La educación es un factor necesario (pero no suficiente) para poder disfrutar de una igualdad real de oportunidades. Sabemos que el elemento que tiene más impacto en la formación es el capital económico y cultural de las familias. Por tanto, si queremos combatir las desigualdades en educación ya sabemos por dónde empezar.
La escuela para todos es hija de la Ilustración, de aquella voluntad de liberar a las personas de las supersticiones y los dogmas para que, guiadas por la razón, se convirtieran en plenamente autónomas y capaces de gobernar sus vidas. La escolarización universal es, pues, una aspiración que no tiene mucho más de doscientos años, aunque en nuestro país no se hizo realidad hasta la década de los ochenta del siglo pasado. Las escuelas y los institutos han sido y son, por tanto, dispositivos con una voluntad profundamente democrática y emancipadora, nacidos para proporcionar a todos y cada uno de los individuos la posibilidad de constituirse como personas libres e independientes, sean cuales sean sus condicionamientos étnicos, geográficos, económicos, sociales o culturales, y sus características y capacidades físicas, psíquicas o intelectuales. La educación básica tiene sentido por sí misma y aspira a proporcionar a todos los chicos y chicas aquellos conocimientos, competencias, habilidades y valores que les permitan disfrutar de una verdadera igualdad de oportunidades para hacer frente a las demandas del mercado laboral y de la vida en general. Pero estos esfuerzos igualitarios, a pesar de sus éxitos indudables, no han dado los resultados esperados, y se ha acusado a los sistemas educativos de reproducir y legitimar las desigualdades socioeconómicas previas. No podemos aceptar este determinismo, pero sí hay consenso entre los especialistas en afirmar que la escuela sola no tiene suficiente fuerza para hacer revertir las desigualdades familiares y que hay que ayudarla con políticas sociales decididas si se quiere evitar que la pobreza y la desigualdad de origen no acaben también repercutiendo en los resultados escolares.
Así pues, la vulnerabilidad educativa es, en primer término, una consecuencia y un reflejo de la vulnerabilidad de las familias. El factor más determinante de la pobreza y la exclusión social es todavía hoy la clase social, es decir, la pertenencia a familias con poco capital económico, social y cultural, y con un estilo de vida que afecta de lleno sus expectativas y sus hábitos alimenticios, culturales y de ocio. Los datos nos dicen, de manera sostenida, que la población catalana en riesgo de pobreza está en torno al 20%, y que un 5% de esta vive en una privación material severa. Aplicado a la provincia de Girona, estaríamos hablando de más de ciento cincuenta mil personas y de más de treinta y ocho mil, en uno y otro caso, repartidas por todo el territorio. Si nos fijamos en la renta familiar disponible -los ingresos de que disponen las familias para el consumo o el ahorro-, sabemos también que en Girona hay varias ciudades que no llegan al índice 75 (cuando el de Cataluña es 100). Son, por este mismo orden, Lloret de Mar, Salt, Castelló d’Empúries, Roses y Palafrugell; serían las que, en términos medios, tendrían más familias en riesgo de pobreza.