Introducción

¿Afectan las grandes corporaciones petroleras a la soberanía y la autodeterminación de los pueblos? ¿Se comporta acaso REPSOL de manera diferente? ¿Lo saben sus propietarios y consumidores?

En este artículo desarrollaremos una de las ideas clave de la lucha social contra las petroleras, y en particular de la Campaña Internacional contra REPSOL: la agresión constante a la SOBERANÍA de los pueblos. Analizaremos también cómo y por qué erosionan los principales fundamentos de la democracia, no solo en su forma, sino sobre todo en su esencia.

El sector petrolero es actualmente uno de los más re-concentrados. El volumen de las principales petroleras supera económicamente aquel de la mayoría de los países del planeta, y con creces. Este fenómeno, conjuntamente con la intensa liberalización de la economía mundial (privatización y desprotección de lo que antes era comunitario o estatal), permite que el inmenso poder económico de las corporaciones transnacionales – y no únicamente las petroleras – se transmita y convierta en poder político. De forma tal que las petroleras inciden en los asuntos políticos públicos, particularmente en el ámbito geopolítico, pero también legislativos y judiciales, que quedan legitimadas por ello, a espaldas de la opinión pública.

Los principales mecanismos de corrosión de la soberanía que emplean, son la infiltración de sus hombres o instrucciones en los gobiernos del Norte, con el objetivo de fomentar políticas públicas internas o hacer presión para que los países del Sur se abran sumisamente. Desde la perspectiva geopolítica, la Guerra de Irak, por ejemplo, está determinada por el control estratégico de las reservas de hidrocarburos y por el control de su explotación (por las empresas petroleras). Otros mecanismos erosivos son la financiación de regímenes dictatoriales o corruptos; la utilización de grupos paramilitares o mercenarios para hacer desaparecer resistencias locales; la utilización de potentes dispositivos de lavado de imagen (incluidos el denominado greeenwashing, los proyectos filantrópicos, los informes de Responsabilidad Social Corporativa, o la censura de noticias en los medios de comunicación); la absorción de empresas públicas a precios pactados por medio de la corrupción de altos funcionarios públicos; o incluso el contrabando; y la utilización de la profunda asimetría entre las transnacionales y las comunidades locales afectadas para apropiarse de sus recursos.

Acto seguido, desarrollaremos algunos casos conocidos e ilustrativos que implican a REPSOL en varios ataque a la soberanía democrática de algunos de sus stakeholders, es decir, las personas afectadas por su actividad en todo el mundo.

¡Es cuestión de tamaño! Comparando economías

Los ingresos de REPSOL-YPF en 2004 sumaron un total de 41.689 millones de euros[1], mientras que Bolivia había producido durante el mismo año un total de 7’277 millones de euros[2]. Esto significa que REPSOL YPF fue durante ese año 5.7 veces más poderosa económicamente, que todo un país, Bolivia. La relación es todavía mayor cuando se compara a los presupuestos de un departamento o de un municipio, por no mencionar a las comunidades indígenas. A menudo, se crean conflictos empresa vs. País, empresa vs. Administración local, o empresa vs. Organización local, sin contar en este último caso, con el apoyo de sus administradores correspondientes. En dichos conflictos, en lo que se refiere a la posibilidad de contar con capacidades -por ejemplo un buffet de abogados- o con una postura favorable por parte de las instituciones judiciales y políticas, muchas de ellas internacionales (la más habitual es el CIADI[3] del Banco Mundial ubicado en Washington D.C.), la empresa se encuentra sin duda en situación de ventaja. La jerarquía global-local, nuevo eje de desigualdades que se añade a los ejes Norte-Sur, blanco-indígena, mediante el cual los actores de dimensión global tienen mayor facilidad para dominar a los locales y no viceversa, se pone de manifiesto en el caso de REPSOL YPF, frente a las comunidades indígenas, campesinas, allá donde opere (extrae petróleo en comunidades u’wa, huaorani, mapuches, pero tiene refinerías en el Norte, en Tarragona, Puerto Llano y otros lugares).

Yasuní, Ecuador – Ciudadanía Corporativa. Cautivos de Repsol

Las grandes petroleras y REPSOL YPF en particular, firman acuerdos con los gobiernos de los países donde se encuentran el petróleo y el gas (o por donde se efectúa el transporte), contratos de concesión de derechos de exploración y explotación. Se trata de grandes extensiones de territorio, las cuales, en el caso de REPSOL YPF, no se encuentran en despoblados desiertos de Oriente Medio (controlados hoy por las petroleras anglo-americanas), pero sí en territorios indígenas de América Latina, frecuentemente en zonas de mega-biodiversidad.

Uno de los peores problemas para la soberanía de los pueblos ocurre cuando se descubre petróleo o gas bajo sus pies. En ese momento, los ojos de importantes decidores nacionales e internacionales se detienen sobre su posición en el mapa, a veces por vez primera, para ponerse manos a la obra y ver cómo extraer estos recursos.

El resultado final es que los gobiernos concesionan a las petroleras extensos territorios y, con ellos, los pueblos y la biodiversidad que los habitan. No habrá conflicto si los pobladores hacen lo que les dicte la petrolera. Por ello, sea el Estado, las empresas o las elites locales, intentarán evitar problemas mediante algunos regalos poco costosos pero muy visibles, y de funcionar esto, dificultando cualquier brote de resistencia. Una manera radica en ofrecer trabajo, construir escuelas primarias y secundarias, desde la empresa. Es decir, se sustituye en la práctica al Estado por la Empresa, con mayúsculas. Con el pequeño detalle de que la empresa no es un ente elegido soberanamente (como en la práctica a veces, tampoco lo es el gobierno local), y que cuando se está en contra, ésta puede cortar por lo sano y cerrar los accesos a servicios como la educación, la salud, las infraestructuras o la seguridad de quien resista, hecho extremadamente peligros. Este fenómeno en el cual es Estado y las elites ceden la soberanía a la empresa que explota el territorio, es denominado «ciudadanía corporativa«.

Es precisamente el caso del Bloque 16 que el Estado ecuatoriano ha concesionado a Repsol YPF, dentro de la Gran Reserva de la Biosfera del Yasuní, en la selva amazónica ecuatoriana. El Yasuní tiene la particularidad de ser el territorio donde tradicionalmente ha habitado el pueblo huaorani[4]. Comunidades Huaorani como El Guillero van a la escuela de Repsol YPF, sus líderes han estado cooptados como trabajadores de la empresa, tienen solamente acceso al centro de salud de Repsol YFP, a las cantinas de la empresa, la única salida por tierra de la selva es la carretera Maxus propiedad de la petrolera, y las brigadas del ejército ecuatoriano que cubren la «seguridad» de la zona obedecen a las órdenes directas de Repsol YPF.

Arauca, Colombia – Seguridad y Derechos Humanos violados por las petroleras y el Estado.

Siguiendo el hilo de lo examinado hasta ahora, tanto las petroleras como el poder local se aplican en la eliminación de los focos de resistencia locales que puedan encenderse en contra de los proyectos de explotación, minando de esa forma la libertad de los pueblos de decir «no». Las comunidades indígenas y campesinas dependen económica, vital y cosmovisionalmente de la naturaleza y de su territorio. Generalmente, su visión del mundo se encuentra muy alejada de la capitalista. Por ello, las comunidades pueden presentar resistencia a la explotación petrolera y los gobiernos y las empresas ejercen una intensa presión con el objetivo de desmembrar la unidad comunitaria.

En situación de guerra o de conflicto armado, existe la tentación de utilizar a las facciones armadas para deshacerse de estas resistencias, tal como lo demuestran los casos de Shell en el Delta del Níger, los mercenarios al servicio de las petroleras norteamericanas en Irak, o de Oxy, BP y finalmente Repsol YPF en Colombia.

En Colombia, Repsol YPF opera principalmente en la provincia de Arauca[5], territorio ancestral del pueblo U’wa. Diferentes informes constatan que las principales masacres de la población civil colombiana se producen en la práctica en territorios estratégicos para los intereses transnacionales, y principalmente, donde hay petróleo, gas y carbón. Arauca es una de las provincias colombianas donde se ha registrado más asesinatos desde que se descubrió la presencia de petróleo.

Pese a la dificultad en demostrar que una petrolera asesina sindicalistas, activistas ambientales o líderes indígenas, o que viola directamente los derechos humanos de diferentes maneras, sí se puede evidenciar la alta coincidencia entre la actividad extractiva y la presencia paramilitar. Algunos reportes, como el de Amnistía Internacional[6] o aquel de ODG[7], apuntan esta coincidencia, y constatan que los hechos ocurren habitualmente de la siguiente manera: ante el foco de resistencias locales, los grupos paramilitares se encargan de masacrar o de realizar asesinatos asilados por indicaciones del gobierno, en complicidad con la dirección de la empresa, y, a veces, de los servicios de «inteligencia militar» como el norteamericano; a partir del momento en que los delitos son hechos públicos, aparece el ejército con el motivo aparente de hacer frente a los grupos paramilitares, la guerrilla o delincuentes comunes; borran las pruebas, legitiman su presencia actual y futura en la zona; dónde a continuación se instalarán o continuarán las actividades de extracción de los commodities.

Argentina – Corrupción / expoliación. El caso de la adquisición de YPF

Más allá del debate sobre la conveniencia de que sea el sector público o el privado el que administre un ámbito estratégico como la energía, los procesos de privatización han sido atractores netos de corrupción y momento ideal para la expoliación de los bienes públicos por el capital extranjero y las oligarquías nacionales. Las maneras han variado considerablemente, peor en general, consiste en la venta a precio de rebaja de bienes públicos que en realidad serían mucho más válidos, a cambio de prebendas.

A manera de ilustración, citemos la adquisición de la empresa argentina Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), por parte de la entonces Repsol: un pez grande devorado por uno pequeño. El gobierno de Menem, reconocido como neoliberal y corrupto, con la complicidad de algunos gobiernos provinciales como el de Neuquén, y del también corrupto Sobisch, vendieron YPF a la española Repsol y a grupos argentinos afines, a un precio muy por debajo del valor real, mediante argucias licitatorias y financieras.

La consultora Gafney&Cline, encargada de la certificación de las reservas previa a la privatización, habrían devaluado la cantidad de manera que beneficiara al futuro comprador. Poco después, se haría público el hallazgo de «nuevas reservas» valoradas en 15’000 millones de dólares. Nos encontramos ante un posible fraude a favor de Repsol YPF y de los grandes accionistas argentinos, y en contra del patrimonio público y la soberanía energética de los ciudadanos argentinos, por un valor de 15’000 millones.

Adicionalmente, existe una denuncia por parte de 1’500 ex – trabajadores de YPF[8] en la cual se acusa al gobierno de Menem de haber vendido YPF en la bolsa de Nueva York dos días antes de que saliera el BOE argentino. El balance es nuevamente el mismo.

Bolivia – Evasión fiscal y contrabando

Evidentemente, tras la adquisición de bienes públicos a precios de rebaja, es además posible seguir contando con la «pinza neoliberal» entre el capital extranjero y la elite nacional para continuar vendiendo el país en beneficio de estos grupos, menoscabando los intereses de los ciudadanos, sus recursos, y en definitiva, su soberanía. El impago de los impuestos, las declaraciones falsas sobre la extracción y exportación de crudo, las presiones para mantener leyes nacionales sobre hidrocarburos favorables, son los principales medios utilizados.

Un caso paradigmático es el del pueblo boliviano, trasquilado durante más de 500 años por diferentes actores extranjeros y nacionales, pero que no obstante se sigue movilizando de manera estratégica para ejercer su soberanía. Repsol YPF es este año la primera gasista del país. Sin embargo, sufre las consecuencias del cambio de dirección de la política boliviana. Más allá de la privatización de YPFB por el ex – Presidente prófugo Sánchez de Losada, y de su literal remate al consorcio Andina controlado en un 50% por Repsol YPF, se acusa actualmente a la petrolera española de delitos de contrabando y falsificación de documentos aduaneros. Es decir, la empresa habría vendido crudo en Chile y Argentina por un valor de 9.2 millones de dólares sin declararlo, con el objetivo de ahorrarse el pago de regalías (impuesto por extracción y venta de petróleo y gas) que debía pagar al Estado boliviano[9]. Todo ello, añadido a que sus operaciones son a la fecha de este artículo ilegales, por no haber sido ratificados por el Parlamento boliviano.

Guinea Ecuatorial – Apoyo a Dictadores criminales, pero funcionales.

Las empresas transnacionales no tienen ningún pudor en colaborar con dictaduras ilegítimas, regímenes odiosos, Estados violadores de los derechos humanos o criminales de guerra. Argumentan a menudo que «una cosa son los negocios y otra la política».

Las compañías petroleras saben que pueden obtener mayores beneficios de regímenes autoritarios que de las democracias. A la vez, los gobiernos del Norte favorecen y los mantienen en el poder, si les facilitan el abastecimiento de hidrocarburos a precios preferenciales y por medio de las compañías de la misma nacionalidad. Tratan de hacerlo de manera sutil, pues saben que sus opiniones públicas son sensibles al apoyo que se pueda dar a regímenes que violan los derechos humanos. Pero de hecho, un tipo de gobierno vertical que solo beneficie a la oligarquía en el poder y no a sus ciudadanos, es una simbiosis perfecta y mucho más rentable que otras opciones. Este modelo se aplica la perfección en la mayoría de los países productores de Oriente Medio, Magreb y África Subsahariana, o en las ex – Repúblicas soviéticas.

Una vez más, las relaciones entre Repsol YPF y los diferentes gobiernos españoles con regímenes como el argelino del actual presidente Buteflika, el indonesio del ya defenestrado Suharto o el de la Guinea de Obiang, entre otros. Este último país, ex – colonia española, es gobernado por un dictador que cumple con todas las características del arquetipo del mal gobierno, de corrupción, terrorismo y obstáculo al desarrollo local. No obstante, el nuevo «Kuwait subsahariano» está siendo cuidadosamente obsequiado con extraordinarias cancelaciones y conversiones de deuda por parte del actual gobierno español, recibe uno de los apoyos más importantes por parte de la cooperación al desarrollo, que administra la propia dictadura, y recibe frecuentes visitas de altos funcionarios españoles, que no esconden la razón última de los intereses geopolíticos españoles: una tajada del pastel petrolero que desde 1990 ofrece Guinea Ecuatorial[10].

Confundiendo a la opinión pública: censura corporativa, maquillaje y valor

Si toda la información sobre violaciones al medio ambiente, a los derechos humanos, a la soberanía local y nacional, si el balance sobre el desarrollo de las comunidades afectadas por los pozos de las compañías, incluso su contribución al calentamiento global, salieran a la luz de manera transparente y justamente sopesada en función de su importancia, muy probablemente algunos accionistas, gobernantes y consumidores tomarían medidas. Entre ellas, regular fuertemente el sector, desinvertir responsablemente, boicot o reducir concientemente el consumo. Pero esto no puede ocurrir.

Si bien uno de los fundamentos de la democracia es el derecho a ser informados sin tapujos para poder tomar decisiones con toda responsabilidad, la realidad es que al actual sistema corporativo turbo-capitalista, le conviene maquillar la información y distorsionarla de forma que ni el propietario ni el consumidor, y a veces, ni el gobernante o directivo, sepa lo que se hace en realidad. Se trata de lo que J.K. Gallbraight denominaba «mezquindad inocente».

Las transnacionales y las compañías petroleras en particular invierten enormes sumas de dinero para controlar su imagen corporativa. El marketing incide tanto en la mentalidad de los consumidores, accionistas y gobiernos de origen y de destino, como de las comunidades en las zonas donde opere la petrolera. Los discursos son ligeramente distintos, pese a que en todos ellos: i).- Se esconde sistemáticamente cualquier tipo de asunto oscuro o conflicto generado por la empresa («censura corporativa»[11]); ii).- Se intenta dar una imagen de responsabilidad social corporativa, que va desde el greenwashing[12], el socialwashing, la filantropía vía proyectos de cooperación al desarrollo con ONGs colaboracionistas, etc., que intentará por todos los medios evitar que los Estados tengan la tentación de regular la actividad petrolera, incluido el consumo y todavía menos el cambio de patrón energético; iii).- Se asocia la petrolera al positivismo tecnológico, al desarrollo sostenible y a la creación de valor, como si todo esto fuera compatible.

El caso de Repsol YPF es paradigmático en este sentido. En su informe anual de RSC, la empresa despliega toda clase de detalles sobre la filantropía desarrollada por medio de sus fundaciones[13]. Muestra su alto nivel tecnológico esponsorizando por ejemplo a los principales motociclistas y corredores de fórmula 1 o Rallyes como el París-Dakar. Patrocina el tiempo en los principales tele-noticieros españoles. O construye campos de fútbol en medio de la Selva amazónica o la pampa argentina, como una muestra del esfuerzo de la empresa por contribuir al desarrollo de las comunidades locales. Rara vez trascienden sin embargo muchos de los intentos de ofrecer una contra-información por parte de las comunidades afectadas, como la campaña de los U’wa o de los Mapuches.

Penetrando los Estados

Finalmente, es importante subrayar que las empresas tanto en el Norte como en el Sur, han encontrado su estrategia definitiva – sobre todo en tiempos de crisis – al introducirse dentro del Estado con el objetivo de determinar en lo posible su comportamiento tanto en el ámbito ejecutivo, como legislativo y judicial. Mecanismos como el de las puertas giratorias, los lobbies corporativos (bufetes de abogados, consultoras de relaciones públicas, departamentos universitarios en convenio con empresas), la financiación de partidos políticos, la compra de medios de comunicación o incluso el soborno de funcionarios públicos, completan el esquema necesario pra conseguir que el Estado gobierne a favor de la empresa. Este esquema lo aplican obviamente todas las empresas a todos los países, pese a que es cierto que algunos Estados son más poderosos que otros y algunos son más fácilmente penetrables. Es también cierto que las empresas que lo consiguen son las grandes corporaciones, principalmente las que se mueven de forma global.

Queda pendiente un estudio para analizar si, y cómo Repsol YPF se comporta al respecto. Contamos de momento con las referencias a casos muy claros como el de la estrecha relación entre las principales petroleras norteamericanas y la administración Bush.

Conclusión (¿alguna solución?)

Las petroleras son para muchos pueblos un factor «torpedo» y contrario a la construcción de la autonomía, libertad y bienestar colectivos; contando a los tres como derechos legítimos de toda colectividad. Aún más peligroso y potente es el efecto de erosión cuando se encuentra petróleo en sus subsuelos.

La empresa Repsol YPF, de matriz española, no constituye una excepción. Más aún, su papel sobre todo en América Latina, empieza a ser conocido por las sociedades, hecho que provoca el enlazamiento de las resistencias, un cierto rechazo general ante su presencia, y un inicio puntual de respuesta reguladora por parte de los gobiernos boliviano o venezolano. Pero todavía no existe un conocimiento de las violaciones de Repsol YPF por buena parte de sus accionistas (los propietarios), de sus trabajadores, de los consumidores, y menos aún de las nuevas áreas de exploración de la compañía (como por ejemplo la Amazonia Central peruana). Por lo tanto, se mantiene el esquema de Irresponsabilidad Social Corporativa, repartida en porcentajes distintos entre directivos, propietarios, gobernantes, consumidores y trabajadores. La mezquindad «inocente» a la cual nos referimos anteriormente, es la fórmula general que atraviesa el funcionamiento de la empresa, y es precisamente lo que la Contrajunta de Afectados por la Repsol pretende ayudar a combatir.