Jair Bolsonaro siempre dejó claro que la preservación del medio ambiente y la mejora de las condiciones de vida de campesinos, quilombolas e indígenas no serían prioridad en su gestión. Desde que se posesionó, en enero del año pasado, fueron registrados records de deforestación y una serie de medidas alineadas a los intereses de la […]
Aún en campaña, Bolsonaro se fijó en lo que llamó «industria de la multa» del Instituto Brasileño de Medio Ambiente y Recursos Naturales Renovables (IBAMA). El capitán retirado dijo también que no haría la homologación de territorios indígenas y quilombolas y sopesó hasta fundir los ministerios de Medio Ambiente y de Agricultura.
La idea no funcionó, pero el presidente de extrema derecha halló la forma de poner a un ruralista en la cartera del Medio Ambiente. Ricardo Salles es abogado y blanco de acciones judiciales por improbidad administrativa, que culminaron en la suspensión de sus derechos políticos por tres años. Inclusive cuando el artículo 87 de la Constitución Federal determina que los «ministros de Estado serán escogidos entre brasileños mayores de veinte y un años y en ejercicio de sus derechos políticos», Bolsonaro mantuvo a Salles en el cargo, probando su determinación por cumplir los intereses del agro negocio.
La primera medida del ministro fue extinguir la Secretaría de Cambios del Clima y Bosques. Salles dijo en ese momento que la Secretaría se había transformado en un conjunto de personas que «pasaban haciendo turismo internacional a costa del gobierno», citando a servidores que habían viajado a Polonia para participar de la Conferencia de la ONU sobre Clima, la COP-24 – encuentro anual de los países-miembros, realizado cada diciembre.
Lodo
El primer gran crimen ambiental registrado en el período del gobierno Bolsonaro fue el rompimiento de la Represa I de Córrego do Feijão, en Brumadinho (estado de Minas Gerais), el 25 de enero, dejando 248 personas muertas, 22 cuerpos enterrados y vertiendo 12 millones de metros cúbicos de relaves de minería en el Rio Paraopeba.
Las 944 mil personas afectadas, que viven en 18 municipios atravesados por el rio, vieron sus vidas devastadas para siempre. La empresa Vale, a su vez, continúa explotando los minerales libremente en la región.
Se sabe que el crimen de Brumadinho podría haber sido evitado. El entonces superintendente del IBAMA de Minas Gerais, Julio Cezar Dutra Grillo, al participar en una reunión extraordinaria de la Cámara de Actividades Mineras (CMI), en diciembre de 2018, dijo que la represa «no presentaba riesgo cero». La reunión trataba de la aprobación de la licencia para las operaciones de la Mina de Córrego de Feijão. Grillo fue exonerado el 28 de febrero de este año, junto con otros 21 superintendentes regionales del IBAMA, sin motivo aparente.
En abril, Salles se enfocó de nuevo en el IBAMA, reduciendo en 24% los recursos del órgano. Con 285 millones de reales (70 millones de dólares) destinados solamente para los gastos de la cartera, las fiscalizaciones contra la deforestación ilegal fueron prácticamente extintas. Según datos del Observatorio del Clima, las multas aplicadas por el IBAMA en 2019 son las menores en 15 años.
Con el IBAMA debilitado, la retención de recursos se extendió a otras instituciones vinculadas al medio ambiente. En mayo, le tocó a la Política Nacional sobre Cambio Climático sufrir un recorte de 11,2 millones de reales (2,74 millones de dólares), el equivalente a 95% de su presupuesto. Con eso, quedaron disponibles apenas 500 mil reales (122.400 dólares) para combatir el cambio climático durante todo el año de 2019.
Fuego
En 2019 hubo más incendios en la Amazonía que en los siete años anteriores. Hacendados ligados al agro negocio fueron los responsables por el «día del fuego», en agosto de este año. La serie de incendios orquestados a lo largo de la carretera BR-163, en el sudoeste del estado de Pará, al norte de Brasil, generaron un humo que llegó a ser visto en ciudades como São Paulo, en el sudeste del país.
Apoyados por Bolsonaro, los productores anunciaron que la idea era llamar la atención del gobierno para decir que «querían trabajar». La información fue divulgada por el medio local Folha do Progresso.
Los datos de deforestación fueron anunciados con preocupación por el Instituto Nacional de Pesquisas Espaciales (INPE), reconocido mundialmente por su producción científica. Semanas antes del «día del fuego», el instituto divulgó una alerta. Bolsonaro no solo dijo que los datos del INPE eran mentira, sino que también despidió al presidente del órgano, Ricardo Galvão – considerado, por la revista británica Nature, uno de los 10 científicos del año.
Según datos del INPE, fueron más de 90 mil focos de incendios registrados en el año, un aumento de casi 30% con relación al año anterior.
El pantanal también se quemó por encima de la media – por acción del hombre. Fueron cerca de 1.730 km² devastados en Mato Grosso do Sul, sólo del 27 de octubre al 9 de noviembre. El área devastada el mes pasado es mayor que la ciudad de São Paulo (1.521 km²).
El avance de los incendios ocurrió paralelamente a discursos agresivos de Bolsonaro contra organizaciones no gubernamentales (ONG) brasileñas y extranjeras que actúan en la Amazonía.
En ese contexto, fue cerrado el Fondo Amazonía, que financiaba proyectos de investigación esenciales para la fiscalización y combate de la deforestación ilegal. El fin de las transferencias se dio después de que Salles anunciara que usaría los recursos para pagar indemnizaciones a propietarios de tierras en unidades de conservación. La propuesta fue rechazada por los gobiernos de los países donantes, lo que puso fin al programa que en los últimos diez años recibió más de 3.100 millones de reales (759 millones de dólares) en donaciones.
Petróleo
Los meses de octubre y noviembre quedaron marcados por la inercia del gobierno Bolsonaro ante del petróleo que se arrastraba por el litoral del nordeste brasileño.
Salles intentó justificar la falta de asistencia del Estado culpando a gobiernos anteriores. El Ministerio Público Federal (MPF) solicitó a la Justicia Federal en Sergipe que obligara al gobierno de Bolsonaro la realización de una reunión extraordinaria para definir acciones de protección, recuperación y compensación de los daños sociales y ambientales, bajo pena de multa de 1 millón de reales (250.000 dólares) por día de atraso.
Por fin, fueron voluntarios los que realmente hicieron – o intentaron – limpiar las playas. Entretanto, debido a la alta toxicidad del petróleo, muchas personas presentaron ardor en la piel (dermatitis de contacto), irritación en los ojos, náuseas y vómitos. El apoyo prestado a los voluntarios fue por parte de los municipios locales.
La COP-25, que podría haber sido una oportunidad para acordar medidas de protección ambiental en cooperación con otros países, terminó sin acuerdo. Salles, que fue al encuentro con las manos vacías, sin ninguna propuesta concreta, volvió al menos con un trofeo: el «Fósil del Día», una «homenaje al contrario» entregado a los países que más contribuyeron al cambio climático en 2019.
El año termina con la MP de la Regularización Fundiaria – que, según especialistas, legitima el grilagem (apropiación de tierras con documentos forjados) y contribuye a la devastación de la Amazonía – y con la persecución a brigadistas en Alter do Chão (estado de Pará), acusados sin pruebas de provocar incendios en la selva.
Traducción: Pilar Troya, para Brasil de Fato.