Desde la caída de la dictadura de Alfredo Stroessner, en 1989, en Paraguay aumentaron tanto los índices de desigualdad social como de corrupción, señala el Informe 2004 sobre Derechos Humanos elaborado por la organización no gubernamental Comité de Iglesias para Ayudas de Emergencia (CIPAE).Paraguay está ubicado actualmente en el puesto número seis en el ranking […]
Desde la caída de la dictadura de Alfredo Stroessner, en 1989, en Paraguay aumentaron tanto los índices de desigualdad social como de corrupción, señala el Informe 2004 sobre Derechos Humanos elaborado por la organización no gubernamental Comité de Iglesias para Ayudas de Emergencia (CIPAE).
Paraguay está ubicado actualmente en el puesto número seis en el ranking de los países más corruptos del mundo, sólo detrás de Haití en el continente americano y encabezando la lista en el subcontinente sudamericano.
El CIPAE realizó un relevamiento de las violaciones a los derechos humanos (políticos, sociales, económicos) cometidas desde la caída de la dictadura.
Indica así que 90 dirigentes campesinos han sido asesinados, que se ha acentuado enormemente la concentración de la propiedad de la tierra (hoy el 20 por ciento de la población más rica tiene el 60 por ciento de las riquezas), que alrededor de 400 mil familias carecen de tierras para cultivar, que 2.324.000 personas viven bajo la línea de pobreza, que el 37,4 por ciento de la población económicamente activa presenta problemas de empleo (el desempleo abierto llega al 15,9 por ciento y el subempleo total al 22,1), que la proporción de población analfabeta de más de 15 años llega al 7 por ciento a nivel nacional (10 por ciento en el medio rural y 4,5 entre los jóvenes) y que el 58 por ciento de los habitantes del campo carece de cédula de identidad.
Estos son los peores índices de desigualdad, pobreza y exclusión que afronta el país desde la caída de Stroessner.
Paraguay es la nación que menor presupuesto destina (apenas tres millones de dólares) a gastos sociales para combatir la extrema pobreza en toda América Latina.
Según Julio Fernández, coordinador técnico del proyecto ‘Gasto Social en el Presupuesto del Paraguay’, emprendido por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), para 2005 se han previsto apenas 300 mil dólares para el combate a la desnutrición. En el país hay actualmente 35 mil niños menores de cinco años en esa situación (5 por ciento de la población total de esa franja de edad) y 140 mil en riesgo de desnutrición.
Confirmando esos datos, un informe elaborado por la asociación internacional Social Watch revela que Paraguay destina apenas 140 dólares por habitante al rubro gasto social, cuando el promedio latinoamericano es de 696 dólares.
Si bien en los años noventa se produjo un crecimiento sostenido del dinero destinado al área social en el presupuesto general de la nación, esa tendencia se revirtió a partir de 2000. En 2004 ese rubro experimentó una caída de 11 por ciento respecto al año anterior, llegando a representar el 38 por ciento del presupuesto general del Estado, cuando debía haber trepado al menos al 50 por ciento para alcanzar niveles de gasto aceptables en la materia incluso a nivel regional.
El informe del CIPAE recuerda por otra parte que en mayo de 2004 el vicepresidente de Paraguay, Luis Castiglioni, admitió que el gobierno precisaba de 160 millones de dólares para combatir la pobreza y la exclusión social y llevar adelante un plan estratégico de desarrollo sostenible.
El año pasado, cita también el CIPAE, Nils-Arne Kastberg, director regional de la UNICEF para América Latina y el Caribe, aseguró que con las ganancias generadas en 18 días por las represas de Itaipú y Yacyretá puede reducirse notoriamente la malnutrición infantil en Paraguay. Igualmente basta con acciones sencillas y poco onerosas como la fortificación de la harina y el agregado de yodo a la sal para mejorar los niveles de alimentación de la población en esas condiciones, agregó Kastberg.
La escasa relevancia del gasto social contrasta con las elevadas sumas dedicadas por el Estado al rescate de bancos quebrados y a la indemnización de ahorristas, que superaron los dos mil millones de dólares en diez años. A su vez, 740 millones de dólares fueron lisa y llanamente ‘despilfarrados’, una suma que podría haber bastado para duplicar el presupuesto que en 2004 se destinó a educación y salud