Con la presidencia de Gustavo Petro y la vicepresidencia de Francia Márquez hay una ruptura histórica con el siglo XX: se empieza a normalizar la democracia en Colombia con su primer presidente progresista y su primera vicepresidenta afro, quien afirmó en su primer discurso como vicepresidenta electa: «Después de 214 años hemos logrado un gobierno del pueblo».h
Para el profesor Jairo Estrada, antiguo asesor del proceso de paz de La Habana entre las FARC-EP y el Estado colombiano, este régimen de democracia de excepción «sufre sin duda un resquebrajamiento. Es del mayor significado haber logrado una victoria electoral en un sistema de fraude electoral; lo cual solo se explica por el incontrovertible respaldo social y popular en las urnas»[1]. Indudablemente, se viene una fase de intensificación política donde el régimen de dominación de clase se resistirá y donde el uso de la violencia no está descartado.
El triunfo del Pacto Histórico abre el camino de Colombia al siglo XXI: rompe con el bipartidismo del Frente Nacional, dos gobiernos de uribe noche, dos gobiernos de Juan Manuel Santos (cocreador de los falsos positivos) y el gobierno de Iván Duque, quien no solo lidera hoy una guerra feroz contra Venezuela, sino que profundizó la política de genocidio y despojo para mantener al territorio colombiano como una gran fosa común.
Según cifras de Indepaz solo en 2022 Iván Duque deja 47 masacres, 89 líderes y lideresas sociales y 21 excombatientes asesinados hasta el 20 de junio. Frente a esta realidad programa del Pacto Histórico[2] expone varios puntos de interés y una propuesta acorde a las nuevas realidades:
1. Política hacia Venezuela. El nuevo gobierno va a retomar las relaciones diplomáticas y comerciales con Venezuela fundadas en el respeto a la soberanía y autodeterminación, lo cual va a representar un alivio para las fronteras donde ha incrementado el contrabando de extracción y las violencias producto de esta ruptura y las conflictividades sociales en ambos lados.
2. Política de paz. «Los Acuerdos de Estado con los firmantes de la paz, la sociedad y la comunidad internacional se cumplen» reza el programa de gobierno, lo cual refiere directamente al protocolo firmado por el Estado colombiano, los países garantes y acompañantes (entre ellos Cuba, Venezuela, el Reino de Noruega y otros) con la delegación de diálogos del Ejército de Liberación Nacional (ELN). El organización insurgente se pronunció con el comunicado «Vamos con los cambios y la paz»[3] donde afirman tener «plena disposición para avanzar en un Proceso de Paz que dé continuidad a la Mesa de Conversaciones iniciada en Quito en febrero de 2017».
Al cierre de este artículo las FARC-EP Segunda Marquetalia no se han pronunciado, sin embargo, desde su fundación el 29 de agosto de 2019 han reiterado estar dispuestos a dialogar con un gobierno de convergencia nacional. Gustavo Petro y Francia Márquez van a implementar el Acuerdo de Paz de La Habana y harán las reformas necesarias para que los grupos que se reivindican como FARC-EP puedan cobijarse bajo este Acuerdo de Paz. El énfasis del nuevo gobierno estará en estos puntos:
1. Reforma rural integral. Para que los campesinos recuperen sus tierras despojadas y tengan acceso a tierras productivas, su propio Fondo Agrario y se implementen los mecanismos de dignificación pactados en Cuba.
2. Solución al problemas de las drogas ilícitas. No se perseguirá al campesino cultivador de marihuana, coca y amapola y se priorizará la sustitución de cultivos con oportunidades económicas competitivas para el campo como lo contempla el acuerdo.
3. Reparación de las víctimas. El programa de gobierno dice: «La justicia restaurativa busca la humanización de la justicia transicional y retributiva en la medida que apuesta por el reconocimiento de las víctimas», de las cuales millones hay en Venezuela y en el mundo desplazados por la violencia que cuentan con reales condiciones de retorno y dignificación.
3. Paz sin fronteras. La paz con justicia social transfronteriza depende de la no injerencia de Estados Unidos en la región, la expulsión de sus bases militares en América Latina, el cambio de doctrina militar en Colombia, la acumulación violenta, la erradicación de la pobreza en ambos países y el tratamiento democrático y no violento a las luchas antisistémicas, condiciones necesarias en ambos lados de la frontera.
El 19 de mayo la senadora Piedad Córdoba propuso la política «Colombia: Potencia de la Vida» en una carta pública para impedir cualquier tipo de injerencia en países vecinos, desmilitarizar la vida política más un Tratado de Paz y No Agresión con Venezuela y todos los países fronterizos. Con este Tratado se puede dar un primer paso para garantizar la inhibición de ataques bélicos y el auspicio de grupos irregulares o tropas extranjeras que puedan agredir a los países firmantes. Sin este tratado no habrá paz completa en Colombia.
4. Derechos para la migración venezolana. Gustavo Petro y Francia Márquez han afirmado que harán las reformas necesarias para que la población migrante venezolana en Colombia tenga acceso a salud, educación y todos los derechos igual que la población colombiana. Esto sería un acto de dignificación para nuestras familias en el vecino país, así como un ejemplo para la región en materia migratoria.
¿El nuevo gobierno pondrá fin a las nuevas guerras transfronterizas? No. Pero mejorarán las condiciones para continuar las luchas antisistémicas que finalmente erradiquen la pobreza extrema y las desigualdades para quitarle poder a las oligarquías que han tenido condenada a Colombia a un conflicto interminable.
¡Para la guerra nada!
[1] Jairo Estrada. (19 de junio de 2022). Tuit. Colombia: Twitter https://twitter.com/jairoestradal/status/1538682353811324928
[2] Programa de gobierno. Colombia: Gustavo Petro https://gustavopetro.co/programa-de-gobierno/temas/
[3] ELN. (20 de junio de 2022). Vamos con los cambios y la paz. Montañas de Colombia: ELN Voces https://eln-voces.net/vamos-con-los-cambios-y-la-paz/