El pasado mes de octubre, la Comisión de Investigación sobre la evasión fiscal y el blanqueo de capitales en el Parlamento Europeo votó un documento que, gracias a los votos negativos de los populares europeos y liberales y la abstención del grupo socialista, y a pesar del voto favorable de la Izquierda Europea ha dejado […]
El pasado mes de octubre, la Comisión de Investigación sobre la evasión fiscal y el blanqueo de capitales en el Parlamento Europeo votó un documento que, gracias a los votos negativos de los populares europeos y liberales y la abstención del grupo socialista, y a pesar del voto favorable de la Izquierda Europea ha dejado fuera puntos tan importantes como los nuevos criterios para considerar a Luxemburgo, Andorra o Gibraltar como paraísos fiscales.
El pasado mes de octubre, la Comisión de Investigación sobre la evasión fiscal y el blanqueo de capitales en el Parlamento Europeo votó un documento que, gracias a los votos negativos de los populares europeos y liberales y la abstención del grupo socialista, y a pesar del voto favorable de la Izquierda Europea ha dejado fuera puntos tan importantes como los nuevos criterios para considerar a Luxemburgo, Andorra o Gibraltar como paraísos fiscales.
Los paraísos o guaridas fiscales han existido desde siempre. Como los piratas, la corrupción o el crimen.
Los detentadores de ingresos y riqueza confabulan para reducir su aportación a las arcas públicas tanto por vía legal, muchas veces con ayuda de los medios de comunicación y aparatos partidarios que dominan; o ya soslayando las normas, llevándose sus ingresos y riqueza a sitios donde no haya control e imposición a los mismos, ayudados por toda una gama de intermediarios financieros y «profesionales» cómplices.
Los paraísos o guaridas fiscales son las soberanías fiscales (y políticas) que no son transparentes, ni facilitan información, tienen baja o nula fiscalidad y no tienen normas (nada casual) para evitar la elusión fiscal. Los piratas, corruptos y criminales de toda laya han creado estas soberanías. Y siempre ha habido personas físicas que los utilizaron. La gran transformación llegó con la globalización, la libertad de movimientos de capital, la avaricia de las multinacionales y la colusión de todo ello con los gobernantes.
Los gerentes y accionistas de las multinacionales han jugado a establecer precios a los productos intermedios que van de una factoría a otra de la misma marca o estableciendo royalties y otros costes desde esas soberanías o haciendo que sus filiales sean comisionistas, meros mostradores de la mercancía, por lo que no facturan su venta y en cualquier caso derivando el beneficio global allí donde no se tributa. ¿Cuántos millones vende Apple en España? ¿Cuánto tributa por sus beneficios, sabiendo que el coste de su producción física es apenas el 8% del precio? ¿Por qué un restaurante de comida rápida puede pagar menos por más beneficios que una casa de comidas y que la administración, teóricamente, no puede hacer nada, aún sabiendo que es injusto, y que la patronal controlada por la CEOE, obvia que hay una competencia desleal?
Esta injusticia fiscal tan visible, se ha hecho insoportable y por fin ha entrado formalmente en la agenda política. La crisis económica, fruto en gran parte de burbujas especulativas, la disminución de ingresos públicos y el aumento del déficit, provocó una reducción de servicios públicos, una disminución de los estados de bienestar, al mismo tiempo que la desigualdad y el malestar popular han crecido. De pronto, la OCDE, el grupo del G20, los boss y todos los jefes llaman a arrebato.
El Corte Inglés se queja de competencia desleal de Amazon; la Comisaria de la Competencia Europea denuncia que Irlanda ha hecho un acuerdo específico con Apple para que los beneficios de todas sus ventas europeas paguen menos que cualquier empresa irlandesa, que ya de por sí pagan menos que la media europea y eso ya es lo que provoca la alarma, pero todavía no ha devuelto nada; Gordon Brown, antiguo primer Ministro inglés, lanza una iniciativa por Change para que los Ministros del G20 pongan coto a las guaridas fiscales, cosa que no hizo siquiera con las jurisdicciones que dependen de la Reina Isabel. La OCDE promueve el programa BEPS para reducir la elusión fiscal, que avanza a trompicones por los palos que ponen los mismos gobiernos que dicen que rechazan su existencia. Salen escándalos varios, la lista Falciani, los papeles de Panamá, las prácticas dolosas de nuestros Bárcenas, González, Pujoles y las empresas del IBEX 35.
Por último, tras dos años, la Unión Europea determina que hay 17 países malos y 47, que siéndolos, han prometido que van a ser buenos. Pero dominan los paños calientes. No hay ninguno de la propia UE, Irlanda, Holanda, Malta…
Panamá, sí, demostrándose el oportunismo español cuando se la eliminó de la lista hispana cuando se estaba eligiendo a las empresas constructoras del nuevo canal. Y el oportunismo de la UE, porque la legislación panameña es idéntica a la existente en el Estado de Delawere, Estados Unidos, que no aparece.
El presidente estadounidense Trump ha logrado que se apruebe una reforma fiscal que beneficia a los grandes detentadores de ingresos y riqueza. Pero también una amnistía fiscal para que los beneficios de las multinacionales estadounidenses, que no han sido gravados allí donde se han obtenido (se habla de 250.000 millones de dólares), sean repatriados, alentando que mantengan sus prácticas de elusión fiscal.
Nuestros ricos ocultan el 12% del PIB, unos 140.000 millones de euros, en esas guaridas fiscales.
Todo parece indicar que se quiere salir del paso, pero no dar pasos definitivos. De ahí, la necesidad de continuar la presión popular, hasta lograr cláusulas en la contratación pública y privada, requisitos en las licencias para fijar fiscalmente las ventas, potenciar las Agencias Tributarias cambiando sus prioridades investigadoras para sancionar a los grandes delincuentes, mejores acuerdos internacionales en fiscalidad y en los tratados comerciales, con repudio a las jurisdicciones cómplices. En fin, fortalecer campañas contra las guaridas fiscales levantando la fecha del 3 de abril como Jornada Mundial contra las guaridas fiscales.
Publicado en el Nº 312 de la edición impresa de Mundo Obrero diciembre 2017.
Santiago González Vallejo. Economista de USO
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.