Paraguay, que se convirtió en el primer país latinoamericano del siglo XXI en que la oligarquía derechista logró dar un golpe parlamentario para detener a las fuerzas progresistas en la región (después lo lograron en Brasil y lo intentaron sin éxito en Venezuela) padece, a cinco años de aquella acción, una grave conjugación de pobreza […]
Paraguay, que se convirtió en el primer país latinoamericano del siglo XXI en que la oligarquía derechista logró dar un golpe parlamentario para detener a las fuerzas progresistas en la región (después lo lograron en Brasil y lo intentaron sin éxito en Venezuela) padece, a cinco años de aquella acción, una grave conjugación de pobreza e inequidad.
Recordemos que el presidente elegido democráticamente, Fernando Lugo, fue destituido de forma arbitraria bajo la excusa de la masacre ocurrida en Curuguaty, en la que murieron 11 campesinos y seis policías, un complot planificado por los poderes involucrados en un cambio de gobierno por cualquier vía.
Tras ese hecho, en junio de 2012 asumió como presidente Federico Franco, un político ligado a los intereses oligárquicos, a las transnacionales y al narcotráfico y que influyó para el regreso al poder del Partido Colorado, que había sido derrocado en 2008 tras 60 años de mandato.
Franco inmediatamente marcó pautas al favorecer a las transnacionales agroalimentarias, liberalizó aún más el comercio de las semillas transgénicas, pactó con la banca extranjera y emitió el primer grupo de bonos soberanos al mercado internacional por 500 millones de dólares.
La bondadosa política neoliberal de entrega de recursos naturales, económicos y financieros asumida por Franco, continuó ampliándose un año después, en junio de 2013, con la llegada al poder de Horacio Cartes.
En los últimos cinco años Paraguay duplicó su endeudamiento, que hoy se cifra en alrededor de 6.500 millones de dólares.
El modelo agrario exportador implantado en esta nación sudamericana, donde predominan los cultivos de soja con semillas genéticamente procesadas, genera el 40 % del Producto Interno Bruto (PIB). Recientemente el Gobierno introdujo una propuesta de ley para imponer un 15 % de impuestos a esas exportaciones, lo cual inmediatamente protestaron los grandes productores y se opusieron a tener que entregar una mínima fracción de sus enormes ganancias.
En Paraguay el 80 % de los suelos esta sembrado de soja y de acuerdo con un informe de de la ONG inglesa Oxfam el 71,3 % de esos terrenos está controlado por el 1 % de los terratenientes.
Este modelo de desarrollo excluyente concentra las riquezas en pocas personas, que además de los dividendos obtenidos poseen gran influencia en la política.
Los cultivos de soja, pese a que se exporta a varios países, han sido incapaces de generar suficientes puestos de trabajo en una economía primaria dependiente, pero sí es responsable de una deforestación acelerada con incidencia directa en el desplazamiento de la agricultura familiar.
En sentido directo, la sobreexplotación de soja provoca el uso de elementos tóxicos con semillas genéticamente manipuladas, destrucción de los suelos, siembra de menos alimentos para consumo humano y solo genera el 15 % de los empleos.
Según Elizabeth Barrios, titular de la Dirección General de Estadística, Encuestas y Censos (DGEEC), con el nuevo resultado de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), la pobreza total durante el Gobierno de Horacio Cartes se incrementó en relación con el año pasado, del 26,58 % al 28,86 % . Esto significa que al menos 1.950.000 paraguayos son pobres.
La cifra significa que el 29 % de los 6.700.000 habitantes de esa nación se encuentran en esa desafortunada categoría que se vuelve más preocupante en las zonas rurales, donde se sitúa en 39,72 %.
El titular de la Secretaría Técnica de Planificación (STP), José Molinas, anunció en un acto celebrado en un hotel de Asunción que la pobreza extrema se sitúa en el 9,97 %, lo que equivale a 687.000 personas: 494.000 en el área rural y otras 193.000 en áreas urbanas
Esos números resultan alarmantes para un país que aparece como el cuarto exportador mundial de soja y el sexto de carne y produce alimentos para 60 millones de personas de diferentes continentes.
Para el economista Isaac Godoy, «el aumento de la inequidad refleja el hecho de que la mayor parte de los beneficios del crecimiento económico se está quedando en manos de los capitalistas (empresarios o inversionistas), quienes favorecidos por la baja presión tributaria acumulan ganancias».
El economista Godoy obvia reconocer que las políticas neoliberales aplicadas en el país son las causas directas de esos problemas y solo se las achaca a los bajos impuestos tributarios que abonan empresas e individuos adinerados.
La realidad consiste en que no hay disposición política para llevar adelante programas sociales que permitan acceder a servicios de educación, salud, saneamiento, vivienda y otros de primera calidad a una gran mayoría del pueblo que no puede satisfacer sus necesidades básicas.
El gobierno de Cartes se ha caracterizado por beneficiar a las compañías transnacionales financieras y del agronegocio. Una de las primeras leyes promulgadas a solo un mes de su asunción fue la conocida como Alianza Pública Privada, que consiste básicamente en que el Estado paraguayo asume todos los riegos relativos a la inversión, con amplias ventajas para el capital extranjero, como la anulación de la jurisdicción de la justicia nacional ante eventuales litigios.
Amparado en esa legislación el presidente tiene las manos libres para rematar el país, sin costo para los inversores, incluyendo las inversiones especulativas o fondos buitres.
En esa línea a favor del agronegocio ya se han liberado 20 semillas transgénicas: 14 de maíz, tres de soja y tres de algodón. Pobres campesinos, el neoliberalismo los deja sin tierra, sin semillas originales pero sí les otorga pobreza.
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