Nadie duda ya de la penetración de grupos paramilitares colombianos en Venezuela, donde además de actuar como una herramienta de muerte al servicio de los poderosos, se están apropiando poco a poco de sectores económicos sumamente lucrativos. Diseñada desde el exterior, esta estrategia busca desestabilizar el país.
Cuando en mayo de 2004, un grupo superior a 100 paramilitares colombianos fue detenido en una finca cercana a Caracas, propiedad del cubano-venezolano y anticomunista Robert Alonso, se evitó un plan de magnicidio, que tenía como objetivo acabar con la vida del presidente Hugo Chávez. Tres años después, en el marco de la mediación del mandatario venezolano para lograr un acuerdo humanitario entre el Gobierno colombiano y las FARC, Chávez decidió indultarlos y enviarlos a Colombia, como gesto simbólico dirigido a las dos partes enfrentadas. Aquel centenar de mercenarios regresaron a su país, pero para entonces, un número bastante más elevado de paramilitares estaban ya dispersados por diferentes zonas del territorio venezolano.
Daba la impresión de que las autoridades venezolanas, en estos últimos años, habían relativizado la expansión del fenómeno del paramilitarismo de origen colombiano. Sin embargo, en los últimos meses, parece que le han otorgado la importancia que se merece, producto de la penetración, cada vez más preocupante, de estos grupos.
Como es obvio, ni Washington ni la oligarquía criolla han renunciado a disolver la Revolución Bolivariana, y por ello siguen utilizando diversos mecanismos para intentar acabar con el proceso de cambio de orientación popular que se vive en Venezuela desde 1998. Fallaron el golpe de Estado, el sabotaje petrolero, y los paros patronales, pero actualmente la estrategia de desestabilización se expresa a través de la combinación de varios elementos: uno de ellos es el conocido acaparamiento y desabastecimiento de alimentos, y otro, la implantación progresiva de paramilitares colombianos en pueblos y ciudades de todo el país, que irían desgastando y minando el proceso revolucionario, e incluso en un futuro oponiéndose frontalmente, al estilo de la Contra en Nicaragua.
Por etapas
La penetración del paramilitarismo colombiano en Venezuela ha tenido dos etapas bien definidas. La primera de ellas, se produce en el marco de la Ley de Tierras de 2001 y la Reforma Agraria, cuando se establece el marco legal para la lucha contra el latifundio y el reparto de tierras a los campesinos. A partir de esa fecha se empieza a manifestar el fenómeno, a través del modelo del sicariato, del que se sirven los terratenientes para enfrentar la lucha campesina. Ganaderos y grandes propietarios de tierras venezolanos contratan paramilitares colombianos para exterminar a cuadros campesinos que estaban liderando la Reforma Agraria.
Los efectos, hasta el día de hoy, son devastadores, ya que más de 180 campesinos han sido asesinados, según datos facilitados por las propias organizaciones agrarias. Pero lo más preocupante, no es sólo la desaparición física de todas estas personas, sino la impunidad generalizada, ya que prácticamente ningún paramilitar ni terrateniente han sido juzgados por hechos de esta naturaleza. La indefensión, por tanto, del movimiento campesino, ha sido extrema, lo que le ha obligado en más de un caso a organizarse y practicar la autodefensa armada.
Pero más allá de convertirse en una herramienta de muerte al servicio de la vieja oligarquía, la penetración del paramilitarismo colombiano se expresó, desde hace más de siete años, en la inserción y control de importantes territorios a lo largo de la frontera colombo-venezolana. Estados fronterizos como Táchira o el Zulia son hoy día ejemplos significativos de la presencia notable de estas bandas, que poco a poco han ido apropiándose de sectores económicos sumamente lucrativos. Negocios tan beneficiosos como el contrabando de gasolina de Venezuela a Colombia están bajo control del paramilitarismo colombiano desde hace tiempo, según fuentes oficiales. Se presume también que manejan el contrabando de comida y que, por tanto, están jugando un papel destacado en la estrategia de desabastecimiento que sufre el país desde hace más de un año.
En ciudades como San Cristóbal, capital del Estado Táchira, han logrado implantar el cobro de «vacunas», es decir, el pago por «protección», a infinidad de comerciantes, reproduciendo así el clásico modus operandi de la mafia. Si a esto unimos los negocios comunes que tienen con ciertos sectores de las fuerzas de seguridad (Guardia Nacional, Ejército, Policía) y con algunas autoridades, según denuncian pobladores de la zona, el grado de preocupación aumenta considerablemente. La escasa presencia del Estado venezolano en grandes extensiones de la frontera, ha facilitado, sin duda, la expansión y el fortalecimiento de estas bandas.
Inserción en ciudades
El salto cualitativo más reseñable de la implantación del paramilitarismo en Venezuela, se dio hace uno o dos años, con su inserción progresiva en las grandes ciudades del país, lo que supone una segunda fase en su penetración en el país. De manera gradual y silenciosa han ido instalándose en decenas de barrios populares de las principales urbes de la República, valiéndose de diferentes mecanismos para incidir en la vida de la comunidad, y progresivamente ir apropiándose de espacios para su posterior control. La venta de drogas a bajo precio, ha sido una de las vías fundamentales para atraer a los jóvenes de las barriadas, con el objetivo implícito de terminar captándolos e integrándolos en bandas delictivas.
En otros casos, aprovechándose del problema de la inseguridad en los barrios pobres y de la ineficacia de la Policía, se han ofrecido como protectores y garantes del orden público, logrando así una legitimidad que les confiere un estatus de poder de valor incalculable. En los últimos tiempos, incluso, han llegado a reproducir el esquema clásico que desde hace décadas implementan en ciudades colombianas como Medellín, Cali, Bogotá…, el asesinato selectivo de líderes comunitarios y cuadros políticos que desempeñan papeles de dinamización popular muy destacado. A pesar de que durante un tiempo, se quiso achacar al «hampa común» estas muertes, cada día parece más evidente que forman parte de un plan para debilitar al movimiento popular en las comunidades.
Ya casi nadie duda de que el fenómeno del paramilitarismo es un problema creciente y muy preocupante en Venezuela y que responde a una estrategia diseñada en el exterior, al servicio de los intereses de la oligarquía interna y, por supuesto, de la Casa Blanca. Quizás los servicios de inteligencia del Gobierno de EEUU, podrían proporcionar información valiosa sobre este asunto.
Dario Azzellini, politólogo, escritor y documentalista italo-alemán, ha investigado en profundidad el fenómeno del paramilitarismo en Colombia. En 2003 publicó el libro «El negocio de la guerra», una de cuyas últimas ediciones ha corrido a cargo de Txalaparta en el Estado Español y por Question en Venezuela.
«Es mucho más efectiva una guerra de desgaste, como la de Nicaragua»
En los últimos tiempos, Dario Azzellini se ha dedicado a recabar información sobre la penetración del paramilitarismo colombiano en Venezuela, que afirma que se ha producido con ayuda de EEUU, a quien no le interesa llevar a cabo una intervención directa sino una «guerra de desgaste» cuya meta es la «desmoralización del contrario» y no una «victoria militar». Azzellini señala que uno de los objetivos del paramilitarismo es hacerse con el control del transporte, y concretamente, del taxi, puesto que es «uno de los espacios privilegiados decisivos para construir redes de inteligencia».
En sus investigaciones sobre el fenómeno del paramilitarismo en Venezuela, asegura que responde a una estrategia orquestada por el imperialismo, donde el Ejército colombiano y la oligarquía venezolana juegan un papel fundamental. Llega incluso a establecer similitudes con la Contra en Nicaragua. ¿A esos niveles de riesgo se ha llegado en Venezuela?
Te diría que todavía hoy día no estamos al nivel que se vivió en Nicaragua, pero sin duda, a medio plazo, se podría llegar a una situación similar si no se aplican las medidas necesarias. La penetración del paramilitarismo surge en la frontera, y se ha ido extendiendo a lo largo de toda la cordillera de los Andes, acercándose al norte costero, donde se encuentra uno de los polos industriales del país. En un momento dado, si se iniciase una guerra de baja intensidad aprovecharían ese corredor para atacar esa zona industrial estratégica, y así golpear uno de los polos clave de desarrollo económico.
¿Estados Unidos, por tanto, evitaría una intervención directa, y apostaría por una guerra de baja intensidad valiéndose de este tipo de grupos?
Efectivamente. Una intervención directa de Estados Unidos es impensable por la coyuntura internacional actual, y porque unificaría el sentimiento patriótico al interior del país. Es mucho más efectiva una guerra de desgaste, que no busque la victoria militar, sino la desmoralización del contrario, en la línea que desarrollaron en Nicaragua, y que tan buenos resultados les dio.
Apunta en su investigación que uno de los objetivos prioritarios de los paramilitares es el control del transporte. ¿Por qué?
Porque es un sector estratégico, como se ha podido comprobar en otros procesos históricos. Por ejemplo, en el caso chileno, el paro de transportes fue decisivo para debilitar al gobierno de Salvador Allende. El caso concreto de los taxis es realmente significativo, ya que es uno de los espacios privilegiados para construir redes de inteligencia. Los paramilitares controlan en Colombia gran parte de las líneas de taxis. Fíjate que los sandinistas en Nicaragua y los zapatistas en México, las primeras cooperativas que crearon fueron de taxis, con el claro objetivo de diseñar sus propias redes de inteligencia. En Venezuela, los paramilitares están poco a poco apropiándose de este sector, incluso en zonas de la propia capital, Caracas.
Da la impresión de que el paramilitarismo colombiano está extendiéndose cada vez más en todo el país, y que no se le está enfrentando con eficacia. ¿Qué se podría hacer para solucionar este grave problema?
Es cierto que hasta hace poco, desde el Estado no se le ha prestado la atención necesaria, y por ello se ha ido extendiendo de manera progresiva y creciente. Ahora, parece que los organismos de seguridad se han tomado en serio el problema, y comienzan a dar los primeros pasos. Considero que en primera instancia, los organismos de inteligencia del Estado tienen que diseñar un plan serio y riguroso para enfrentar el fenómeno en toda su dimensión. Pero esto no es suficiente. Hay que complementarlo con labores de «inteligencia social» por parte de la comunidad organizada, ya que es allí donde los grupos paramilitares se instalan y desarrollan sus actividades. El Estado y el pueblo deben articularse para abordar en conjunto este grave problema. De nuevo el concepto de «poder popular» se torna aquí esencial, en este caso en el ámbito de la seguridad, transfiriendo poder a la ciudadanía para hacer más efectivas las políticas públicas.