Mucho antes de que el Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Perú y Estados Unidos entrara en vigor, el presidente Alan García sabía que para cumplir con los acápites establecidos en ese convenio, los enfrentamientos con el pueblo ocurrirían en calles, campos y selvas peruanas. García desde que llegó al poder en 2006 visitó Estados […]
Mucho antes de que el Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Perú y Estados Unidos entrara en vigor, el presidente Alan García sabía que para cumplir con los acápites establecidos en ese convenio, los enfrentamientos con el pueblo ocurrirían en calles, campos y selvas peruanas.
García desde que llegó al poder en 2006 visitó Estados Unidos para convencer a congresistas que se oponían al convenio y le pidió al ex presidente estadounidense, George W. Bush que lo firmara antes de salir de la Casa Blanca. Esos esfuerzos fueron recompensados y el Tratado entró en vigor el pasado primero de febrero.
En Washington Alan dijo en una de sus visitas a los representantes y senadores que «un eventual veto sería una mala noticia para el pueblo peruano porque las corporaciones norteamericanas llevarán prosperidad a los pobres de la sierra, convirtiéndola en la Sierra Exportadora».
Las protestas obreras y campesinas se convirtieron en hechos consuetudinarios en el país desde que los gobiernos de turno comenzaron a aplicar las recetas neoliberales y de privatizaciones impuestas por Estados Unidos mediante el Fondo Monetario Internacional (FMI y el Banco Mundial (BM).
En el 2008, el gobierno debió enfrentar numerosos bloqueos de carreteras, marchas y paros nacionales contra el alto costo de la vida, por una mejor distribución de la riqueza en el país y en oposición a la política económica presidencial.
Mario Huamán, uno de los principales líderes sindicales ha puntualizado en varias ocasiones que las protestas se realizan debido a que durante los últimos siete años el Producto Interno Bruto (PIB) del país ha crecido, pero «las ganancias van solo a las manos de los ricos y de las transnacionales.»
Las tensiones alcanzaron su clímax el pasado 5 de junio cuando la policía nacional arremetió contra indígenas awajún y wampi en la ciudad nororiental de Bagua, que habían bloqueado carreteras en rechazo a una serie de decretos gubernamentales que entregaban vastos sectores de la Amazonía a corporaciones extranjeras, en correspondencia con los acuerdos del TLC.
Los excesos policiales dejaron un saldo de alrededor de 40 indígenas muertos y decenas de desaparecidos. Ante la magnitud de los hechos, el gobierno se vio obligado a revocar la impopular medida
Asimismo, en las últimas semanas estuvieron paralizadas las ciudades de Andahuaylas, en Apurímac, y Sicuani, en Cusco (a 950 y 1,100 kilómetros al sudeste de Lima respectivamente), y los departamentos de Junin en los Andes Centrales. Sus pobladores exigen al gobierno atención a sus demandas económicas y sociales.
Para contrarrestar los paros y cortes de carreteras, el gobierno ordenó al ejército controlar la situación por cualquier medio, pues hasta la mina «estadounidense» Doe Run, en La Oroya, Junin, se ha visto afectada al detener sus 3 500 obreros las tareas, situación completamente prohibida en los acápites del TLC.
Tras la firma del Tratado el 20 de diciembre de 2007, el Congreso del país andino otorgó facultades legislativas al Ejecutivo para modificar 60 normas (exigidas por Washington) que debían ser corregidas para implementarlo.
Uno de los requerimientos era ratificar sin enmiendas el capítulo 10 del TLC que posibilita a las compañías estadounidenses proceder legalmente contra el gobierno peruano y exigir compensaciones extraordinarias, en caso de que se promulguen leyes que atenten contra sus intereses económicos. De esa forma, ni obreros ni autoridades peruanas tienen potestad para reclamar ante cualquier exceso o arbitrariedades cometidas por compañías transnacionales.
Alan García en sus comparecencias afirma que los inversionistas extranjeros han contribuido a que la economía haya tenido altos crecimientos en los últimos años.
Los datos reales contradicen ese discordante empuje económico pues el nivel de pobreza sobrepasa el 70 % de los 28 millones de habitantes. En las regiones sureñas de Huancavelica, Ayacucho, Puno y Apurimac, las cifras alcanzan entre 88,7 % a 74,8 %, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática. Asimismo, el 60 % de la población está desempleada o subempleada y no cuenta con ningún tipo de seguro social, por tanto no tiene derecho a retiro, atención sanitaria o educación.
El TLC conlleva mayores perjuicios para Lima que la Ley de Promoción Comercial y Erradicación de la Droga en los Andes (ATPDEA, por sus siglas en inglés) impuesta por Washington y que ya ofrecía amplias garantías a los inversores extranjeros. Ese mecanismo permite a los países andinos exportar sus mercancías (principalmente materias primas) al mercado norteamericano.
Según la economista peruana Ariela Ruiz, los «beneficiarios» del ATPDEA deben cumplir estrictos requerimientos como son que el país receptor no tenga un sistema comunista y que no haya nacionalizado o expropiado bienes de inversionistas o de ciudadanos norteamericanos.
Además, no puede haber desconocido decisiones de arbitraje a favor de ciudadanos de Estados Unidos; respetar los derechos de propiedad intelectual de las naciones desarrolladas; cumplir los lineamientos de la Organización Mundial del Comercio (OMC); cooperar en el desarrollo de acuerdos de libre comercio, tener certificado un plan antinarcóticos y apoyar a Washington en la lucha contra el terrorismo, entre otros.
El TLC refuerza las restricciones del ATPDEA al no poder Perú acudir a tribunales nacionales cuando se presenten diferencias, mientras que en las cortes internacionales las disputas son inapelables, las audiencias casi siempre son secretas y Estados Unidos puede ser demandado pero sin reclamos a los inversionistas.
Pese a que Washington otorga millonarios subsidios a sus agricultores con el consecuente abaratamiento de los productos, el primero de febrero de 2009 se eliminaron los aranceles a dos tercios de las exportaciones agrícolas (y mercantiles) de Estados Unidos a Perú y en 15 años no existirán barreras arancelarias.
Las medidas ponen en crisis a la agricultura peruana que se dedica principalmente a monocultivos manuales, sin recursos financieros para comprar fertilizantes o implementos agrícolas que le permitan competir con los productores estadounidenses. La mayoría de las fábricas nacionales tampoco sobrevivirán.
El 22 % de la población peruana vive de la agricultura, en especial los productores de maíz, sorgo, mijo, arroz, trigo, algodón y azúcar y por tanto se condena a la quiebra segura al 97 % del sector agrario nacional».
Al abrirse todos los sectores al capital extranjero, escenarios similares ocurrirán en los servicios de salud, electricidad, teléfono, agua, educación, medio ambiente y otros.
El ex presidente Alejandro Toledo y su actual sucesor siempre se negaron a que el TLC se llevara a consulta nacional. Al conocer la peyorativa magnitud del Tratado, el pueblo sale a las calles para reclamar sus derechos, cosa que conocía de antemano Alan García.