Hace unos días comentaba los resultados del estudio sobre las pensiones públicas que habían elaborado David Taguas, el principal asesor económico del presidente Rodríguez Zapatero, y María Jesús Sáez, una alta responsable de la Intervención de la Seguridad Social. En ese comentario criticaba tanto los resultados, porque me parecía que estaban sospechosamente en línea con […]
Hace unos días comentaba los resultados del estudio sobre las pensiones públicas que habían elaborado David Taguas, el principal asesor económico del presidente Rodríguez Zapatero, y María Jesús Sáez, una alta responsable de la Intervención de la Seguridad Social.
En ese comentario criticaba tanto los resultados, porque me parecía que estaban sospechosamente en línea con los intereses de las grandes instituciones financieras en una de las cuales había prestado sus servicios el referido asesor, como las medidas de reforma del sistema de pensiones por las que optaban los autores del trabajo. Unas medidas que apuntaban, en un primer momento, hacia el refuerzo de la contributividad del sistema para, a continuación, apostar decididamente por la transición desde un sistema de reparto como el actual a un sistema de capitalización individual. Sí, la solidaridad saltó por los aires en el camino.
A los pocos días de publicar ese comentario, nuestro gobierno socialista procedía a la aprobación de una serie de reformas que, aunque tímidamente, iban en la misma línea de lo planteado por Taguas y compañía. Síntoma inequívoco de que al asesor tiene un cierto crédito en la Moncloa.
En esa reforma, el gobierno decidía aumentar el periodo mínimo de cotización desde los 12,5 años vigentes a los 15 años. Y, por otro lado, también establecía una serie de bonificaciones sobre la cuantía de las pensiones consistente en aumentarlas en un 2% por cada año cotizado más allá de los 65; en el caso en que, además, la persona hubiera cotizado durante más de 40 años, la bonificación sería del 3%; y, para aquellos que ya estuvieran percibiendo la pensión máxima y quisieran seguir trabajando después de los 65 años, se establecería una cantidad a tanto alzado que percibirán anualmente.
Ambas medidas apuntan, como he dicho, al refuerzo de la contributividad del sistema y a la prolongación de la vida laboral con la intención de reducir, en lo que se pueda, el número de perceptores de pensiones. Esto es, dos de las tres tendencias por las que apostaban en su trabajo David Taguas y María Jesús Sáez.
Pues bien, también a los pocos días de producirse esta reforma se han dado a conocer los resultados de otro estudio sobre el sistema de pensiones públicas en España que pone en tela de juicio el de Taguas y Sáez.
En este caso, Almudena Durán, asesora de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, llega a la conclusión de que ampliar de 15 a 20 los años que se requieren para acceder a una pensión contributiva reduciría un 4% la cuantía de la pensión a percibir. Esa reforma sólo beneficiaría a uno de cada cuatro trabajadores o, dicho de otra forma, perjudicaría al 75% de los potenciales beneficiarios del sistema de pensiones.
También se advierte en ese trabajo, elaborado a partir de los resultados derivados de la Muestra Continua de Vidas Laborales, que está aumentando progresivamente el número de años cotizados: si en 1988 la media era de 27 años, en 2004 había subido hasta los 34 años. Es decir, los trabajadores cada vez cotizan durante un mayor número de años y, sin embargo, persiste el mito de que el acceso al mercado laboral se produce cada vez más tarde mientras que la salida del mismo se va adelantando.
En todo caso, son dos conclusiones adicionales de ese informe las que me interesa resaltar aquí.
Una primera es la que cuestiona que la viabilidad del sistema pueda ser puesta en tela de juicio basándose en la intensificación de los procesos de jubilación anticipada que vienen produciéndose en los últimos años (la edad media de jubilación es de 62 años). Según dicho estudio, no son éstos los que suponen una amenaza sobre el sistema de pensiones públicas, mientras que sí lo es la baja tasa de actividad de las mujeres españolas. Bastaría con que siete de cada diez mujeres permanecieran en el mercado laboral hasta los 65 años, tal y como ocurre en el tramo de edad de 25 a 54 años, para que no cupiera en el horizonte ninguna sombra de duda más sobre la sostenibilidad financiera del sistema.
Y es que uno de los graves problemas económicos de este país sigue siendo la baja tasa de actividad de la población femenina. Sirva como ejemplo el dato de que si las mujeres españolas tuvieran la misma tasa de actividad que las suecas, tendríamos en España seis millones de mujeres más contribuyendo a generar riqueza en la economía formal y engrosando, con sus aportaciones, las arcas de la Seguridad Social. ¿Dónde están ahora esas mujeres? Muchas de ellas relegadas a sus hogares atendiendo a familiares dependientes o hijos, sacrificándose para cubrir las vergonzosas carencias de un escuálido Estado de Bienestar que no brinda el necesario apoyo a las familias como para que las mujeres puedan desarrollar sus proyectos profesionales sin renunciar a decisiones vitales tan importantes como la maternidad. ¿O es que somos ahora tan ingenuos como ese prócer del conocimiento que es Aznar cuando afirma que es simplemente fruto de una actitud acomodaticia ante la vida el que la tasa de fecundidad de las mujeres españolas sea de las más bajas del mundo? Sobre esto ya he hablado en otro sitio y a lo allí escrito me remito.
Y la segunda conclusión del estudio que me interesaba destacar es la llamada de atención que sus autores hacen a sus colegas que hace tiempo que, a sueldo de las grandes corporaciones financieras, se convirtieron en agoreros del final apocalíptico del sistema público de pensiones.
A esos investigadores, portavoces de la catástrofe y entre los que se encuentra el referido Taguas y compañía, los autores les rogaron que intensificaran su labor investigadora y tuvieran en cuenta todas las variables -y no sólo las que les interesan para alcanzar los resultados que de antemano desean, añadiría yo- para que sus trabajos sobre el Sistema de Seguridad Social sean «mínimamente aceptables» y ofrezcan datos fiables. Porque, como bien advertía en la presentación del estudio Octavio Granados, Secretario de Estado de la Seguridad Social, en esos trabajos se pasa, con cierta frecuencia, de la «simplificación a la simpleza».
Se puede decir más alto pero no más claro. Así que quien se pique, ajos come.
Alberto Montero Soler ([email protected]) es profesor de Economía Aplicada de la Universidad de Málaga y miembro de la Fundación CEPS. Puedes visitar su blog «La otra economía» en la página de elotrodiario.com.