Cuando por América Latina se expande una ola de soberanía e integración para enfrentar juntos la histórica hegemonía política y económica que por décadas ha ejercido Estados Unidos en la región, el gobierno de Alan García marcha contra esa corriente. El ex presidente estadounidense George W. Bush en su última acción antes de dejar […]
Cuando por América Latina se expande una ola de soberanía e integración para enfrentar juntos la histórica hegemonía política y económica que por décadas ha ejercido Estados Unidos en la región, el gobierno de Alan García marcha contra esa corriente.
El ex presidente estadounidense George W. Bush en su última acción antes de dejar la Casa Blanca el pasado 20 de enero, firmó el acuerdo de ratificación del Tratado de Libre Comercio (TLC) entre su país y Perú, (entrará en vigor el primero de febrero) mecanismo intensamente solicitado por Alan García desde que en el 2006 llegó a la presidencia de la nación andina.
Los esfuerzos del mandatario peruano, que viajó en varias ocasiones a Washington para entrevistarse con Bush y con representantes y senadores que se oponían al acuerdo, por fin han sido recompensados.
Los congresistas se oponían porque al establecerse otras empresas estadounidenses en Perú, podrían disminuir los puestos de empleos en el Norte, y además insistían en que se les otorgaran mayores prebendas a las compañías transnacionales.
Una de las principales exigencias era la de ratificar sin enmiendas el capítulo 10 del TLC que posibilita a las compañías estadounidenses proceder legalmente contra el gobierno peruano y exigir compensaciones extraordinarias, en caso de que se promulguen leyes que atenten contra sus intereses económicos. Como era de esperar, Alan y sus ministros aceptaron las demandas sin discusión.
Ahora Perú no podrá acudir a los tribunales nacionales cuando se presenten diferencias, mientras en los internacionales, las disputas son inapelables, las audiencias casi siempre son secretas y Estados Unidos puede ser demandado pero sin reclamos a los inversionistas.
Tampoco el gobierno peruano podrá promulgar normas de protección del medio ambiente, ni contra productos nocivos que afecten la salud de sus ciudadanos si eso dificultara el desarrollo de las operaciones productivas y las ganancias de las empresas transnacionales.
Tras el acuerdo, 12 Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) afirmaron que la rápida aprobación de los decretados firmados por el gobierno limeño para alcanzar el Tratado, vulneran los estándares ambientales y laborales y beneficiarán a los grandes inversionistas a costa de las minorías más pobres y los indígenas.
José Silva, representante del grupo indicó que el gobierno, por la premura para alcanzar en convenio antes de que se fuera Bush, no hizo consultas públicas y «se les dio (a Estados Unidos) mucho más de lo que está en el TLC»
Añadió que los decretos han legalizado la biopiratería. «Todos sabemos que vienen y toman nuestra biodiversidad y la patentan en otros países. Va a llegar el momento en que nosotros para utilizar los esquejes, las semillas que han sido creadas por miles de años por nuestros ancestros, vamos a tener que pagar derechos sobre ellas».
Luis Zúñiga, presidente de la Convención de Productores Agrarios, acusó al gobierno de no haber estudiado las compensaciones a los agricultores que prometió al negociar el TLC.
Zúñiga dijo que tales compensaciones son indispensables para competir, más aun teniendo en cuenta que la producción agrícola norteamericana es subsidiada.
«Es un día aciago para Perú, en medio de una grave crisis internacional el país abre la puerta y las ventanas, es un grave error», opinó el economista Gonzalo García, tras decretarse la puesta en vigencia del TLC.
Agregó que el tratado va a destruir la industria y lo poco que queda del agro, y hasta las licitaciones estatales van a estar copadas por empresas de Estados Unidos y «no va a quedar nada para los peruanos».
Para tener una idea de las concesiones realizadas, tras la firma del convenio en Washington, el 20 de diciembre de 2007, entre Bush y García, el Congreso del país andino otorgó facultades legislativas al Ejecutivo para modificar 60 normas que debían ser corregidas para implementar el Tratado.
Sin consultar a la población, a lo cual se opusieron el ex presidente Alejando Toledo (impulsor del TLC) y García, a partir del primero de febrero se eliminarán los aranceles a dos tercios de las exportaciones mercantiles y agrícolas de Estados Unidos a Perú, a pesar de que Washington continuará otorgando millonarios subsidios a sus productores. En 15 años no existirán barreras arancelarias.
Las medidas pondrán en crisis a la agricultura peruana que se dedica principalmente a monocultivos manuales, sin recursos financieros para comprar fertilizantes o implementos agrícolas que le permitan competir con los super industrializados productores estadounidenses.
El 22 % de la población peruana vive de la agricultura, en especial los productores de maíz, sorgo, mijo, arroz, trigo, algodón y azúcar. Por eso para Luis Zúñiga «resulta lamentable entregar el mercado peruano al norteamericano pues se condena a la quiebra segura al 97 % del sector agrario nacional».
Con la puesta en vigor del TLC, en el país andino no se podrán vender medicamentos genéricos, que son más baratos, porque el acápite impuesto por Washington exige proteger durante cinco años los datos de prueba de los fármacos para beneficio de las grandes compañías extranjeras.
Al remover las barreras comerciales de los servicios y proveer un marco legal seguro para los inversores, las transnacionales estadounidenses podrán controlar renglones fundamentales como la electricidad, agua, educación y otros.
Una de las mayores propagandas mediáticas que han realizado los dos últimos gobiernos limeños ha sido que durante varios años el Producto Interno Bruto (PIB) nacional ha crecido anualmente entre el 6 y 8 %, pero la realidad es que las ganancias van a parar a los bolsillos de las capas ricas y de las compañías transnacionales.
El empuje económico del que habla Alan García se ve oscurecido cuando se conocen los siguientes datos: el nivel de pobreza sobrepasa el 70 % de la población total estimada en 28 millones. En las regiones sureñas de Huancavelica, Ayacucho, Puno y Apurimac, donde se han registrado numerosas huelgas y manifestaciones de protesta, esas cifras alcanzan entre 88,7 % a 74,8 %, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática.
Asimismo, entre el 60 y el 65 % está desempleada o subempleada y no cuenta con ningún tipo de seguro social, por tanto no tiene derecho a retiro, atención sanitaria o educación.
En momentos en que surgen organismos integradores por Latinoamérica como ALBA, UNASUR, PETROSUR, PETROCARIBE o los Bancos del Sur y el Banco del ALBA, el gobernador peruano se aparta de esas líneas para sumarse económica y políticamente a Estados Unidos. Puede que al cabo de algún tiempo se cumpla el viejo refrán de: A veces sale más caro el collar que el perro.