En España se ha suscitado la disputa por la organización del sector energético. Están involucradas tres empresas privadas generadoras de electricidad, el gobierno español, órganos de regulación y competencia y la Comisión Europea. La cuestión comprende un servicio de utilidad pública y un aspecto estratégico de la política de Estado. La referencia es de utilidad […]
En España se ha suscitado la disputa por la organización del sector energético. Están involucradas tres empresas privadas generadoras de electricidad, el gobierno español, órganos de regulación y competencia y la Comisión Europea.
La cuestión comprende un servicio de utilidad pública y un aspecto estratégico de la política de Estado. La referencia es de utilidad para el debate aún muy soso que se da en México sobre la reforma energética y la definición de las políticas de integración en los mercados mundiales.
El asunto empezó con un proceso de tipo financiero y de propiedad entre dos empresas, con la oferta pública de adquisición (OPA) lanzada por Gas Natural sobre Endesa el 5 de septiembre del año pasado.
Ambas compañías españolas son de capital privado. La primera es una multinacional de servicios energéticos que comercializa, distribuye gas y genera electricidad, con más de 10 millones de clientes. Surgió de la fusión de Catalana de Gas y Gas Madrid y los activos de distribución de gas de Repsol. La segunda es la mayor empresa eléctrica de ese país y una importante operadora europea con creciente participación en el mercado de gas natural, en las energías renovables y en las telecomunicaciones. El mercado de energía está dominado por cinco empresas; además de esas dos están Repsol-YPF, Cepsa e Ibedrola.
Endesa rechazó la oferta de Gas Natural, pues la consideró insuficiente y de carácter hostil, es decir, un intento de compra que no es deseada por la administración o los accionistas. Pero el gobierno sancionó favorablemente a la OPA y la Comisión Nacional de Energía (CNE) la aprobó con una serie de condiciones. Por ello Endesa solicitó la intervención de la Comisión Europea.
La situación se complicó cuando el Tribunal de Defensa de la Competencia recomendó al gobierno no autorizar la OPA, pues era incompatible con la competencia y perjudicial para los consumidores.
En un segundo capítulo de esta trama, la alemana E.ON entró al quite. El 21 de febrero pasado hizo una oferta casi una tercera parte mayor que la de Gas Natural. Esta OPA fue aceptada por Endesa pero rechazada por el gobierno. E.ON, basada en Munich, provee servicios de energía a 17 millones de clientes en Europa y tiene una pequeña participación estatal en su capital.
La Comisión Europea, que antes se había mantenido al margen, advirtió al gobierno que no puede frenar de modo unilateral la operación. Como respuesta, el consejo de ministros amplió las funciones de la CNE para intervenir en el caso y el 27 de febrero la Comisión Nacional del Mercado de Valores aprobó la OPA de Gas Natural. E.ON mantiene la querella en la Comisión Europea.
José Montilla, ministro de industria, reafirmó la posición del gobierno contra E.ON diciendo que todos los países europeos defienden tener grandes empresas en el sector energético y que no sabía por qué los españoles habían de renunciar a ello. Queremos, sostuvo, tener grandes empresas en el sector que es estratégico, y eso es compatible con la libre circulación de capitales que establece la Unión Europea. El caso sigue abierto internamente y en el marco de la Unión Europea.
El argumento del gobierno español está en la misma línea de aquel trazado en septiembre pasado por el primer ministro francés de Vellipin. Entonces, ante el solo rumor de que PepsiCo intentaría comprar Danone dijo que deseaba reagrupar todas las energías en torno a un «verdadero patriotismo económico», y subrayó que puesto que el mundo cambia y la situación es difícil se trataba de «defender Francia y lo que es francés».
De ahí surgieron una serie de medidas para blindar las empresas de un grupo de sectores estratégicos contra las ofertas de adquisición de compañías extranjeras. Ahora ellas se aplican para contrarrestar la OPA de Enel, la mayor empresa eléctrica italiana, por la firma privada de energía francesa Suez. Para ello el gobierno forzó la fusión de ésta con la estatal Gaz de France en lo que se considera un claro caso de proteccionismo denunciado por el gobierno de Berlusconi y que de Villepin considera un modo de «defender los intereses de Francia en la globalización».
Así que aun en el marco de una estrecha integración en la Unión Europea persisten las visiones de índole nacionalista que se expresan en la protección de los mercados y las empresas de cada país. Y la noción de protegerse de los efectos adversos de la globalización resalta la permanente contradicción que existe entre el funcionamiento de las fuerzas del mercado y la intervención estatal.
Los parámetros de este debate surgieron de modo abierto a mediados del siglo XIX con las medidas de protección en Alemania contra la expansión de los principios y las políticas del liberalismo económico alentado por Inglaterra. Siguen vigentes con formas novedosas, pero con la misma esencia. La necesaria definición que hay que hacer en México de las líneas de una reforma energética y de la integración con Estados Unidos no puede soslayar las experiencias que se dan en los países más ricos. No caben ni el nacionalismo a ultranza ni la ingenuidad de la apertura sin cortapisas.