El gobierno español aprobó el día 13 de julio la condonación de 384,49 millones de euros de deuda a once de los países más pobres y endeudados del mundo, entre ellos tres latinoamericanos, Bolivia, Honduras y Nicaragua. Los otros ocho países beneficiarios son africanos: Ghana, Mauritania, Tanzania, Senegal, Mozambique, Uganda, República Democrática del Congo y […]
El gobierno español aprobó el día 13 de julio la condonación de 384,49 millones de euros de deuda a once de los países más pobres y endeudados del mundo, entre ellos tres latinoamericanos, Bolivia, Honduras y Nicaragua. Los otros ocho países beneficiarios son africanos: Ghana, Mauritania, Tanzania, Senegal, Mozambique, Uganda, República Democrática del Congo y Costa de Marfil, según el resumen del Consejo de Ministros español. Según el portal electrónico de campañas www.quiendebeaquien.org «se trata de una condonación adicional mediante la cual España completa la iniciativa multilateral de condonación de la deuda de los Países Pobres altamente Endeudados (HIPC, siglas en inglés). A través de fuentes del gobierno español, este medio informa que con esta ampliación, España habría condonado a veintiséis países HIPC por 3.643 millones de euros. Además, España pasa a ser el país que más lejos lleva sus condonaciones a los países HIPC, ya que es el primero en fijar su fecha de corte para la condonación en el 31 de diciembre de 2003», alineándose con las recomendaciones que hacen las Instituciones Financieras Internacionales, que utilizan esa misma fecha límite. Los demás acreedores bilaterales oficiales fijan la fecha de corte en el 20 de junio de 1999.
Sobre el mismo tema, el portal oficial del Ministerio de Economía y Hacienda del estado español abunda sobre los alcances de dicha condonación. Se indica en esta fuente que esta condonación sienta las orientaciones que servirán de marco rector para la política de conversión o canjes de deuda para los próximos años, cuyas prioridades serán la conversión de deuda por proyectos educativos, medio ambientales, y de infraestructuras. Se prevé un programa específico para utilizar estos recursos en el África Subsahariana, prioritariamente en proyectos de contenido social y de lucha contra la pobreza, siempre respetando y garantizando la soberanía del país beneficiario en su proceso de desarrollo.
La referida condonación no se da en el vacío. La publicación DiarioDigital RD describe el proceso en que se da la iniciativa parece surgir de la denuncia y el cabildeo de organizaciones de la sociedad civil, quienes entregaron un cúmulo de firmas a los diputados españoles pidiendo la cancelación de estas obligaciones. Los activistas locales y de los países afectados entregaron en el Congreso de los Diputados de España más de 55.000 firmas reclamando que se condone la deuda externa de los países pobres, acto que forma parte de la campaña «Sin duda, sin deuda», promovida por la Conferencia Española de Religiosos, la católica Cáritas, y otras organizaciones tales como Manos Unidas, Justicia y Paz y Redes. Mercedes Barbeito, coordinadora de la campaña «Sin duda, sin deuda», señaló a IPS que la recolección de firmas comenzó en marzo y que en concreto las ONG proponen que «la ley sea más generosa con los países empobrecidos, incluyendo más estados en las operaciones de reducción de deuda y aumentar la condonable».
Sin descontar el logro alcanzado, parece que todavía hay mucho por construir. Fuentes tales como Control Ciudadano e Intermón Oxfam indican que la condicionalidad de la ayuda oficial al desarrollo (AOD) española sigue siendo una batalla de las organizaciones de la sociedad civil. En distintas ocasiones organismos de cooperación y desarrollo han instado a España a desvincular los créditos oficiales del Fondo de Ayuda al Desarrollo (FAD) de la adquisición de bienes y servicios españoles, lo que se define como y en los hechos es básicamente un instrumento de internacionalización de la empresa española y no propiamente AOD. Un ejemplo citado por esta fuente resulta ser más que elocuente. En el caso de la la catástrofe provocada por el tsunami asiático en diciembre de 2004, España anunció en los foros internacionales un compromiso de casi EUR 71 millones para contribuir a paliar los efectos de la catástrofe. De esa suma, EUR 50 millones (más de 70%) correspondían a créditos FAD generadores de deuda externa. No es de extrañar que la mayoría de los países destinatarios del crédito no haya querido utilizar esta ayuda ofrecida con carácter de emergencia.
Aunque el Plan Director de la Cooperación Española contempla una revisión de este instrumento antes de 2008, tan cercano como a mediados de 2006 aún no se había producido un avance visible en esa dirección. Esto lleva a concluir que las buenas intenciones de la Secretaría de Estado de Cooperación se ven de nuevo frenadas por la barrera de los intereses económicos y comerciales españoles, que los Ministerios de Economía y Comercio defienden a capa y espada. Así, estudios sobre los FAD siguen reflejando cómo en la concesión de estos créditos siguen primando los intereses empresariales españoles por sobre los objetivos de desarrollo (véase Intermón Oxfam, 2006 Créditos FAD: el debate que nunca llega y Renovarse o morir. Por qué la reforma de los créditos FAD no puede esperar).
Desde los análisis surgidos en las conferencias sostenidas por la iniciativa «Diálogo con Instituciones Financieras» del Programa de Fe, Economía y Sociedad del Consejo Latinoamericano de Iglesias (CLAI), hemos planteado que la naturaleza misma de la AOD y su contenido plantean un problema. La definición que da el Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico muestra sus límites y predetermina sus extravíos. En efecto, está constituida por «préstamos o donaciones otorgados por el sector público a los países y territorios que figuran en la parte I de la lista de beneficiarios de la ayuda (…), con el propósito principal de facilitar el desarrollo económico y mejorar las condiciones de vida «. Así, los préstamos son tomados en cuenta en el cálculo sobre AOD cuando son otorgados a los países elegibles a una tasa inferior a la tasa del mercado y cuando incluyen una parte de donación superior al 25%. Su monto está lejos de ser despreciable: hacia fines de 2002, la deuda de los países del Sur ligados a la AOD -y a la ayuda pública- se elevaba a 171.700 millones de dólares.
Deuda que, por sí misma, es fuertemente generadora de deuda. Las consecuencias de estos préstamos son harto evidentes. Los reembolsos que engendra dicha AOD provocan una hemorragia de capitales en los países del Sur. Entre fines de 1996 y de 2003, en lo referido a los créditos bilaterales a tasas preferenciales, los países en desarrollo pagaron 31.000 millones de dólares más de lo que recibieron en nuevos préstamos. En resumidas cuentas, los países donantes se enriquecen a expensas de aquellos a los que pretenden ayudar. A eso hay que añadirle el hecho de que América Latina recibe del Norte y las instituciones multilaterales, alrededor de US$ 5.000 millones anuales por concepto de AOD, de la cual más de la mitad de este monto constituye lo que se ha denominado «ayuda fantasma» (phantom aid), puesto que se queda en los países desarrollados por concepto de «asistencia técnica», es decir, pago de salarios y contratos a técnicos del Norte para «asesorar» al Sur sobre cómo manejar los créditos otorgados desde el Norte por concepto de AOD. Asimismo, la ayuda a América Latina, por otra parte, ha sido cada vez menor en los últimos años, en términos del Presupuesto total para Ayuda al Desarrollo y en no pocas ocasiones se impone condicionada al seguimiento de políticas tales como la privatización de bienes y servicios del Estado, la liberalización de los flujos de capital, la apertura al denominado «libre comercio» y la entrega de la soberanía de los países del Sur en materia ambiental, laboral y fiscal, entre otros.
Podemos concluir que, al igual que el caso de Noruega (véase mi anterior artículo Noruega y el perdón de las deudas), las campañas y movilizaciones de la sociedad civil empiezan a tener efectos concretos y alentadores sobre la justicia económica para los países del mundo, especialmente para América Latina y el Caribe. Sin embargo, queda mucho camino por recorrer en relación a las estructuras financieras y los flujos de capital que generan situaciones de deuda, las cuales todavía quedan incólumes aún ante la presión internacional. Es decir, no basta con condonar renglones de deuda o reconvertir éstos en programas específicos de incidencia social. Hace falta arrancar de raíz los fundamentos perversos e injustos de la economía internacional y sembrar alternativas que verdaderamente honren un Jubileo de las deudas y el comienzo de un nuevo tiempo de desarrollo y vida plena.
El autor es el Coordinador Continental del Programa de Fe, Economía y Sociedad del Consejo Latinoamericano de Iglesias (CLAI)