Las políticas neoliberales instauradas en Perú durante varias décadas y que se han visto reforzadas en los dos últimos gobiernos de Alejandro Toledo y de Alan García, han llevado al pueblo andino a un nivel desbordante de desesperación económica y social. Los efectos de la pobreza, miseria, inestabilidad social y la desigualdad distribución de riquezas […]
Las políticas neoliberales instauradas en Perú durante varias décadas y que se han visto reforzadas en los dos últimos gobiernos de Alejandro Toledo y de Alan García, han llevado al pueblo andino a un nivel desbordante de desesperación económica y social.
Los efectos de la pobreza, miseria, inestabilidad social y la desigualdad distribución de riquezas impulsaron a los diferentes sectores del país a lanzarse a las calles para reclamar sus derechos cercenados y protestar contra la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos.
Las manifestaciones y huelgas– realizadas a lo largo y ancho del territorio nacional para exigir al gobierno una distribución equitativa de las riquezas y la aplicación de políticas sociales y económicas que promuevan disminuir los altos índices de pobreza– han estado encabezadas por el Sindicato Único de Trabajadores de la Educación Peruana (SUTEP), la Confederación Nacional de Trabajadores del Perú (CGTP), la Federación Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Siderúrgicos del Perú (FNTMMSP). A la extensa lista se unen la Federación Nacional de Trabajadores Universitarios (FENTUP), la Federación de Trabajadores del Sector Salud (FERSALUD), el Sindicato de Docentes de Educación Superior (SIDESP), la Confederación Nacional de Comunidades del Perú Afectadas por la Minería (COCAMI) y la Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial por solo citar algunos.
Pero lo más llamativo es que mientras la aprobación popular del presidente Alan García cae en las encuestas a solo 35 %, el mandatario tildó a los miles de manifestantes de «radicales de izquierda, suicidas y locos».
Para no quedarse atrás, el presidente del Consejo de Ministros, Jorge del Castillo, expresó que solo se trata de «pequeñas y focalizadas protestas» a la par que se ordenó la represión masiva contra las demostraciones que ocasionaron varios muertos y numerosos heridos.
Las huelgas se iniciaron con los maestros, los cuales protestan por la promulgación de la ley sobre la carrera pública magisterial, que entre otros puntos, plantea el despido de los educadores que desaprueben las evaluaciones. Los profesores afirman que la prueba se traducirá en cientos de despidos arbitrarios.
Todo esta efusión reivindicadora en Perú sucede cuando se cumple el primer año del gobierno de Alan García y antes de entrar en vigor el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos en el que el presidente andino ha puesto todo su empeño. Con ese fin ha viajado en dos ocasiones a Washington para reunirse con su homólogo George W. Bush y para solicitar a los congresistas estadounidenses que lo aprueben.
El gobierno ha incumplido todas sus promesas preelectorales, entre las que se destacan la disminución de la pobreza y la revisión del documento base del TLC que ofrece innumerables prebendas a los inversionistas extranjeros.
Según el oficial Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), en 2006, la pobreza afectaba a 13,7 millones de personas, que equivalían a 50,4 % de los 27,2 millones de peruanos, mientras otro documento de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y el Programa Mundial de Alimentos (PMA) revela que el 25 % de los niños en Perú sufren este flagelo. En contraposición, la nación andina aparece con uno de los mejores promedios de crecimiento del Producto Interno Bruto en los últimos años en la región, que alcanza al 7 %.
Esa contradicción ocurre, entre otras causas, porque las ganancias extraordinarias por los precios internacionales de los productos que exporta Perú, son sacadas del país por los beneficios que reciben las transnacionales (exoneración de impuestos) o quedan en manos de los empresarios privados nacionales, mientras los salarios están congelados, lo cual aumenta la desigualdad en la distribución de ingresos.
No existe una política social a favor de la mayoría de la población pues, como afirman las federaciones sindicales, «mantienen presupuestos de hambre en educación, salud, Fuerzas Armadas, y se argumenta que no hay recursos para aumentar los salarios, mientras se pre-paga la deuda externa». Con la entrada en vigor del TLC que se prevé para el próximo mes de octubre, todas las empresas de producción y servicios, así como toda la tierra, minería, bosques, fuentes fluviales, flora y fauna pasarán a la categoría de venta libre al mejor postor.
En el campo, los que sobreviven de la agricultura familiar no podrán competir con los productos subsidiados por el gobierno de Estados Unidos que entrarán libremente en Perú, y los campesinos tendrán que emigrar a las ciudades para venderse como mano de obra barata a cualquier negocio o empresa privada.
Las prerrogativas sindicales a favor de programas sociales desaparecerán pues los convenios del TLC prohíben la creación de federaciones obreras dentro de sus negocios.
Las riquezas nacionales fluirán con más fuerza hacia la metrópolis norteamericana por intermedio de sus transnacionales mientras la pueblo peruano le quedará solo las migajas.
De estas realidades se han dado cuenta una gran parte de los maestros, estudiantes, mineros, campesinos, y portuarios peruanos que demandan un cambio de rumbo en la política económica neoliberal y pronorteamericana del régimen de Alan García.