A pesar de que la pobreza extrema, «un dólar por día», difiere entre los países latinoamericanos, resulta imprescindible que el producto por habitante aumente a una tasa anual de 2.9 por ciento durante los próximos 11 años para reducir a la mitad la magnitud de este fenómeno en la región y poder cumplir con los […]
A pesar de que la pobreza extrema, «un dólar por día», difiere entre los países latinoamericanos, resulta imprescindible que el producto por habitante aumente a una tasa anual de 2.9 por ciento durante los próximos 11 años para reducir a la mitad la magnitud de este fenómeno en la región y poder cumplir con los «Objetivos de Desarrollo del Milenio», advierte un estudio de evaluación difundido por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).
El estudio, que será presentado hoy al presidente Vicente Fox Quesada, señala que para el caso de México se requiere de un incremento de 3.1 por ciento en el producto per cápita durante 11 años consecutivos, lo que implica sostener una tasa de expansión económica de 4.6 por ciento en el mismo periodo para abatir a la mitad el número actual de habitantes en pobreza extrema, estimado por el organismo en 13.4 millones de personas.
Actualmente, precisó la Cepal, 18.6 por ciento de la población total de América Latina, alrededor de 96 millones de personas sobreviven a partir de las «líneas de indigencia» o de pobreza extrema basadas en el costo de satisfacer las necesidades básicas de consumo alimentario de la población de los países de la región. En tanto que el número de pobres (incluidos esos 96 millones) se estima en 222 millones de habitantes, quienes representan 42.9 por ciento del total.
Esto significa que uno de cada cinco habitantes de Latinoamérica sobrevive en condiciones de pobreza extrema, y 4 de cada 10 se encuentra en una situación de pobreza a secas. Pero aclara que más de la mitad de la población en extrema pobreza se concentra en tres países: Brasil, con 25 por ciento; México, con 14, y Colombia, con 12 por ciento.
De esas cifras, agrega, «se desprende que el mayor número de personas afectadas por este fenómeno se encuentra justamente en los países de mayor población, que son los que han alcanzado un nivel de ingreso por habitante cercano o superior al promedio regional».
Una vez más el estudio coordinado por la Cepal insiste en que «la cuestión del endeudamiento externo continúa siendo uno de los principales condicionantes para el desarrollo de la región», y ubica en 750 mil millones de dólares el monto actual de la deuda externa.
Apunta que «el elevado endeudamiento externo de América Latina y el Caribe es un factor estructrural preocupante que atenta contra la posibilidad de que la región ingrese en un sendero de desarrollo sostenible», y apunta que «la posible fluctuación del costo de la deuda se convierte, una vez más, en una fuente de vulnerabilidad para la región que eleva el riesgo de las inversiones e inhibe la atracción de recursos financieros».Y concluye: «la carga que los servicios de la deuda representan para las finanzas públicas afecta seriamente la capacidad de los Estados de llevar adelante políticas sociales».
Este estudio, que fue elaborado por once agencias de las Naciones Unidas y coordinado por la Cepal, señala que en el establecimiento de los llamados Objetivos del Milenio se dio una importancia menor a un elemento fundamental de la pobreza: el desempleo.
«La superación de la pobreza absoluta en la región no puede desconocer la necesidad de velar por la generación de empleo -en cantidad y calidad adecuadas-, toda vez que la mayor parte de los recursos de los hogares destinados a satisfacer las necesidades básicas de sus miembros proviene de los ingresos laborales», apunta el documento. Y precisa: «No obstante la centralidad del empleo, los Objetivos de Desarrollo del Milenio sólo insinúan su importancia por medio de la meta 16, que alude a la reducción del desempleo abierto entre los jóvenes».
Sobre este tema enfatiza que, «en la década de los noventa, siete de cada 10 nuevos puestos de trabajo generados en la región fueron informales, de baja productividad e ingresos. Por tal motivo, una elevada fracción de la fuerza de trabajo no cuenta con sistemas adecuados de protección social en materia de salud, seguro de desempleo y acceso a sistemas jubilatorios y de pensiones que aseguren niveles de bienestar justos para la población adulta mayor».