La cuestión no es salarios contra precios. Realidad distinta a la que la «racionalidad» mercantilista se niega. Los trabajadores bancaron la crisis con sus salarios como gratuito aporte de capital financiero. No todo proceso inflacionario tiene el mismo origen. Tiempo de romper con las zonceras de la economía ofertista del modelo. La gobernabilidad como falacia […]
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La cuestión no es salarios contra precios. Realidad distinta a la que la «racionalidad» mercantilista se niega. Los trabajadores bancaron la crisis con sus salarios como gratuito aporte de capital financiero. No todo proceso inflacionario tiene el mismo origen. Tiempo de romper con las zonceras de la economía ofertista del modelo. La gobernabilidad como falacia de desgobierno. Gobernar única alternativa de estabilidad con desarrollo. La racionalidad que muestra como inconveniente los aumentos salariales resulta signo inocultable de la crueldad ideológica y desprecio por la justicia social que conlleva el mercantilismo capitalista-liberal. En términos sencillos y reales, al mantener a los salarios como un valor de proporción ínfima del costo en la elaboración de productos, en la empresa convierte al trabajador en socio capitalista no habilitado en la proporción en que se eleva la productividad. A la vez, esta «contribución» financia la estabilidad y desarrollo económico del país. Estabilidad que si bien al restarse poder de compra convierte al proceso en crecimiento en lento y constante ahuyentando de las incertidumbres que se crean cuando aparecen situaciones inflacionarias que generan turbulencias. Ahora bien, ¿son de la misma condición los procesos inflacionario que se dan por emisión sin respaldo respecto de los que se dan por sectarismos, expectativas o por desfazaje entre oferta y demanda? El ministro, tan claro frente a los periodistas, haciendo docencia debería informar a la población sobre estas diferencias de forma que la sociedad sepa distinguir y el empresariado no utilice excusas o asuma riesgos, teniendo en cuenta que se salió de grave crisis de diciembre 2001 gracias al «aporte financiero» de la perdida de poder adquisitivo del salario. Poner en evidencia si la cuestión tiene que ver con el ajuste técnico del flujo de caja o con un nuevo acto sectario y antisocial. Una de las zonceras sobre la que el modelo económico neoliberal se posicionó degradando los derechos laborales y los salarios, fue el falaz argumento de la economía de oferta. Ofertismo que representaban como el «tomarse de los cordones» dado el unilateralismo de bajar los impuestos que significaban automáticamente subir las ganancias empresarias como forma de incrementar la producción. Un elevarse tomándose de los cordones que significaba crear una cínica racionalización de sus privilegios empresarios, del capital sobre los trabajo. A la economía de oferta se le opone la ya experimentada economía de demanda utilizada desde mediados de los años treinta del siglo pasado. Durante cuarenta años este modelo introducido por Keynes permitió la existencia de una democracia social con pautas de justicia social y equidad económica. Este modelo que quedó en la memoria como el que apelaba a la inversión pública y a la emisión de moneda como factores de sostén de niveles de actividad económica que propendían al crecimiento y desarrollo, contiene conceptos y propuestas que están más allá de aquellos mecanismos que deberían considerárselos hoy como sub-variantes. Lo medular de ése modelo se encontraba en su enfoque heterodoxo de la economía, en estar más allá de las leyes de mercado y de su tendenciosa mano invisible que mal asigna recursos. La clave resultaba ser el que la mano de los gobiernos supervisaran el proceso económico y en lugar de piloto automático pusieran un ministro de economía que monitoreara las variables y sostuviera una adecuada interacción entre nivel de producción-demanda, equidad distributiva y social. En bruto se podría asimilar el keynesianismo con esas cadenas donde cada uno le envía a otros diez cartas con tarjetas o diez con un dólar cada una. Pasado un cierto tiempo con el incremento de jugadores en la cadena, generaba un flujo creciente de tarjetas o dólares por el que los más antiguos cosechaban ganancias por efecto del rebote encadenado en espiral creciente. Por efecto «natural» del un incremento constante de los jugadores, estos iban recibiendo ganancias muy por encima de la «inversión» de los diez dólares «iniciáticos». Desde ya que no es igual la actitud de los jugadores cuando la inversión es de diez dólares dentro de un simple juego que cuando se trata de inversiones de un cierto porte que incluyen procesos productivos, instalaciones complejas, toma de personal y compromisos con clientes. En un escenario como en el que juegan los grandes empresarios guiados por sus intereses de lucro, arriesgando capital y enfrentados con competidores con poder desigual y dispuestos a no perder. En ese escenario la posibilidad de disciplinamiento de los jugadores se hace más difícil. Pero, casualmente, más allá de lo que se pueda criticar del sistema mercantilista, la política asociada a la democracia no ha aparecido para reconocerse incapaz de gobernar. Todos los sistemas que funcionen dentro de una realidad social deben estar bajo control de gobierno. Gobernar en este caso en base a políticas económicas conducidas por los equipos gobernantes desde una conciencia de economía política gestionada particularmente por el ministro del área. Política, Equidad y Desarrollo |
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Sin entrar en mayores detalles, pero por el grado de conflicto generado por la cuestión económica, los retrocesos con grandes perdidas para el país y los más débiles, se debe tomar a la inestabilidad política, debilidad política, vulnerabilidad política, cómo el trasfondo de los procesos inflacionarios sufridos por los argentinos y la Argentina. Con efecto de doble entrada, la debilidad de los gobiernos y del sistema político, «alentó» la puja distributiva al grado de miopía que terminaba haciendo perder, aunque con distintos grados, a todos. Con el agregado de que, cada crisis provocaba quebrantos por el que se debía entregar a precio vil las empresas y sus equipos, y a la vez incentivaba la fuga de capitales, desequilibrios macroeconómicos, endeudamiento y, en consecuencia, un mayor costo del financiamiento que pesaba negativamente en cada nueva etapa de recuperación. Hoy nos encontramos nuevamente en una etapa post crisis, pero con una situación que aparece como «controlada», donde la emisión se hace con respaldo, dónde la deuda ha sido renegociada positivamente y donde el tan mentado M1 es conservadoramente respaldado por la tenencia de divisas (al 15/3/05, con un M1 de $ 36.344 existen reservas en el Banco Central de 21.705 dólares, con un valor dólar de $ 2,93. Dato de La Nación, 20/3/05, sup. Eco. Pág. 4). Razón suficiente como para no dejar sin conducción adecuada y controlada a la puja de precios que aflora apenas el sector trabajador hace evidente la pérdida de poder adquisitivo de su salario. Al control técnico que se haga en lo específico se debe sumar un manejo político que ponga en evidencia la decisión del gobierno de no dejarse atropellar por hipócritas reclamos de productividad. La sociedad argentina vive uno de los momentos de fuerte distribución inequitativa con un promedio salarial que no llega a los 800 pesos y con un costo de la canasta familiar del orden de los 1.700 pesos. El doble. Valores que, además, deben ser considerados dentro de un estado de aún alta inestabilidad laboral y con un alto deterioro del sistema de seguridad social y de los derechos laborales. Según La Nación (24/3/05, sup. Eco. Pág. 2) Lavagna afirmó que «los sueldos de los trabajadores deben acompañar la evolución de la productividad de cada sector para no generar más inflación» y que, «la mejor manera de continuar recuperando la capacidad de compra de la población, tal como viene ocurriendo desde el peor momento de la crisis derivada del derrumbe de la convertibilidad, es asegurar la estabilidad de costos y precios». En síntesis que según el ministro los ajustes «salariales se realicen según referencia de productividad sectorial y no según el dato inflacionario» general, planteo razonable teniendo en cuenta la experiencia pasada en que los aumentos sirvieron para producir inflación sin redistribución, debe estar acompañado por la clara advertencia de que esta posible inflación nada tiene que ver con las que fueron antes. Ahora no hay emisión. Y, además, debe quedar en claro que los trabajadores llevan más de tres años siendo quienes financian la superación de la crisis con la caída de más del 50 % del poder adquisitivo del salario. Evidencias incontrastables que significa que no se debe ceder ante el empresariado. Es tiempo que estos superen sus esquematismos y actúen según la real realidad: el mercado interno consume el 80 % de su producción, del poder de compra de sus trabajadores viene el éxito o fracaso de sus empresas. |