El consenso político y social ha aceptado una extraña convención: las pensiones de los jubilados deben financiarse exclusivamente con una caja específica nutrida a costa de los descuentos efectuados en la nómina mensual de los trabajadores asalariados.Una convención extraña, sin duda, si tenemos en cuenta que ese mismo consenso político y social admite que el […]
El consenso político y social ha aceptado una extraña convención: las pensiones de los jubilados deben financiarse exclusivamente con una caja específica nutrida a costa de los descuentos efectuados en la nómina mensual de los trabajadores asalariados.Una convención extraña, sin duda, si tenemos en cuenta que ese mismo consenso político y social admite que el resto de gastos de la Nación sean pagados con cargo a los impuestos generales que nutren el Erario.
Estos gastos, pagados por la caja común de los presupuestos públicos, incluyen desde el sostenimiento a cuerpo de Rey, nunca mejor dicho, del monarca Jefe del Estado y su augusta familia, hasta el último bote de pintura empleado en la señalización horizontal de las carreteras. Sin olvidar el no despreciable detalle de que el peso de estos impuestos generales también recae sobre las capas asalariadas. Ya que los ricos y las corporaciones en que se agrupan -grandes empresas y entidades financieras- se las arreglan para no pagar demasiados impuestos.
Perverso convencionalismo éste, que obliga a los asalariados a sufragar el coste de las Fuerzas del Orden que protegen la Seguridad de la Propiedad Privada -cuya porción más sustanciosa se acumula en pocas manos- mientras que los más adinerados no tienen el detalle de contribuir mínimamente a proteger la Seguridad Social de quienes dedican lo mejor de su vida a construir la fortuna de que disfrutan los ricos.
Necesitamos sanear estas convenciones sociales con visiones más saludables. Por ejemplo, la del economista Ravi Batra, que entiende que una defensa fuerte debe servir para proteger la vida, la libertad y las propiedades de las personas frente a enemigos exteriores. O expresado de otra manera: el mantenimiento de unas fuerzas armadas beneficia al individuo en esos tres aspectos principales.
Por lo tanto, razona Batra, «Es un principio tributario tradicional que los impuestos que uno paga deben guardar proporción con los beneficios que recibe. Dado que todos valoramos en igual medida nuestra vida y nuestra libertad, pero no somos iguales desde el punto de vista de las riquezas que poseemos, lógicamente los ricos deberían soportar al menos la tercera parte del gasto militar. O dicho con otras palabras: si el gasto de defensa proporciona tres beneficios principales, a saber, la protección de la vida, de la libertad y de la propiedad, la tercera parte de dicho gasto debe ser soportada por los dueños de las propiedades».
Una lógica similar, según Batra, puede aplicarse a lo que gasta el Gobierno en la lucha contra la delincuencia, ya que en este caso los beneficios son muy parecidos. O sea que la tercera parte del gasto federal en defensa y justicia debería cubrirse mediante el mencionado impuesto federal sobre la propiedad. Si bien ciertos tipos de propiedades deberían quedar exentos: las necesidades de la vida cotidiana, esto es, la vivienda habitual, el coche, el vestido, los muebles, etc. En cambio, las acciones, los títulos, las cuentas de ahorro, las fincas comerciales y demás por el estilo deberían ser objeto de un gravámen progresivo. Y la escala debería calcularse de tal modo que lo recaudado por tal concepto equivaliese al tercio del gasto federal en defensa y lucha contra el crimen.
Que conste que la idea viene de lejos, y ya fue apuntada en 1737 por Benjamin Franklin, figura destacada en la historia de los Estados Unidos. Refiriéndose a la necesidad de mejorar el servicio de vigilancia de la ciudad de Filadelfia, Franklin considera que debe haber mayor equidad a la hora de contribuir al pago de los mismos. En este sentido, redactó un documento en el que, además de reclamar una mejor formación de los agentes, insiste «particularmente en la desigualdad de aquella tasa de seis chelines que se pagaba a los alguaciles con respecto a las condiciones económicas de aquellos que tenían que pagarla, pues un ama de casa viuda cuya propiedad, que debía ser vigilada por el respectivo alguacil, probablemente no llegaba al valor de cincuenta libras, pagaba lo mismo que el más rico de los comerciantes que tenía en sus almacenes bienes por valor de miles de libras. En general propuse que para hacer una vigilancia más efectiva debía contratarse a hombres cualificados que se ocupasen exclusivamente de eso; y como una manera más equitativa de soportar la carga, establecer una tasa que estuviese en proporción a la propiedad».
Defender el carácter público de las pensiones de jubilación no significa ignorar la necesidad de introducir algunas reformas en el sistema. La mayoría de nosotros emprende reformas en su vivienda, por lo general harto engorrosas, con el propósito de reparar deterioros o introducir mejoras que hagan más confortable su habitabilidad.
Al igual que una vivienda, también nuestro sistema público de pensiones necesita cierta reestructuración. Por ejemplo, establecer unas reglas más equitativas entre los períodos exigibles de cotización y la cuantía de la pensión. Acabar con la injusticia manifiesta que existe entre, por un lado, esas prejubilaciones doradas a los 52 años, recibiendo el importe íntegro de la pensión, llevadas a cabo en empresas mantenidas con dinero público, caso de Radio Televisión Española; y por otro lado, las expulsiones del trabajo forzosas, efectuadas a través de los Expedientes de Regulación de Empleo, de muchos trabajadores del sector privado. Expulsiones que conllevan pérdida de años de cotización, con la consiguiente merma de la cuantía final de la pensión.
Las grandes reformas que es preciso acometer deben tener el propósito de mejorar la casa común de la Seguridad Social. Históricamente, la protección social empezó estableciendo niveles mínimos de cobertura, que el tiempo y la presión política fueron mejorando. El sistema de pensiones bismarckiano original dejaba sin cobertura de pensiones a todas aquellas personas que no hubieran trabajado en el sistema productivo tradicional, o no lo hubieran hecho bajo los términos de un contrato laboral que garantizase cumplir con los baremos de cotización exigidos para percibir una pensión. Para evitar lo primero, aplicando la perspectiva beverigdeana del Estado del Bienestar, se crearon las pensiones no contributivas, las de viudedad y las asistenciales. Pensiones que, en España, tienen unas cuantías cicateras.
Pero económicamente, nuestro sistema público sigue haciendo depender todo el edificio sobre la cantidad de trabajadores convencionales que haya en cada momento. Una reforma en serio comienza por reforzar la cimentación del edificio. Esto se puede lograr, bien aumentando el número de cotizantes, es decir, fomentando las políticas de natalidad mediante la ayuda a las familias de más bajos ingresos; o en cualquier caso, si el número de cotizantes disminuye por causas demográficas, ampliando las fuentes de financiación del sistema público de pensiones.
Para allegar fondos adicionales, habrá que hacer que contribuyan algo más los que más tienen. Comenzando por la banca, generosamente socorrida por el Estado cuando se ha visto en situación de emergencia. Una vez reflotado con fondos públicos, el sector bancario debería ser obligado a devolver a la sociedad el favor que ésta le ha hecho. Y una excelente forma sería que, a partir de ahora, sus cajeros automatizados coticen a la Seguridad Social.
A primera vista, aparecen cuatro fundadas razones para que los bancos dediquen una parte de sus ganancias a mantener el fondo de pensiones de la Seguridad Social:
i) Por atender al público a través de cajeros automáticos, la banca debería ser gravada con un impuesto robótico. Igual que deberían ser gravados otros negocios que obtienen beneficios a partir del trabajo que la mayor parte de las personas efectuamos al desempeñar el papel de prosumidores.
ii) Por cobrar a la clientela comisiones injustificadas por el uso del dinero de plástico, en especial las tarjetas de débito con las que el cliente dispone de su propio dinero en régimen de ‘autoservicio’. Estas comisiones equivalen a un impuesto en la sombra sobre el consumo.
iii) Por ser la banca la principal responsable de la actual crisis financiera y la principal destinataria de las ayudas del Estado. El crecimiento de la Deuda Pública se debe, en gran medida, a las ayudas de los gobiernos a las entidades bancarias.
iv) Por ser la banca el agujero negro a través del que desaparecen ingentes cantidades de riqueza, que es conducida a los paraísos fiscales.
http://carnetdeparo.blogspot.com/2010/09/pensiones-la-banca-debe-contribuir.html