Fustigado y presionado por las movilizaciones estudiantiles, por la huelga de los trabajadores petroleros tercerizados, por los paros de diversas provincias, que reclaman recursos para la atención de sus necesidades. Ante los contundentes argumentos desarrollados por las más importantes organizaciones sociales del país, por el Frente Patriótico por la Soberanía Petrolera, en el sentido que […]
Fustigado y presionado por las movilizaciones estudiantiles, por la huelga de los trabajadores petroleros tercerizados, por los paros de diversas provincias, que reclaman recursos para la atención de sus necesidades. Ante los contundentes argumentos desarrollados por las más importantes organizaciones sociales del país, por el Frente Patriótico por la Soberanía Petrolera, en el sentido que el petróleo es un recurso que debe servir para atender las necesidades populares y el desarrollo del Ecuador, el gobierno se vio obligado a presentar al Congreso Nacional un proyecto de reformas a la ley de hidrocarburos.
No cabe duda que la presión popular por la salida de la transnacional OXY y por renegociación de los contratos petroleros y la exigencia de la nacionalización del petróleo, tiene que ver con la postura gubernamental pero inciden también la debilidad política del gobierno y el gran déficit fiscal que tiene el presupuesto general del estado.
Las reformas a ley de hidrocarburos fueron aprobadas en segundo debate por 55 legisladores de 69 presentes en el Congreso, con los votos del izquierdista Movimiento Popular Democrático, de Pachakutik, Izquierda Democrática, Partido Roldosista, Prian, Democracia Popular; Sociedad Patriótica, socialistas y algunos independientes, el partido Social Cristiano se opuso junto a los independientes. Por ahora estas reformas esperan el ejecútese del Presidente Palacio, paso previo para su plena aplicación.
La ley establece que las empresas que tienen contratos vigentes deberán compartir con el Estado el 60% de los ingresos adicionales en la exportación del hidrocarburo y el restante 40% se queda con las empresas privadas, (la propuesta del gobierno establecía 50-50). Para ello se tomará en cuenta el valor de venta vigente a la fecha de suscripción del contrato. Se estima que por estas reformas ingresarán al fisco alrededor de 500 millones de dólares anuales.
Estos hechos confirman la necesidad de manejar una poítica soberana que atienda en primer lugar la necesidades del país y las demandas de los 13 millones de ecuatorianos. Confirma también que en el país hay suficientes recursos para atender su desarrollo y que aparte de estos 500 millones podrían recuperarse otros 4.000 millones de dólares que se llevan las transnacionales petroleras por contratos fraudulentos y por deudas con el Estado.
Por ello se insiste en la salida de compañía OXY que implica la reversión al Estado de más de 100.000 barriles diarios de petróleo que significan 2.000 millones de dólares anuales. Esto también incluye la anulación de contratos fraudulentos con Encana en el bloque Tarapoa por los cuales el estado pierde 40.000 barriles diarios, es decir 800 millones de dólares anuales; del campo Palo Azul en manos de grupo Isaías y Petrobrás, con 20.000 barriles diarios y 365 millones de dólares anuales. Otros 100 millones de dólares le debe a Petroecuador la Repsol-YPF por concepto de transporte del crudo por el Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (SOTE). Esto por supuesto sólo podrá realizarse si existe un manejo soberano del país y de nuestros recursos naturales.
Aunque es parcial, la aprobación de esta ley es un hecho plausible, con la cual expande la necesidad de seguir luchando por una reapropiación de este recurso natural para los ecuatorianos.
Las presiones no se han hecho esperar, primero fue el anuncio de que se suspendían en Washington las negociaciones del TLC; que si bien luego fue desmentido circunstancialmente, traerá algunos obstáculos. Los más rabiosos opositores son internamente los abogados de las empresas petroleras que han ejercido cargos públicos en el área petrolera en diversos gobiernos y que en su momento allanaron el camino para la privatización de Petroecuador y para la entrega de estos recursos a las transnacionales de las cuales fueron y son sus empleados. Ellos son Fernando Santos Albite, Rene Ortiz, Edgar Terán, ex canciller, Pablo Lucio Paredes, entre otros pocos que se desgañitan en los medios de comunicación, pagan comunicados hablando de que se trata de una ‘confiscación’, de violación de tratados internacionales, de irrespeto a los actos contractuales, entre otros argumentos con los cuales quieren hacer retroceder al gobierno.
Junto a estos personajes se encuentren también las cámaras de la producción y de comercio que defienden la firma del TLC y que ahora también exigen que el gobierno rechace el proyecto aprobado por el congreso.
El gobierno vuelve al centro de las presiones por parte de las transnacionales y la Embajada Norteamericana, el Partido Social Cristiano, las cámaras de la producción y del pueblo que reclama la aprobación de estas reformas para que esos recursos sirvan para atender las demandas que han venido haciendo durante todos estos meses.
En pocos días sabremos hasta donde llega Alfredo Palacio.
Ramiro Vinueza es director del periódico Opción de Ecuador