Al término de su insólito «ultimátum» de ocho días dado por Pedro Sánchez el 26 de enero pasado a su homólogo venezolano, Nicolás Maduro, para que convocara inmediatamente elecciones generales, España reconoció a Juan Guaidó como «presidente encargado» de Venezuela. La mayoría de países miembros de la Unión Europea había esperado que España, el segundo […]
Al término de su insólito «ultimátum» de ocho días dado por Pedro Sánchez el 26 de enero pasado a su homólogo venezolano, Nicolás Maduro, para que convocara inmediatamente elecciones generales, España reconoció a Juan Guaidó como «presidente encargado» de Venezuela.
La mayoría de países miembros de la Unión Europea había esperado que España, el segundo gran inversor en Venezuela, diera ese paso para pronunciarse acto seguido en el mismo sentido.
En Venezuela y otros países latinoamericanos confiaban en que Sánchez no se sometiera a las presiones de Estados Unidos y que se distanciara de los gobiernos más reaccionarios ofreciendo a España como mediadora de negociaciones entre el Gobierno de Maduro y la oposición.
Pero no fue así. Es más, el reconocimiento de Guaidó por parte de Sánchez tuvo lugar días después de que se conocieran las declaraciones del superhalcón Consejero de Seguridad de Donald Trump, John Bolton, reconociendo los verdaderos intereses que movían a Estados Unidos para sustituir a Nicolás Maduro del Palacio de Miraflores por un líder de la oposición afín con sus objetivos.
Objetivo: el petróleo venezolano
«Haría una gran diferencia para los Estados Unidos económicamente», declaraba Bolton en una entrevista con Fox Business , «si pudiéramos tener a las empresas petroleras estadounidenses invirtiendo y produciendo petróleo en Venezuela. Tenemos mucho en juego haciendo que esto salga de la manera correcta».
Venezuela tiene las mayores reservas de petróleo reconocidas del mundo, y exportaba a EEUU 500.000 barriles de crudo diarios.
Algún día antes de esas declaraciones a la Fox , Bolton había anunciado un nuevo paquete de sanciones contra la gran empresa estatal venezolana (PDVSA). El influyente asesor de Trump se jactó en ese momento que las nuevas sanciones afectarían a 7.000 millones de dólares en activos de la PDVSA, y que provocarían 11.000 millones de dólares en pérdidas para Venezuela en 2020.
Se trata de los activos de la empresa CITGO, filial de PDVSA con sede en Texas, y encargada de refinar el petróleo venezolano exportado a EEUU, empresa que cuenta también con más de 6.000 estaciones de servicio en territorio estadounidense.
El Gobierno Trump ofreció a Guaidó traspasarle esos activos cuando asuma el poder.
Esta medida y el anuncio de sanciones para aquellas empresas y países que se atrevan a comprar y/o transportar el petróleo venezolano, es parte del estrangulamiento llevado a cabo por EEUU para impedirle al Gobierno ingresos con los que comprar productos de primera necesidad y medicinas para la población.
Sigue el mismo modus operandi que ya hizo EEUU a inicios de los años ’70 con el Gobierno de Salvador Allende antes del golpe de Estado de Pinochet, asfixiar económicamente al Gobierno, provocar el malestar social y la desesperación y con ello el colapso del sistema.
La medida de EEUU obliga a los compradores de petróleo venezolano a pagar al contado por él antes de que sus barcos abandonen los puertos venezolanos, dado que de lo contrario los pagos que se hagan en el exterior serán inmediatamente congelados por EEUU, y Venezuela no los podrá cobrar.
Esto ha hecho ya que la mayor petrolera india, Reliance Industries, un gran cliente de Venezuela, disminuyera drásticamente la compra de crudo a PDVSA.
Las empresas indias compraban una media de entre 500.000 y 600.000 de barriles de petróleo diarios a la petrolera venezolana.
El secretario de Estado de EEUU, Mike Pompeo, reconocía tras un encuentro con el ministro de Exteriores indio, Vijay Gokhale, un mes atrás: «Le estamos pidiendo a India lo mismo que a todos los países, que no sean la cuerda salvavidas económica del régimen de Maduro».
Después de esa reunión, Reliance Industries decidió no seguir vendiendo a PDVSA el diluyente que necesita para poder comercializar el crudo extra pesado.
Pero Nicolás Maduro siguió resistiendo el bloqueo. Pasaron más de tres meses desde que Guaidó se autoproclamó durante una protesta callejera «presidente encargado» en una operación coordinada con EEUU y los países conservadores de América Latina, que lo reconocieron minutos después, pero el régimen venezolano no sucumbió como esperaban.
Estados Unidos y los sectores más duros de la oposición venezolana, hoy representada por Voluntad Popular, el partido de López y Guaidó, habrían intentado durante estos tres meses negociaciones secretas con sectores críticos de las Fuerzas Armadas y del gubernamental Partido Socialista Unificado de Venezuela (PSUV) a fin de encontrar apoyos que permitieran forzar la caída de Maduro.
El desliz de Bolton
A pesar de que Donald Trump amenazó con que «todas las opciones» estaban abiertas, parecía intentar evitar una intervención militar, al menos directa. Rusia advirtió que no permitiría una operación militar en Venezuela, mientras EEUU advertía a su vez a Moscú que no toleraría que siguiera vendiendo armas a Maduro y entrenara militarmente a sus oficiales.
Jair Bolsonaro descartó públicamente por su parte que Brasil fuera a participar en una acción militar contra su vecina Venezuela, aunque Colombia sí demostró tener mayor disposición. De hecho grupos paramilitares ultraderechistas colombianos vienen operando desde hace años tanto en zonas fronterizas como en el interior de Venezuela con la venia del gobierno colombiano, antes con Uribe y ahora con Duque.
En la rueda de prensa en la que Bolton anunció la congelación de los activos de la petrolera venezolana en EEUU, accidentalmente dejó a la vista de los medios de comunicación presentes un bloc de notas con hojas rayadas que en bolígrafo de tinta negra decía: «5.000 militares a Colombia» junto con una anotación sobre las negociaciones de paz con los talibán. Jim Young, fotógrafo de la agencia Reuters , tomó una foto del bloc que se difundió a los abonados por su servicio.
Cuando distintos medios preguntaron posteriormente tanto al Pentágono como al Gobierno de Colombia sobre el tema, ambos negaron que hubiera algún plan en ese sentido.
La misma agencia Reuters, poco sospechosa de apoyar la causa bolivariana , publicaba por su parte el pasado lunes 30 de abril otra información inquietante, que podría estar relacionada con esa nota manuscrita de Bolton. Erik Prince, el fundador de Blackwater, la poderosa y polémica empresa militar privada que proporcionó miles de mercenarios a la Administración Bush para operaciones de alto riesgo en Irak y Afganistán y se vio envuelta en varias sonadas matanzas de civiles, organizó un plan para enviar 5.000 hombres en apoyo a Juan Guaidó.
Citando cuatro fuentes distintas, la poderosa agencia de noticias británica, sostuvo que el ejército de mercenarios sería reclutado en Colombia y otros países latinoamericanos.
«Él (Prince) tiene una solución para Venezuela, al igual que tiene una solución para muchos otros lugares», es lo único que Reuters consiguió que le reconociese Lital Leshem, director de relaciones con inversionistas de la firma Frontier Resource Group, la nueva empresa de Erik Prince, de similares características que Blackwater. Este vendió Blackwater a un fondo de inversión en 2010 y ahora se llama Academi.
Según la agencia Reuters, el plan, para el que Prince buscaría 40 millones de dólares de inversionistas privados, comprendería tanto labores de Inteligencia, como operaciones comando y de combate, como posteriores de «estabilización» una vez Guaidó asumiera la presidencia.
Prince donó 250.000 dólares para la campaña electoral de Trump -y este nombró a su hermana, Betsy DeVos, secretaria de Educación- y, según publicaba The Washington Post en 2017, habría jugado un papel clave de intermediación entre colaboradores de Putin y de Trump.
En esta nueva aventura golpista Guaidó y López no parecen haber logrado arrastrar ni al conjunto de la oposición, ni al grueso de la gran patronal ni a aquellos amplios sectores de la población que han venido acudiendo en los últimos meses a sus mítines callejeros.
Una injerencia externa inadmisible
En esta nueva intentona golpista, apoyada públicamente de forma inédita no solo por la Administración Trump, sino también por el secretario general de la OEA, Luis Almagro, y por los gobiernos de Colombia, Brasil, Argentina, Chile y otros países latinoamericanos, no estaba en juego solo la supervivencia del régimen de Nicolás Maduro, sino la soberanía de un país. Y muchas ciudadanas y ciudadanos de a pie habrán visto claramente para qué se buscaba su complicidad, y no secundaron el desesperado llamamiento de Guaidó para que salieran masivamente a la calle.
Pocas veces se ha visto fuera de las contiendas bélicas internacionales una injerencia tan directa en los asuntos internos de un país por parte de los máximos mandatarios de un grupo numeroso de países y de dirigentes políticos.
El Gobierno de Nicolás Maduro ha cometido graves errores políticos en los últimos cuatro años, especialmente desde que la oposición obtuvo la mayoría absoluta en las elecciones legislativas.
Ha hecho una mala gestión de la crisis económica y no enfrentó con firmeza gravísimos casos de corrupción en la Administración pública.
La revolución bolivariana ha perdido fuelle no sólo por las consecuencias de la crisis internacional y la innegable agresión externa de la que fue y sigue siendo víctima, sino también por sus propias incoherencias y errores, lo que hizo que el proceso se estancara, se perdieran muchas de las conquistas logradas, y se perdiera el apoyo de una parte considerable de su base social.
Sin embargo, ninguna de esas críticas que cierta izquierda hace mal en intentar ocultar pueden servir a nadie para justificar ni la guerra económica que soporta Venezuela desde hace veinte años, ni la sistemática e histórica política golpista del sector más ultra de la oposición que ahora ha encabezado esta nueva intentona golpista con un nada oculto apoyo externo.
Al igual que hicieron en enero tras la autoproclamación de Guaidó como «presidente encargado», prácticamente al unísono mostraron su apoyo con el golpe los presidentes de EEUU, Colombia, Brasil, Argentina, Chile, Panamá y otros países latinoamericanos, mientras Cuba y Bolivia mantuvieron en todo momento su respaldo a Nicolás Maduro, y México y Uruguay defendieron su postura de no injerencia en otros países.
La Unión Europea optó esta vez por una postura expectante, abogando por una salida pacífica, pero el italiano Antonio Tajani, presidente del Parlamento Europeo, se sumaba a los llamamientos a los militares venezolanos para sumarse al golpe de Guaidó.
Por su parte, el ministro de Exteriores español, Josep Borrell, pareció sorprendido por el intento golpista de Guaidó, al que tres meses atrás España reconoció como «presidente encargado», pero no fue hasta ahora más tarde que el Gobierno de Sánchez rechazó claramente cualquier acción militar. Ya en ese momento se conocía que Leopoldo López y su familia habían ingresado en la embajada de Chile en Caracas. Luego se trasladaron a la de España.
Era la evidencia de que el golpe había fracasado. Aún así, la ministra portavoz española, Isabel Celaá, sostuvo que Guaidó seguía siendo «la persona legitimada para llevar adelante una transformación democrática» en Venezuela, por lo que contaba con el apoyo de España.
¿No sabía el Gobierno español hace tres meses las consecuencias que podía tener el reconocimiento de Guaidó como presidente «encargado», siendo dirigente de Voluntad Popular, el partido más violento de la oposición y siendo Leopoldo López -miembro de una de las más conocidas familias de la oligarquía venezolana- uno de los 400 firmantes del golpe de 2002?
¿No recordaba el Gobierno Sánchez que la apuesta tanto de Felipe González como de José María Aznar contra Hugo Chávez desde el inicio de su mandato en 1999, sirvió para arropar el golpe de Estado de abril de 2002?
Es previsible -y deseable- que Pedro Sánchez forme gobierno nuevamente a corto plazo. Tendrá la patata caliente de López en su embajada en Caracas.
¿Se convertirá López en un nuevo Assange pero en este caso para peregrinaje de los Albert Rivera -que inmediatamente se solidarizó con el golpe de Guaidó-, González, Aznar, los enviados de Trump, Bolsonaro y reaccionarios de todo el mundo?
¿O el nuevo Gobierno que se constituya próximamente dotará por fin a España de una política exterior independiente, soberana, progresista?
Roberto Montoya, periodista y escritor.