las crisis en el capitalismo, es lo que explica que una vía keynesiana es inviable, que dentro del actual marco capitalista y ordenamiento jurídico, una expansión del gasto públicó solo conseguiría añadir deuda a las espaldas de las clases trabajadoras que son al fin y al cabo las que asumen, de una manera u otra, el pago de los impuestos a través de su trabajo.
Esta dinámica, en cambio, no es en absoluto automática y presenta una serie de problemas. Primeramente9, las estrategias de liberalización han demostrado en muchas ocasiones no ser generadoras de las mejoras, por ejemplo tecnológicas, que supondrían un aumento de la productividad en el largo plazo. En segundo lugar, la transición industrial hacia economías preeminentemente de servicios ha debilitado los aumentos de productividad. Esto nos llevaría a un escenario, como presenta el economista Michel Husson, y que encajaría con la propuesta de la Estrategia de Lisboa, de «demanda social cada vez menos conforme con las exigencias de rentabilidad, en contradicción con las exigencias de acumulación porque equivale a un desplazamiento hacia sectores productivos de menor potencial productivo y de menor potencial en términos de beneficio»10.
Una estrategia competitiva mínimamente racional no se puede basar en la reducción de salarios, pues esto es, de entrada, lo más fácil de imitar. La alternativa de «empobrecimiento del vecino» únicamente consigue introducir las economías en una espiral devaluadora. Al mismo tiempo, pretender que las economías periféricas compitan contra una Alemania que también exprime a sus trabajadores/as con la inútil esperanza de revertir los déficits por cuenta corriente está suponiendo un suicidio social colectivo a escala europea. La pobreza, la desigualdad y la fractura social que esto genera no son elementos que el capital y sus gestores políticos consideren prioritarios de combatir.
La segunda alternativa hace referencia a una reforma institucional profunda de la zona euro que pudiera remediar las siguientes incompatibilidades, señaladas, entre otros, por el economista Yanis Varoufakis11. Primero, los desequilibrios que genera el tener una política monetaria unitaria y una política fiscal divergente entre Estados. Segundo, el hecho que la zona euro cuente con un banco central sin gobierno y una serie de gobiernos sin banco central que los apoye. Tercero, que bajo la misma moneda -el euro- se puedan mantener deudas soberanas perfectamente separadas. Y cuarto, la falta de un sistema de reciclaje de excedentes de las regiones o los Estados con superávit hacia las que tienen déficit de inversiones.
Otro elemento como la actuación del BCE proporcionando abundante liquidez a los bancos privados a tipos de interés muy favorables mientras no actuaba como prestador de última instancia de los Estados miembros también ha sido ampliamente criticada. La reforma estatutaria del BCE para que actúe como financiador de los déficits públicos sería un eje importante de la reforma institucional llegando incluso a la emisión de eurobonos -deuda soberana comunitaria-. El Pacto de Estabilidad y Crecimiento debería ser reformulado para adaptar los límites de déficit y deuda pública a la nueva realidad económica si francamente se quiere reactivar la economía dejando atrás la política de austeridad. El Banco Europeo de Inversiones (BEI) y el Fondo Europeo de Inversiones (FEI) deberían adoptar como objetivo prioritario el reciclaje a escala europea de los superávits hacia regiones deficitarias con condiciones no de mercado menos costosas para la administración pública con criterios de desarrollo económico y creación de empleo. Una mayor coordinación política -hay voces que apuntan a la creación de un Estado central europeo que federe los Estados miembros-, y un mayor presupuesto para la UE serian parte del eje político de la alternativa reformista, que podría impulsar también una política comunitaria de salario mínimo, de tiempo de trabajo y de reducción del diferencial de competitividad y de las desigualdades.
La tercera alternativa es la que defiende una salida del euro como medida imprescindible para combatir la crisis, pistoletazo de salida para una serie de reestructuraciones de la economía y la sociedad para hacer de esta alternativa una vía transformadora de éxito. La devaluación monetaria permitiría una mejora competitiva gracias a la reducción de los precios reales de las exportaciones y si, gracias a esto, estas aumentaran se reduciría el déficit de la balanza comercial. Pero una moneda menor y devaluada dificultaría aún más la devolución de la deuda externa, es decir, la deuda contraída tanto por el Estado como por las entidades financieras y empresas con entidades internacionales, dado que esta deuda seguiría nominada en euros, una divisa más cara de conseguir con la nueva moneda devaluada. Así pues, una propuesta de salida del euro de carácter progresista debería ir acompañada inevitablemente de la suspensión de pagos y reestructuración de la deuda12.
La salida del euro -e impago o reestructuración de la deuda- sería, en opinión de los defensores de esta alternativa, la puerta de entrada a un escenario de reformas de cariz transformador, en algunos aspectos parece que casi por inercia, que favoreciese el trabajo frente al capital: «La salida progresista [del euro] podría dar lugar a un cambio social y económico que transformara la sociedad en interés de los trabajadores. Sin embargo, a este fin la salida debería adoptar asimismo un amplio programa que incluyera, como mínimo, el control y la propiedad pública de las instituciones financieras, el control de los flujos de capital, la renta y la redistribución de la riqueza, una política industrial prolongada que protegiera el empleo y asegurara el crecimiento, y una reestructuración total del Estado en una dirección democrática. En el fondo, consistiría en un programa transitorio para la economía encaminado a la supremacía del trabajo.»13
Las alianzas políticas y sociales que podrían producir un cambio, apunta Costas Lapavitsas14, existen potencialmente. El hecho de trasladar el equilibrio de poder en favor del trabajo se afirma bajo una organización democrática de la economía y la sociedad que enfrente el problema del desarrollo de cada país en una economía globalizada. La salida progresista no puede consistir en una autarquía nacional. Sería necesario que los países periféricos continúen manteniendo el comercio internacional. También necesitarán seguir obteniendo transferencias de tecnología y capital extranjero. Añadiríamos también aquellos sectores dependientes exteriormente y de primera necesidad como el farmacéutico o el energético, por nombrar solo dos de importantes.
Esta vía ofrece la posibilidad de un desarrollo diferente para los trabajadores/as de los países del centro pues se convertirían en aliados naturales de los países periféricos si estos intentaran una transformación drástica de sus economías. Esta solución podría modificar el equilibrio actual de fuerzas sociales en Europa implicando una transformación institucional y social.
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A continuación presentaremos algunos de los inconvenientes objetivamente destacables de las dos alternativas progresistas que creemos hace falta valorar para analizar si las propuestas son viables y, más importante, factibles en el actual contexto histórico.
Uno de los inconvenientes más destacables de la alternativa de reforma de la UE es el papel del euro como moneda internacional. El dinero representa mucho más que un medio de intercambio, reserva y pago. El dinero contiene un alto componente ideológico15. Puede el euro mantenerse relevante internacionalmente si no está apoyado por una política económica monetarista como la actual? Puede incluso seguir existiendo el euro sin el conservadurismo fiscal y monetario de la arquitectura institucional y financiera europea? En caso de producirse un giro en la política económica europea y llevarse a cabo reformas más suaves, o de reactivación keynesiana, la caída del valor del euro respecto del dólar sería sostenible para las economías de la periferia europea? Sería deseable y tolerado por las élites económicas europeas?
Existen serias dudas sobre la viabilidad del euro realmente existente sin contar con el rigor fiscal antiprogresivo y austericida y las (contra)reformas liberalizadoras junto con la arquitectura institucional de la UE tal y como la conocemos actualmente. El abandono de la disciplina fiscal, gracias a una supuesta eliminación o reformulación del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, sería inverosímil si al mismo tiempo se mantiene la voluntad de competir con el dólar. Una caída del valor del euro imposibilitaría a los grandes bancos europeos operar internacionalmente, fomentaría ataques especulativos a la deuda de los países con mayores déficits y los diferenciales de déficits fiscales se harían insostenibles dentro de la zona euro, un área con una moneda común e internacional. Seguir emitiendo una moneda internacional permitiendo al mismo tiempo la independencia fiscal de los Estados no está claro que pudiera durar permanentemente, y la solución de un mayor presupuesto europeo y una más amplia política redistributiva podría ser insuficiente. Haría falta un Estado unitario o federal con una mayor integración económica, especialmente en relación al endeudamiento público, para reforzar la moneda común pero esto parece dudoso de imaginar en el medio plazo. Es difícil pensar esta integración mientras los Estados miembros, o los hipotéticos Estados federados, puedan emitir deuda pública propia como hasta el momento.
A parte de los problemas políticos de una estrategia de reformas radicales y las resistencias que la élite financiera plantearía, existen incompatibilidades entre los medios y los fines. Una reforma drástica en la esfera fiscal llevaría a un fracaso de la unión monetaria tal y como la conocemos -de inspiración monetarista-neoliberal y operando como divisa internacional-, o a someterla a fuertes presiones exteriores. La cuestión importante no está tanto en abolir el Pacto de Estabilidad y Crecimiento o en implementar un sistema comunitario más redistributivo -ambas medidas deseables para los intereses de las clases populares de la periferia-, sino en la compatibilidad entre independencia fiscal, posible aumento de la deuda pública y el papel internacional del euro. Como dice Costas Lapavitsas, la estrategia de construcción de un «euro bueno» podría conducir a la (auto)destrucción del euro16.
Es posible un euro «con rostro humano»? Posiblemente unas reformas deseables por su finalidad pueden ser irrealizables sin romper el corsé institucional realmente existente, diseñado con unos objetivos claros y difícilmente reformable para otros propósitos. Como dice el economista Alberto Montero: » El problema esencial es que la Eurozona es un híbrido que no avanza en lo federal, con y por todas las consecuencias que ello tendría en materia de cesión de soberanía, y se mantiene exclusivamente en el terreno de lo monetario porque esa dimensión, junto a la libertad de movimientos de capitales y bienes y servicios, basta para configurar un mercado de grandes dimensiones que permite una mayor escala de reproducción de los capitales, que elimina los riesgos de devaluaciones monetarias competitivas por parte de los Estados y que facilita la dominación de unos Estados sobre otros sobre la base de la aparente neutralidad que se le atribuye a los mercados. […] El problema de fondo es que ese marco resulta funcional y esencial para el proceso de acumulación del gran capital europeo»17.
A pesar de la solidez del argumento del euro como moneda internacional, parte de las incompatibilidades que se le atribuyen a un euro reformado también se podrían indentificar con las hipotéticas monedas que surgieran después de un supuesto abandono del euro. Monedas «menores» como las que se podrían crear en Grecia, o en otros Estados de la periferia como el Estado español, serían una presa fácil de los ataques especulativos teniendo en cuenta el elevado nivel de endeudamiento y de déficit fiscal de estas economías.
Es cierto que recuperar la soberanía monetaria sería relativamente útil, pero haría falta considerar la cara menos amable de la nueva moneda, además de entender bien qué es el dinero y la limitada capacidad de maniobra de la política monetaria en un sistema de creación endógena del dinero a través del crédito del sistema bancario y el hecho de operar en un sistema internacional de tipos de cambio fluctuantes en función de los mercados de divisas y de las guerras comerciales que se derivan18. El retorno a una moneda propia que no tuviera las garantías de una internacionalmente relevante como el euro situaría la economía bajo las amenazas de especuladores financieros que podrían apostar contra ella con más beligerancia. Luchar contra los ataques especulativos requeriría una fuerte intervención en el ámbito financiero y una coordinación internacional que creemos complicada vista la correlación de fuerzas actual. La amenaza de la devaluación sistemática a la que someterían la economía los ataques especulativos podría generar episodios de inflación peligrosos.
Si la hipotética salida del euro fuese dirigida por fuerzas conservadoras19, y ahora mismo estas gobiernan y/o legislan en todos los Estados miembros, los costes de la devaluación interna serían trasladados a la clase trabajadora de la misma manera que lo está haciendo actualmente la austeridad marcada por la Troika, ya sea por la caída salarial o por los aún más profundos recortes de prestaciones del salario socializado que harían falta para poder pagar una deuda nominada en euros, más costosa en términos reales, por la devaluación de la nueva moneda.
Si añadimos al análisis las características de los modelos productivos de la periferia europea -tecnologías intermedias, preeminencia de sectores de servicios de poco valor añadido, salarios reales superiores a los de economías competidoras de Asia y del resto de la periferia mundial- aún surgen más dudas sobre la alternativa de salida del euro. La competitividad del sector productivo exportador no depende únicamente de la variable precio -influenciable, parcialmente, a través de devaluaciones de la moneda-. Existen múltiples factores que tienen más que ver con la estructura productiva del país y el modelo de comercio internacional que se quiera desarrollar y en última instancia las exportaciones deberían ser atractivas para la demanda internacional. El economista Joaquín Arriola20 ha comparado el efecto del tipo de cambio sobre las exportaciones de las últimas décadas para concluir que la relación y efecto de las devaluaciones en las exportaciones es menor para la economía española.
En muchas ocasiones decimos, acertadamente, que múltiples países fuera del euro y fuera de la UE a los que no les va tan mal como a los países del sur de Europa -«hay vida fuera de la UE», decía un diputado de izquierdas-. Pero no podemos cree de manera naíf que eso es solo gracias a tener una moneda propia. Este no es el remedio a todos los males. Países con soberanía monetaria y la posibilidad de aplicar políticas económicas propias también han sufrido duras crisis financieras anteriormente, como el Sureste asiático o Rusia, a final de los 90, por poner algún ejemplo.
Ni la salida del euro ni su continuidad y reforma son garantía exclusiva, por si mismas, ni de una recuperación más rápida ni de una vía alternativamente transformadora. No se puede defender con solidez que alguna de las dos propuestas nos lleve, repetimos, por ellas mismas y en la actual coyuntura, a superar los problemas de fondo que han generado la unión monetaria y su carácter liberalizador y preeminentemente capitalista.
Es igualmente dudoso, al menos simplificador, que la transformación de la moneda o de las instituciones comunitarias revolucionen las relaciones de producción, distribución y consumo. «Es posible revolucionar las relaciones de producción existentes y las relaciones de distribución a ellas correspondientes mediante una transformación del instrumento de circulación?», se preguntaba Marx21. La cuestión fundamental no se sitúa tanto en la necesidad de crear una nueva moneda o un nuevo diseño institucional europeo sino en crear nuevas condiciones productivas y comerciales, especialmente si partimos de una estructura productiva carente de modelo como es el caso de las economías periféricas que «gozaron» de momentos de bonanza económica a base de creación de capital ficticio. No querríamos negar la importancia de la moneda, el dinero o las instituciones. Al fin y al cabo estos serán ingredientes importantes del relato alternativo de transformación social, pero lo que no podemos perder nunca de vista es la interna conexión que existe entre la producción, la distribución y la circulación, juntamente con elementos que se escapan del propósito de nuestro análisis como la consciencia, la educación y la institucionalización política22.
El programa económico democratizador que sirva para iniciar un proceso transformador ha sido ámpliamente debatido23. De hecho, es uno de los temas estrella entre los grupos políticos de izquierda y los movimientos sociales. A veces muy por delante de la comprensión y explicación de cómo funciona realmente el capitalismo, imprescindible para criticarlo y combatirlo.
Un proceso iniciado con el repudio de la deuda, lo que obligaría a la nacionalización de la banca para hacer frente a su quiebra y el control de capitales para evitar fugas masivas hacia la zona euro o dólar, se debería acompañar inevitablemente con una recuperación y control de los sectores productivos a través de una política industrial que priorizase el reequilibrio de la balanza exterior, las inversiones en infraestructuras públicas y la recuperación de los sectores estratégicos con criterios de soberanía económica.
Respecto a la política fiscal, una reforma que reduzca los impuestos indirectos para gravar progresivamente la renta, el patrimonio y el capital seria un eje vital para poder financiar esta transición en el corto plazo y mejorar las prestaciones sociales redistribuyendo la riqueza con el objetivo de reducir rápidamente las desigualdades. No es el propósito de este texto extenderse en este programa más allá de estas breves y forzosamente simplificadoras líneas, pero no se puede dejar de apuntar la necesidad de implementar mecanismos de gobierno más transparentes y democráticos que permitan el control desde la base.
Anunciar estos gruesos brochazos de un posible programa económico nos sirve para aclarar o recordar, en relación a la discusión sobre la salida del euro o la reforma de la UEM, algo que, siendo evidente, parece haberse olvidado últimamente, o al menos haberse trasladado a un segundo plano en los debates de la economía crítica y las izquierdas. La puesta en funcionamiento de las medidas alternativas presentadas anteriormente, tanto las propuestas por los partidarios de la salida del euro como algunas de las que acompañan la propuesta reformista, no son más que papel mojado si no contamos con un un apoyo popular importante y, por tanto, poder político y capacidad de crear institucionalidad.
La austeridad impulsada por las élites y los gobiernos está siendo una amarga realidad especialmente porqué no se enfrenta a resistencias sociales suficientemente amplias como para cuestionar la salida capitalista de la crisis y conseguir una movilización capaz de frenar el austericidio. Tanto la salida del euro como la transformación de la UE, y la dirección que emprendan, dependerá de la correlación de fuerzas y del poder político real de un movimiento popular masivo y favorable a esta alternativa transformadora. Parece extraño, incluso ingenuo, creer que el orden de la relación se pueda invertir: que primero se adopte -por arriba, tecnocráticamente- una medida supuestamente transformadora como salir del euro y que después vengan el resto de transformaciones rodadas, prácticamente por inercia, creando al mismo tiempo ese polo contra-hegemònico sin el cual, sea dicho de paso, será imposible defender los avances conseguidos, somo si este complejo proceso no dependiera de la praxis social y política.
En el actual contexto de crisis y constatando la relativa facilidad con que las élites hacen recaer el ajuste sobre las clases trabajadoras, salir o no salir del euro nos parece un debate secundario, incluso estéril, decisión sobre el cual no podremos influir sin la fuerza política necesaria. Es importante dotarse de análisis y conjetura económica para entender la realidad y actuar políticamente, pero constatamos una excesiva tendencia a que estos análisis sigan la pauta marcada por la opinión publicada. Mientras discutimos sobre el euro, la crisis financiera, la especulación, la prima de riesgo, los banqueros avariciosos, la corrupción, los rescates de la Troika, los corralitos , las balanzas fiscales, etc., elementos todos ellos epidérmicos más o menos alejados de las placas tectónicas del sistema, se pierde de vista la centralidad del conflicto. El ajuste recae exclusivamente sobre las clases trabajadoras que ven empeorar sus vidas por el paro masivo, los desahucios, la pérdida de prestaciones sociales y el consecuente aumento de la pobreza. Al mismo tiempo, una reducida parte de la población obtiene aumentos de la riqueza haciendo de la crisis su gran oportunidad. De qué sirve discutir si salir o no del euro si no se tiene el poder político ya no para tomar tal decisión, sino para defender las conquistas sociales y redistribuir los efectos del ajuste entre la población más rica?
La democracia, raquítica políticamente, se frena a las puertas de las empresas donde aún gobierna una relación de dominación según la cual el superior -patrón o capataz- decide y ordena las tareas a realizar, sin consulta ni participación -ni decisoria ni material- de las personas implicadas en la producción. Incluso el derecho laboral, marco que delimita ciertas linea infranqueables para poder seguir hablando de «individuos libres» y no de esclavos, conseguido después de generaciones de lucha obrera, está en el punto de mira de la patronal, sufriendo un acoso inaudito con la excusa de la crisis y la falsa idea de la flexibilización para crear ocupación.
No se trata de un problema técnico -económico-contable o jurídico-lega- sino de un conflicto político y democrático sobre el ordenamiento de la sociedad y sus instituciones, sobre la manera de producir y distribuir el excedente material en el modo capitalista de producción, bajo un régimen de propiedad privada y con unos mecanismo de redistribución de este excedente que en esencia favorecen intereses privados en detrimento de una mayoría de la población que no tiene nada más que su trabajo para sobrevivir.
Nos gustaría terminar por dónde hemos empezado haciendo una referencia a Europa, en vistas de las tristes elecciones que se avecinan.
El proyecto europeo es incapaz de aglutinar a la ciudadanía ni tan siquiera bajo la noble bandera de la paz que se alzó tras la victoria contra Hitler viendo la escalada bélica a la que se apunta en el actual escenario geopolítico multipolar. El aumento de la islamofobía y la extrema derecha y el cobijo que esta puede encontrar en el parlamento europeo hace sospechar que los derrotados pueden volver, habiendo aprendido la lección, bajo ropajes más sutiles, amparados en una democracia de cartón piedra que premia sobre representando minorías electorales. Europa está inmersa en un lento proceso de descomposición con preocupantes visos de involución civilizatoria. La Europa del bienestar se ha convertido en la Europa fortaleza, UE mediante. La persecución del pueblo romaní, el Frontex, Melilla, Lampedusa, Evros, Calais y los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIEs) son los nombres propios de la infamia. La UE es hoy un proyecto devastado por la crisis negación de la Europa social de posguerra. No hay futuro en esta Europa, pero existe un proyecto a construir más allá. La Europa de los pueblos, la Europa euro-mediterrania se trenza en las calles, en las luchas, mucho más allá de las tristes urnas.
Ivan Gordillo, economista miembro del seminario de economía crítica Taifa.
1Este texto es un conjunto de reflexiones sobre la actual situación de crisis de la zona euro, en el contexto institucional de la UE, y sobre los debates surgidos dentro de la economía crítica y la izquierda política respecto a la salida del euro y de la crisis. Para profundizar recomendamos efusivamente el último informe del Seminario Taifa: «Desentrañando la UE». Avance en línea: http://informes.seminaritaifa.org/informe-10a/
2 «Conclusiones de la presidencia. Consejo Europeo de Lisboa» 23 y 24 de marzo de 2000. Consultable en línea: http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/es/ec/00100-r1.es0.htm
3 Àngel Ferrero: «Europa, ¿la crisis de quién?», Sin Permiso, 13/04/2014. En línea: http://www.sinpermiso.info/textos/index.php?id=6846
4Recientemente, el tribunal constitucional portugués ha rechazado el recurso presentado contra la ley que decreta la eliminación de la jornada de 35 horas semanales de los trabajadores/as de la función pública que volverán al régimen de 40 horas sin modificación salarial. Es más que probable que la jornada de 35 horas también acabe siendo víctima de las políticas de ajuste aplicadas en Francia. Y nos aventuraríamos a decir que lo que no han conseguido las élites empresariales en la época de bonanza económica los años 2000, destruir la fortaleza negociadora de los sindicatos franceses y el sector público –rara avis en medio de la Europa del euro-, lo llevaran a cabo en el actual contexto de crisis global y ajuste neoliberal. PS: Antes de cerrar este artículo el nuevo primer ministro francés, Manuel Valls, acaba de anunciar el recorte de 50.000 millones de euros de gasto público, anuncio que destapa sin rodeos el plan de austeridad para la economía francesa.
5Àngel Ferrero, 13/04/2014.
6Para una breve presentación de la teoría de las crisis: Apuntes teóricos para entender la crisis. Informe 6 del Seminario Taifa. En línea: http://informes.seminaritaifa.org/informe-06/. I Louis Gill, «En el origen de las crisis ¿sobreproducción o subconsumo?», abril 2009, Carré Rouge. En línea: http://marxismocritico.com/2011/09/29/en-el-origen-de-las-crisis-%C2%BFsobreproduccion-o-subconsumo-louis-gill/
7Costa Lapavitsas, Crisis en la euro zona, Ed. Capitán Swing, Madrid, 2013.
8Una primera cifra segura y reconocida por el FROB de las pérdidas irrecuperables del cheque en blanco dado al sector bancario («rescate») sube a 37.500 millones de euros. Sin considerar aquí las lagunas legales, falta de transparencia y corrupción en la gestión de estos procesos ampliamente comentados en prensa.
9Costas Lapavitsas (2013), p. 38.
10Michel Husson, El capitalismo en 10 lecciones. Ed. La Oveja Roja, Madrid, 2013. P. 107.
11 Yanis Varoufakis, et al. , «Una modesta proposición para resolver la crisis de la eurozona, Versión 4.0.», Sin Permiso, 21/07/2013. En línea: http://www.sinpermiso.info/articulos/ficheros/vargal.pdf
12Para una breve presentación de la crisis de la deuda: La estrategia del capital. Informe 8 del Seminario Taifa. En línea: http://informes.seminaritaifa.org/informe-08/. Para conocer la propuesta de auditoria y repudio de la deuda pública se pueden consultar los excelentes trabajos de la Plataforma por la Auditoria Ciudadana de la Deuda: http://auditoriaciudadana.net/ca/
13Costas Lapavitsas (2013), p. 274.
14Costas Lapavitsas (2013), p. 112-113.
15Costas Lapavitsas (2013), p. 275-276.
16Costas Lapavitsas (2013), p. 102-107.
17 Alberto Montero Soler, «Salir de la pesadilla del euro», Mientra Tanto, 26/12/2013. En línea: http://www.mientrastanto.org/boletin-120/notas/salir-de-la-pesadilla-del-euro
18También se podría defender que un euro debilitado favorecería a la economía alemana en tanto que se abaratarían sus exportaciones, permitiéndole redirigir su sector exterior más allá de la UE, dónde hasta ahora destina un 80% de las exportaciones. Un estudio detallado del efecto exportador de una variación en el tipo de cambio del euro sobrepasa el propósito de este artículo.
19Costas Lapavitsas (2013), p. 108-109.
20 Joaquín Arriola, «¿Salir del euro?», 21/04/2012, en su blog: http://rojosyblancos.wordpress.com/2012/04/21/hello-world/
21Karl Marx (1857-58), Elementos fundamentales para la crítica de la economía política (Grundrisse) 1857-1858 , Siglo XXI Editores, México D.F., 2007. Vol. 1, p. 45. Citado en Enrique Dussel, La producción teórica de Marx. Un comentario a los Grundrisse , Siglo XXI Editores, México D.F., 1985. P. 71.
La cita entera reza así : » Es posible revolucionar las relaciones de producción existentes y las relaciones de distribución a ellas correspondientes mediante una transformación del instrumento de circulación, es decir, transformando la organización de la circulación? Además: ¿es posible emprender una transformación tal de la circulación sin afectar las actuales relaciones de producción y las relaciones sociales que reposan sobre ellas? Si toda transformación en tal sentido de la circulación requiriese a su vez como supuesto previo transformaciones de las otras condiciones de producción y sacudimientos sociales, es evidente que esto refutaría a priori tal doctrina, que propone realizar malabarismos en materia de circulación precisamente para evitar, por un lado, el carácter violento de las transformaciones, y por el otro, para hacer de estas transformaciones mismas no un supuesto, sino viceversa un resultado gradual de la transformación de la circulación. Bastaría la falsedad de esa premisa fundamental para demostrar la incomprensión igual de la conexión interna de las relaciones de producción, de distribución y de circulación.»
22En esta línea, David Harvey plantea la necesidad de incidir en diversos elementos de la sociedad para poder hablar de una transformación revolucionaria: la tecnología, la relación con la naturaleza, las relaciones sociales, las representaciones mentales del mundo, la vida cotidiana, etc. «Los siete momentos del cambio social», intervención en el Congreso Marxism 2009: http://marxismocritico.com/2014/01/22/los-siete-momentos-del-cambio-social/
23Se puede encontrar un amplio estudio normativo, histórico, filosófico y económico sobre el recurrente debate de las alternativas al capitalismo en el informe 9 del Seminario Taifa: Reflexionando sobre las alternativas. En línea: http://informes.seminaritaifa.org/informe-09/
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