E ntre las novedades que han aparecido en los últimos discursos presidencialistas está la idea de que los ministros hagan trabajo de oficina de lunes a miércoles y de calle de jueves a domingo.Ejecutivismo de calle, pues.Circula también la idea de que a la Asamblea Nacional le ha ido tan bien con el parlamentarismo de […]
E ntre las novedades que han aparecido en los últimos discursos presidencialistas está la idea de que los ministros hagan trabajo de oficina de lunes a miércoles y de calle de jueves a domingo.
Ejecutivismo de calle, pues.
Circula también la idea de que a la Asamblea Nacional le ha ido tan bien con el parlamentarismo de calle que hay que profundizar ese mecanismo. Incluso pudiera ser que ya no hiciera falta un Poder Legislativo como en las democracias liberales, pues el pueblo deliberando en las plazas o en el patio del Capitolio es más auténtico. Además, se promete un sexto poder, el Poder Popular, constituido por los consejos comunales, mancomunidades de ellos y otros agregados de consejos comunales hasta llegar a la cúspide, que es la oficina del Presidente. La deliberación así pudiese ser de mejor calidad que las largas e infructuosas discusiones parlamentarias.
Otra convicción que se generaliza señala que nuestra participación y/o democracia directa es robusta: lo vimos en las movilizaciones gigantescas de la campaña electoral. Y también en la protesta popular. El año pasado, según cómputos de Provea, se realizaron 1.383 manifestaciones callejeras, o sea, un promedio de casi cuatro protestas diarias. Tres cuartas partes fueron por reivindicaciones socioeconómicas y más de 32% usaron el cierre de calles como modalidad de protesta. La gente, pues, lucha participativamente por sus derechos.
El entusiasmo por la calle como el espacio de la democracia participativa y protagónica ha terminado por cambiar el sentido de lo que ese término significó en la Constitución de 1999. Cuando aprobamos esa Constitución, se trató de construir una combinación de democracia representativa y democracia directa. Pero a lo largo de estos años el concepto de democracia se ha ido polarizando y ahora parte del chavismo sostiene que sólo mecanismos de participación directa son auténtica democracia. La oposición, ergo, se cuadra con la democracia representativa. A la luz de este perverso desarrollo, la democracia pudiera naufragar.
Empecemos por lo más fácil. La protesta callejera es un mecanismo legítimo de expresión política, pero de mala calidad, pues requiere perder mucho tiempo y tener mucha gente para ser efectiva. Crece en nuestras ciudades, sobre todo en Caracas, por varios motivos. En los últimos dos años principalmente porque mecanismos institucionales simplemente no sirven. Si las quejas por derechos socioeconómicos encontraran en las oficinas públicas instancias que las recogieran y garantizaran su efectivo procesamiento, la gente no tendría que cerrar la calle frente a Miraflores, que es por cierto adonde van porque saben que es sólo en la Presidencia donde se pueden arreglar los problemas.
Las campañas electorales, como la pasada, son tan parecidas a la cuarta república que no hace falta argumentar que mucho dinero y/o recursos mediáticos pero pobre debate, no es mejor democracia en ninguna parte. Pero esto del parlamentarismo de calle, del ejecutivismo de calle o del sexto Poder amerita más atención.
El parlamentarismo de calle surgió cuando la oposición se retiró de las elecciones y amanecimos con una Asamblea roja, rojita. Los diputados, ante la debilidad democrática que esto conllevó, inventaron esta propuesta. Es un mecanismo interesante para informar y recoger ideas y opiniones de quienes desean participar voluntariamente en la formulación de leyes o políticas. También es un espacio privilegiado de educación política. Pero no creo que poniendo unos quioscos y mesas en parques o plazas públicas los fines de semana, para discutir, por ejemplo, el presupuesto de 2007, con el pueblo que se acerque, tengamos una democracia más sustantiva que en el espacio deliberativo de la Asamblea, electa con el voto universal y directo de todos. En sociedades de diversos intereses hace falta un sitio como la AN, donde el pluralismo encuentra lugar donde dialogar y tratar de convivir con el otro de manera pacífica creando consensos básicos. Si los diputados no hacen eso, pues allí están los revocatorios para sustituirlos.
El parlamentarismo de calle complementa a la representación, no la sustituye.
Sobre el ejecutivismo de calle, con las ineficiencias del gobierno, la escasa calidad de muchos funcionarios y la corrupción por doquier, caravanas presididas por el ministro, recogiendo opiniones y tomando decisiones desde la calle, no pareciera una conseja ni barata, ni sabia. El Presidente podría dejar en manos de algunas personas idóneas en gestión pública la tarea de abrir una consulta al país y diseñar algún procedimiento participativo para que las burocracias conocieran mejor los problemas regionales y locales.
El Poder Popular, que será el meollo organizativo del socialismo del siglo XXI, es más complejo de evaluar. Por una parte, los consejos comunales son interesantes unidades de organización popular para resolver problemas básicos de las comunidades y para abrir espacios de discusión política.
Sin embargo, su composición por ley, de un máximo de 400 familias, no puede sustituir ni a la Asamblea Nacional, ni a municipios y gobernaciones, como espacios de convivencia de lo plural, aun si se creasen mancomunidades y otros agregados. Además, hasta la fecha, se han venido constituyendo principalmente porque por allí fluye renta petrolera y las comunidades populares no son tontas. O corren o se encaraman. Esta figura corre el riesgo de constituirse en una estructura clientelar, al mejor estilo de la cuarta, o peor, de Fujimori y Menem.
Es imperioso que el Gobierno abra esta discusión y que el debate sea vinculante con la reforma constitucional en ciernes.
Participación sin representación no es democracia sustantiva. Aunque figuras como los consejos comunales o el parlamentarismo de calle son elementos importantes, están lejos de producir un nuevo ciudadano empoderado frente al Estado o una sociedad poscapitalista y realmente democrática.